No me gusta escribir tan seguido, pero los chilenos mienten tanto que me obligan a hacerlo. Hoy leo en “El Mercurio” que uno de los casos considerados para un indulto humanitario es el del “general (r) Héctor Orozco, condenado a 10 años y un día de presidio en 2017 por dos homicidios calificados ocurridos en diciembre de 1973”.

Pero eso no es verdad. Eso es una mentira derivada de otra mentira. La verdad es que en diciembre de 1973 el general Orozco era comandante del regimiento “Yungay” de San Felipe, a donde habían sido llevados a declarar ante un consejo de guerra dos presos de extrema izquierda, de apellidos Achú y Wegener. Cuando una camioneta del regimiento los llevaba de vuelta a la cárcel, intentaron escapar y un conscripto de apellido Bañados, encargado de su custodia, les aplico la “ley de la fuga” y les disparó, dándoles muerte. Orozco no participó en nada.

Todo ello fue juzgado en 1973 y 1974 y los hechos no merecieron condena. Y aunque así no hubiera sido, tras casi 40 años quedaron cubiertos por la Ley de Amnistía de 1978. En ellos no le cupo ninguna participación al hoy general (r) Orozco, que lo único que hizo entonces fue salir de su regimiento a averiguar el origen de los disparos que oyó desde su oficina. 

De paso, muchas veces me he preguntado qué habría hecho yo si hubiera estado en el lugar del conscripto Bañados, con un fusil SIG y con la orden de vigilar a los presos, si éstos salían corriendo y escapaban. En todo caso, Bañados falleció antes de 2010, cuando se inició el proceso ilegal.

Entonces, 37 años después de los hechos, se confabularon en el país un clima político de antijuridicidad, una dictadura judicial de izquierda y un gobernante inescrupuloso, Sebastián Piñera, que traicionó a los militares, pues tras haberles pedido sus votos bajo promesa de hacer respetar la prescripción y de terminar con los procesos indebidos contra ellos, después de elegido hizo todo lo contrario y se convirtió en su peor cuchillo. Antes de su gobierno había 300 querellas y él interpuso mil. Y fue su subsecretario Rodrigo Ubilla quien interpuso en 2010 una por la muerte de Achú y Wegener. Ésta quedó en manos de un ministro sumariante de izquierda, Jaime Arancibia Pinto, de la Corte de Valparaíso, que sentenció a Orozco a 18 años de presidio por dos “homicidios calificados” en circunstancias que lo único que había hecho había sido salir a preguntar qué sucedió.

Y hoy todos los medios informativos, incluido “El Mercurio”, que fue el que leí yo, dicen que el general (r) Orozco “cometió dos homicidios calificados” en 1973.

Claro, el origen está en los jueces y ministros de izquierda, que condenaron a quienes ninguna participación tuvieron. Sus consecuencias posteriores derivan de que los medios informativos y la opinión general se hacen parte de la misma falsedad y ella queda así consagrada como “verdad oficial”.

Uno solo de los miembros de la Corte Suprema, que se sepa, alzó la voz públicamente contra ella. Se trató del ministro Patricio Valdés, hoy ya retirado, que en un voto disidente citado en la página 184 del libro de Adolfo Paúl, “Prevaricato”, declaró: “Que, por otra parte, es un hecho público y notorio, y ello llama la atención  de este disidente, que la mayoría de los procesos a los cuales se ha nombrado un ministro en visita, han sido resueltos en virtud de principios y doctrinas foráneas, apartándose e infringiendo normas constitucionales y legales que rigen la materia, como son los artículos 19 número 3, incisos 7° y 8° de la Constitución Política de la República, recordando que en Chile los asuntos por los cuales se persigue a la mayoría de los implicados en esos procesos fueron tipificados por la ley N° 20.357, publicada en el Diario Oficial de 18 de julio de 2009, es decir, mucho después de su eventual comisión”.

Yo a eso he añadido que los hechos tipificados y descriptivos de “delitos de lesa humanidad” eran cometidos por los grupos terroristas como el FPMR y el MIR, caracterizados por el Tratado de Roma, base de la ley 20.357, por ser “ataques generalizados contra la población civil”. Justamente los uniformados combatían a los perpetradores, es decir, los actuales procesados y condenados impedían o procuraban impedir la comisión de delitos de lesa humanidad, en lugar de cometerlos.

Pero, además, el problema se origina y reside en la “mentira judicial”, que hace las veces, oficialmente, de “verdad judicial”: pues la justicia dijo que Orozco mató a Achú y Wegener. Y eso no es verdad.

Por supuesto, desde el punto de vista de la opinión pública es muy distinto pedir un indulto para un general que salió a preguntar qué sucedió que pedirlo para un autor de dos homicidios calificados.

El  proceso seguido por Arancibia es francamente escandaloso y sus aspectos principales están detallados en el citado libro “Prevaricato” de Adolfo Paúl Latorre, basado en la sentencia.

No recuerdo otra época en Chile en que se haya mentido tanto cono en la actualidad. Y eso que nunca nos hemos caracterizado, como pueblo, por decir la verdad.

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