“El general director don Rodolfo Stange Oelckers fue el hombre clave para la creación de la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile” (Patricio Reyes Morales, presidente del Cuerpo de Generales de Carabineros, en carta a “El Mercurio” de hoy). Esa sería suficiente explicación para que el actual mando quisiera ponerle el nombre de Stange a dicha Academia. Habría sido lo propio de un país normal. Pero Chile no es un país normal, sino uno sometido a la tutela comunista. El comunismo se lanzó con todo contra Stange y entonces el alto mando de Carabineros retiró su propuesta, “ello con un claro espíritu destinado a profundizar el vínculo forjado con la ciudadanía”, según dijo. Los comunistas no llegan al 5 % de los votos, pero como insultan, agreden o matan, han pasado a ser “la ciudadanía”.

Yo, que “conozco el paño”, confieso que me asombré con la noticia de que la academia fuera a ser bautizada con el nombre del ex miembro de la Junta. Y hasta empecé a mirar con mejores ojos al actual titular del Cuerpo, Mario Rozas, por su acto de arrojo en un país en que los comunistas mandan.

Pues no había olvidado que ya antes un juez rojo, Milton Juica, hace muchos años, había intentado responsabilizar a Stange en el proceso por la muerte de los tres más altos jefes del brazo armado terrorista del comunismo, el FPMR, ultimados en un atentado como los que ellos fraguaban habitualmente, pero esta vez cometido por personal de la DICOMCAR de Carabineros, sin orden superior ni conocimiento del gobierno ni de la Junta. Ese personal procedió como lo hacen los norteamericanos con los terroristas iraníes o de Al Qaeda y los israelíes con los de Hezbollah o Al Fatah, dándolos de baja sin más.

Pero la Junta Militar deseaba, en los años 80, desterrar todo procedimiento apartado de la legalidad formal. Así, cuando la Heritage Foundation de EE. UU. mandó para acá a un grupo a examinar la situación de los DD. HH., bajo el gobierno de Pinochet, comprobó con sorpresa (pues estaba bajo la lluvia de desinformación mundial del KGB soviético, acogida por la prensa norteamericana) que el gobierno chileno había autorizado a la Cruz Roja Internacional para inspeccionar, sin necesidad de aviso u orden previos, cualquier recinto de detención y examinar médicamente a cualquier preso. Y entonces la Heritage concluyó que el gobierno del presidente Pinochet quería eliminar de cuajo los abusos (“stamping out abuses”). (Ver “Out of the Ashes”, James Whelan, p. 711).

Justamente Stange asumió en la Junta bajo ese predicamento, tras haber pedido ésta la renuncia a su antecesor, César Mendoza, por mera “responsabilidad de mando” de la DICOMCAR, y pese a no haber él dado orden alguna de eliminar a los altos jefes terroristas. Mucho menos puede haber tenido responsabilidad Stange, nombrado justamente para reemplazarlo.

Es que en el país la opinión pública la manejan los comunistas… aunque les pasan cosas divertidas. Y justamente porque ellos mandan, pronostico “aquí y ahora” que el Tribunal Constitucional va a absolver al principal agente y gestor de la dictadura roja ante los tribunales, el diputado comunista Hugo Gutiérrez, cuya destitución se le ha pedido. Pero no le va a suceder nada, pues la acusación de los parlamentarios de derecha en su contra se va a rechazar, pese a estar ultra fundada y a que sus causales han sido comprobadas en exceso.

Es que Piñera, preocupado de que al partido rojo no se lo toque ni siquiera con el pétalo de una rosa, nombró a María Luisa Brahm presidenta del TC justamente para anular cualquier ínfula de independencia de dicho Tribunal frente al Congreso y a la dictadura judicial. Así es que Hugo Gutiérrez puede respirar tranquilo.

Lo pintoresco –pero de ninguna consecuencia práctica– es que el mismo Hugo Gutiérrez, como operador judicial, cayó en una trampa que él urdió, porque logró torcer la verdad en el caso de la comitiva del  general Arellano para probar que estuvo el 4 de octubre de 1973 en Cauquenes, y así lograr inculparla de muertes ocurridas allá en esa fecha; pero recién la misma dictadura judicial acaba de condenar a esa comitiva por el fusilamiento del comandante Pepe y once esbirros suyos el mismo 4 de octubre de 1973 en Valdivia, tras un consejo de guerra (en el cual ella tampoco participó). ¿Cómo pudo la “verdad judicial” establecer que la comitiva estuviera en dos lugares tan distantes al mismo tiempo? Esto se les fue a Gutiérrez y sus socios, los jueces rojos. Pero no tienen nada que temer, pues mandan. 

Sorprendentemente la Escuela de Suboficiales de Carabineros se ha librado hasta ahora y se sigue llamando Fabriciano González Urzúa, carabinero asesinado el 11 de septiembre de 1973 por los guerrilleros que se habían tomado la industria Indumet, cuando aquel valiente policía intentó rescatar a un camarada caído bajo los disparos de la guerrilla. Pero en cualquier momento los comunistas pedirán también el cambio de nombre de la Escuela de Suboficiales y, con toda certeza, Piñera y el alto mando policial accederán “con el claro espíritu de profundizar el vínculo creado con la ciudadanía”.

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