CAPÍTULO V
LA DESVERGÜENZA DEL CAMALEÓN
           El tratadista e investigador histórico Víctor Farías escribió un libro titulado “La Muerte del Camaleón”, referido a la DC, y parece que va a resultar profético, a juzgar por la gente que ha renunciado al partido en el último tiempo y que ahora se agrupa en otras entidades, una de ellas “Progresismo con Progreso” y otra el “Partido Regionalista Independiente” (PRI), que a su turno se ha pasado al conglomerado de gobierno, ChileVamos.
Pero la DC no existe por casualidad ni por imposición forzada, sino porque interpreta muy bien un rasgo de la idiosincrasia chilena: el de buscar estar en política, siempre, “donde el sol más calienta”, aunque ello demande “cambiar de color” una y otra vez. Por eso la DC lucha, aunque no siempre lo logra, por ser “de centro” y así, si el sol calienta más a la izquierda, poder correrse para allá, y si calienta más a la derecha, poder correrse para acá.
Los fundadores de la DC en los años 30 del siglo pasado, Frei Montalva, Tomic, Leighton, Garretón, Palma Vicuña, sintieron que el sol calentaba más en la zona donde habitaban “los pilotos de Europa”, Hitler, Mussolini y Franco, como los llamó un sacerdote y ensayista, Eladio Vicuña, autor de un libro con ese título admirativo. Por eso se escindieron del viejo tronco conservador, donde creían que el sol ya calentaba menos, y adoptaron el nombre de “Falange Nacional”, tomado del partido fascista español. Era lo que parecía estar de moda en el mundo. Hitler y Mussolini hacían prosperar a sus países y obtenían crecientes respaldos electorales. Franco después triunfaba en la Revolución Española.
La revista Zig Zag publicó en esos años fotografías de los falangistas chilenos, de una de las cuales en particular recuerdo a Bernardo Leighton, vestido con camisa marrón y levantando el brazo en el típico saludo a lo Mussolini, Hitler y Franco. Pero terminó la Segunda Guerra y en aquella zona del espectro el sol ya no calentaba nada. En cambio, en las democracias europeas de posguerra, especialmente en Alemania e Italia, los partidos democratacristianos pasaron a ser protagonistas de la reconstrucción exitosa, mientras el fascismo caía en el mayor de los desprestigios. Así es que los falangistas de acá decidieron cambiar de nombre y de color y se aliaron con otro desprendimiento del viejo tronco, los conservadores social-cristianos de Horacio Walker Larraín, formando el Partido Demócrata Cristiano, a mediados de los años 50.
Ya la personalidad más destacada del falangismo era Eduardo Frei Montalva, al cual algunos analistas políticos describían como “un álamo dentro de un macetero”, porque tenía un relieve nacional desproporcionado en relación al tamaño de su partido. Éste, pequeño, siempre arrimándose donde el sol más calentaba, sacaba pocos votos, pero podía llegar a ser decisivo como “fiel de la balanza”. Probablemente lo había sido en 1938, cuando a última hora abandonó al candidato de derecha Gustavo Ross y se inclinó por el candidato del Frente Popular, el radical Pedro Aguirre Cerda. Ross perdió por magros cuatro mil votos, afectado además por la “matanza del Seguro Obrero” de septiembre de ese año. Así es que la deserción de la Falange pudo haber resultado decisiva.
Error histórico fundamental
            El segundo hombre de la Democracia Cristiana, después de Frei, era Radomiro Tomic, inclinado a la izquierda y que acuñó una frase tan repetida como equivocada: “Cuando se gana con la derecha, es la derecha la que gana”.
Ese predicamento ha sido el que ha liquidado a la DC chilena, porque cuando realmente ganó por primera vez fue gracias a la derecha y con la derecha (1964); y por segunda vez también (1973). Cuando perdió fue sin ella o contra ella (1970, 2009, 2017).
            En efecto, la primera vez que la DC realmente “ganó” antes de 1970 fue gracias a la derecha, en 1964. Ésta, en uno de sus frecuentes episodios de pánico –su rasgo más saliente es el miedo— apoyó sin condiciones a Frei en la elección presidencial de 1964, para evitar el triunfo del marxista Allende, a quien Jorge Alessandri había derrotado apenas en 1958 (tercero había quedado entonces Frei).
            El pánico derechista derivó de que en una elección complementaria de 1969 en Curicó ganó el candidato de la izquierda, el doctor Naranjo, representando a Allende; segundo resultó el de la derecha, Rodolfo Ramírez, representando a Julio Durán, candidato presidencial radical de derecha, apoyado por liberales y conservadores; y tercero el de la DC, “Vitrola” Fuenzalida, representando al candidato Frei.
            La derecha despavorida retiró su apoyo a Julio Durán, que era un candidato muy afín a ella y anticomunista. Pero Durán siguió en campaña, como candidato exclusivamente de los radicales, aunque ya sin posibilidades, mientras Frei, habiendo recibido el apoyo de la derecha en pánico, aseguraba que “no cambiaría ni una coma de su programa” izquierdista (“Revolución en Libertad”) para contar con el apoyo de liberales y conservadores. Era sabedor de que éstos tenían tanto miedo de que ganara Allende que lo apoyarían de todas maneras, aunque los ofendiera, lo que sucedió. Y así Frei aseguró financiamiento derechista y norteamericano, “campaña del terror” (que después de electo agradeció por escrito a quienes la hicieron: tengo fotocopia de su esquela) y fungió como “alternativa al comunismo”, lo que no fue, porque terminó entregándole el poder al “socialismo marxista integral” que se proponía Allende.
            Las personas con sentido común pensábamos sin fundamento, en 1964, que Frei inauguraba un largo período de gobiernos de centroderecha en Chile, como lo habían hecho los DC en Alemania e Italia, con economías de mercado y democracia representativa. Pero el camaleón juzgó que el sol calentaba más hacia la izquierda e hizo un gobierno de este tinte, impulsó una reforma agraria confiscatoria que liquidó a la agricultura privada, llevó a efecto la nacionalización pactada de la gran minería que, pactada y todo, ahuyentó la inversión extranjera; y, ofreció una “revolución sin sangre”, pero claramente de izquierda, inclinada al “socialismo comunitario”, que nadie, comenzando por la DC misma, sabía en qué consistía.
Desastre nacional
Frei creyó ganar así simpatías hacia la izquierda, pero ésta no lo tragaba, porque siempre ha querido, y quiere hasta hoy mismo, aunque procure disimularlo, la “revolución con sangre” (eso explica que Corvalán confesara hasta en sus últimos días y bajo la Concertación mantener guardadas armas “por si las moscas…”).
Cuando, bajo el gobierno de Frei Montalva (1964-1970), la agitación comunista provocó una “toma de terrenos” en Pampa Irigoin, Puerto Montt, y el único ministro del Interior con pantalones que tuvo, Edmundo Pérez Zujovic, llamó a la fuerza pública a desalojar a los usurpadores, hubo varios muertos y Fidel Castro, que “se había echado” a 17 mil en el paredón, se rió de Frei diciendo: “Les ofreció a los chilenos una revolución sin sangre y les ha dado sangre sin revolución”.
De paso, Frei Montalva casi hizo desaparecer a la derecha (lo que siempre ha sido malo para el país) a la voz de “un parlamento para Frei” en marzo de 1965, y liberales y conservadores casi se extinguieron en el Congreso, pues el electorado de derecha, con todo el sentido común de que carecían los DC, pensaba que se inauguraban varios decenios de gobiernos como los de Europa, de centroderecha, con economías de mercado y democracias ordenadas; y en cambio lo que se inauguró fue el prólogo de una revolución socialista-comunitaria que pavimentó el camino a Allende.
En efecto, los programas de Tomic y Allende en 1970 eran casi idénticos. Y. además pactaron entre ambos en secreto para bloquear a Alessandri.
            Así es que, en definitiva, “el camaleón” le dio sus votos al candidato marxista en la “segunda vuelta” en el Congreso Pleno de 1970, que contemplaba la Constitución de 1925 cuando ningún candidato obtenía mayoría absoluta, pues Allende había ganado a Alessandri por apenas 39 mil votos.
Es decir, la DC fue la gran responsable de instalar en el poder al marxismo-leninismo, que es lo mismo que decir “un gran desastre nacional”.
            El humor del semanario satírico-político “Topaze” había sido premonitorio: cuando Frei visitó la Francia de De Gaulle durante su gobierno, una caricatura de la revista presentaba al segundo palpando la tela del fino frac de gala con que iba Frei y diciéndole: “¡Qué frac-aso!” y Frei aparecía contestándole orgulloso: “Sí, y de-sastre nacional!”
“El Kerensky chileno”
            Y así, al votar la DC en el Congreso Pleno por Allende y no por Alessandri, pese a que éste había prometido que, de ser electo, renunciaría inmediatamente, suscitando una nueva elección en que Frei sería de nuevo triunfador y Presidente para 1970-1976 (así estaba pactado verbalmente), éste terminó entregando el poder al marxismo. Además, el candidato DC, Tomic, había terminado tercero en 1970, después de Allende y Alessandri. Y a tal fracaso electoral se añadió la vergüenza de haberse puesto en evidencia lo pactado en secreto con el candidato marxista para impedir el triunfo de Alessandri, que estaba primero en todas las encuestas y probablemente ganó en las urnas; pero como la derecha por primera vez logró sólo en 2017 tener un apoderado en cada mesa, entre los UP y los DC sin duda le robaron a Alessandri la elección de 1970.
Y eso que Frei había sido elegido como alternativa al marxismo.
El escritor brasileño Fabio Vidigal Xavier da Silveira había escrito a mediados de los 60 su famoso libro, “Frei, el Kerensky Chileno”, que desesperó tanto al presidente chileno que, en un gesto muy poco compatible con la libertad de expresión y de prensa, prohibió su venta en Chile, lo cual condujo a que masivas ediciones “piratas” se vendieran “como pan caliente” en las veredas de nuestras calles y no conozco a nadie de la generación mayor que no tenga en su casa un ejemplar. No muy leído, es de suponer, porque la derecha siguió probando hasta 2010 y 2017 no haber aprendido nada y continuó votando por un DC o similar.
          El hecho fue que entre 1964 y 1970 quedó de manifiesto el error histórico de Frei y la DC de inclinarse a la izquierda en lugar de a la derecha, pues si hubiera hecho esto último, nunca habríamos tenido un régimen marxista-leninista que arruinara al país.
         Claro, por otro lado, sin Allende no habría habido un Pinochet ni un milagro chileno ni una democracia protegida y estable. Vaya una cosa por la otra.    
 La DC se cuadra con el golpe
            Decía Juan de Dios Carmona, un DC que apoyó a los militares en 1973 junto con casi toda la DC, pero que, al revés de ésta, después no los traicionó y permaneció fiel al Gobierno Militar hasta su muerte: “los democratacristianos se libraron de los comunistas con la ayuda de los militares y después se libraron de los militares con la ayuda de los comunistas”.
           Siempre tiene que haber un colectivo que, en las encrucijadas nacionales, “se dé vuelta la chaqueta” e incline la balanza. Si no, no estaríamos en Chile.
Como vimos en el capítulo I, la DC apoyó a los militares el 11 de septiembre de 1973. Pero unos pocos, “13”, rechazaron el pronunciamiento desde el mismo 11. Uno de ellos había firmado el llamado al golpe que hizo la Cámara de Diputados el 22 de agosto de 1973 y después saltó ágilmente al lado opuesto y lo condenó el 11 de septiembre: Bernardo Leighton. Y en febrero de 1974 se fue voluntariamente del país.
Otro firmó el manifiesto, pero luego retiró su firma al día siguiente, José Piñera Carvallo; y otro no lo firmó el 11 pero después pidió que se incorporara su firma, Radomiro Tomic. Así siguieron siendo trece (González Camus, Ignacio: “Renán Fuentealba en la Génesis de la Concertación”, Catalonia, 2007, p. 172).
Pero, claro, en noviembre del ’73 el mismo Tomic fue a hablar con el general Leigh, miembro de la Junta, y a ofrecerle su apoyo para un “plan revolucionario” económico y social, si la Junta deseaba emprenderlo. Típico de él.
       Ese partido se encuentra ahora, 2019, viviendo una época difícil, pues ha visto reducido su contingente electoral y parlamentario, sin ninguna expectativa de ganar el gobierno, después de quedar en quinto lugar en la primera vuelta presidencial de 2017. Sólo juega el disminuido papel de bisagra entre izquierda y derecha. Negocia como puede y sin ninguna elegancia en esa condición de, con una pequeña fuerza, estar en pública (o privada) subasta y poder inclinar el fiel de la balanza.
            Como ya vimos, tras el 11 de septiembre de 1973 sus dos principales líderes, el ex presidente de la República Eduardo Frei Montalva, entonces presidente del Senado, y el senador y presidente del partido, Patricio Aylwin, apoyaron al recién instalado gobierno de la Junta y defendieron la acción de ésta ante la opinión pública del país y del mundo.
            Ahí están (capítulo I) las antes reproducidas defensas públicas nacionales e internacionales de ambos. Tanto que al enterarse de la pobre imagen externa del régimen militar chileno decidieron enviar a Europa a una delegación de sus más destacados militantes para convencer al Viejo Continente de las bondades del nuevo régimen chileno, pensando seguramente que, tras un período breve, éste iba a restablecer el orden y derrotar a la guerrilla de extrema izquierda, iba a llamar a elecciones generales y la DC iba a regresar a la cabeza del poder de nuevo.
            Pero, con el correr de los días y tras la gira europea de sus representantes, ellos mismos se fueron dando cuenta, primero, de que los militares no estaban pensando en ser sólo restauradores del orden, para después pasarles el poder a los DC; y, segundo, que la mala imagen internacional de la Junta no tenía remedio. Nadie parecía haberse dado cuenta de la eficacia en occidente de la campaña del KGB contra la Junta.
Por ejemplo, tras un primer editorial de “The Economist” muy favorable al nuevo régimen chileno, que más adelante se reproduce, la prestigiosa publicación de fama mundial fue literalmente lapidada por la izquierda internacional y nunca más volvió a atreverse a escribir a favor. “La demonización de Pinochet” a que aludía Paul Johnson, era una tarea prioritaria del comunismo mundial, que la transformó en un fenómeno real. La noticia de la condena por injurias por un tribunal italiano contra un funcionario que le había dicho “Pinochet” a otro dio la vuelta al mundo y fue testimonio de ello.
Sin un papel que jugar
            Lo que la delegación DC a Europa informó a su vuelta a Chile no fue que habían logrado convencer a los europeos de las bondades de la Junta, sino que ellos se habían convencido de que la mala imagen mundial de la Junta no tenía remedio y que el sol ya no calentaba en ese lado.
            Entonces el partido entró en una etapa de alejamiento del régimen. Al mismo tiempo, en Chile la actividad política estaba prohibida y sus líderes reducidos a la insignificancia pública, salvo que adhirieran al régimen y desempeñaran funciones en éste. O bien que se declararan en resistencia, rechazaran el receso político y adoptaran una actitud subversiva explícita, lo que podía representar, como en una media docena de casos ocurrió, la expulsión del país.
            Así, Aylwin pasó unos años de extremada frustración y renunció en los 70 a la presidencia del partido en medio de la mayor depresión política y anímica, habiendo bajado de peso, expresando su desilusión general con la política y llamando a alguien (que no encontraba) a tomar su lugar. Así lo dejó expresado en sus memorias, “El Reencuentro de los Demócratas”.
            Frei Montalva convivía mejor que él con el receso político, porque viajaba más, tenía la figuración internacional de que Aylwin carecía y la depresión anímica provocada por la lejanía del poder no lo afectaba tanto. Cuando no estaba de viaje, hacía vida normal en Santiago y se le veía frecuentemente jugando golf en el Prince of Wales Country Club. Recuérdese que, en carta a uno de sus yernos, dejaba constancia de la evidente popularidad de Pinochet, tras acudir al Estadio Nacional a un partido Chile-Perú donde el presidente de la Junta fue muy aplaudido.
            Esta etapa de languidecimiento partidista duró hasta los años 80, en que el régimen, elegido ya Pinochet plebiscitariamente y ejerciendo como Presidente de la República entre 1981 y 1989, empezó la única transición que ha habido en la política chilena del siglo XX, la regida por el articulado transitorio de la Constitución de 1980.
            Ese período, apenas inaugurado sufrió los difíciles momentos que deparó al país la “crisis de la deuda” de 1982. Además soportó la fundación del brazo armado comunista, FPMR, que gozaba del apoyo cubano, soviético y alemán oriental, especialmente; y bajo el clima insurreccional creado por las “protestas pacíficas” a que daba lugar la apertura política del régimen, sobre todo en el período iniciado en 1982 en que el ex senador Sergio Onofre Jarpa fue designado ministro del Interior e inició diálogos con los opositores democráticos y con las máximas autoridades de la Iglesia Católica. Ese período planteó enormes desafíos a Pinochet.
Sobre todo que otros factores políticos hacían aún más difícil gobernar: la afluencia hacia los opositores del financiamiento externo que llegaba desde Europa y el proveniente del “National Endowment for Democracy” norteamericano y sus millones de dólares. Todo ello hizo que la DC comenzara a revivir, Aylwin viera mejorar su salud psíquica y física y volviera a aparecer en los diarios haciendo críticas moderadas, por contraste con las extremadamente acerbas y duras de su camarada y ex senador Andrés Zaldívar (que le valieron a éste un período no muy breve de prohibición de reingreso al país). La moderación de Aylwin también contrastaba con las actuaciones y declaraciones muy hostiles al régimen de Gabriel Valdés, en las “protestas pacíficas” y en un muy publicitado “sit in” que discurrió y que consistió en sentarse, a sus 64 años, en medio de la calle para interrumpir el tráfico, lo que le significó ser mojado por un “guanaco” policial y ganar fotografías en la prensa nacional y extranjera.
            Pero este “revival” político de los 80 fue aprovechado mejor que nadie por Aylwin que, con no poca astucia, se fue apoderando de la DC, en medio de amargos y no siempre silenciosos reproches de Zaldívar, Gabriel Valdés y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Éste, tras el fallecimiento de su padre a raíz de una desafortunada intervención quirúrgica, en 1982, ganó el estatus de político de primera línea y con aspiraciones presidenciales, impulsado por el publicista Jaime Celedón. Hasta fue reconocido por el ministro del Interior en ese año, Sergio Onofre Jarpa, que en un momento dado comentó ante la prensa: “Este niño tiene dos grandes atributos: su nombre y su apellido”.
El momento estelar de Aylwin
            Todo lo que sucedió dentro de la DC en los 80 queda para otra historia de intrigas políticas y astucias, culminada con Patricio Aylwin como líder de toda la oposición, pero dejando muy molestos con él a los antes nombrados que tenían iguales ambiciones pero menos astucia. El hecho fue que Aylwin resultó electo presidente de la República y asumió el 11 de marzo de 1990.
            Esa noche se convocó al Estadio Nacional a un acto donde el nuevo mandatario, en presencia de visitantes del exterior, dirigiría la palabra por primera vez a la masa de sus partidarios.
            En ese acto masivo se produjo un momento estelar de la política chilena, a juicio de este autor. Fue fugaz pero decisivo y probablemente cambió el rumbo de la nueva administración y predeterminó en ese mismo instante que en Chile jamás hubiera reconciliación, como de hecho no la ha habido en 29 años. Porque el odio de la extrema izquierda se impuso esa misma noche y desataría a partir de ahí una persecución ilegal e injusta contra los militares y la imposibilidad de un equivalente al “ya es hermano el que ayer invasor”, de nuestra Canción Nacional.
Ese instante crucial se presentó cuando Aylwin, en el colmado Estadio Nacional, le habló al país del futuro de una democracia sin odios, de paz, de civilidad y de reconciliación entre todos. Y los fue mencionando a todos, hasta que dijo la frase más representativa de su aspiración: “reconciliación entre civiles y militares”. En este punto se generó una ensordecedora rechifla, que obviamente no provenía de la mayoría democrática ni de los no pocos derechistas que ya “se habían dado vuelta la chaqueta” y habían votado por él e improbablemente estaban en el estadio, creyéndolo un político moderado; y ni siquiera provenía de los izquierdistas renovados. Provenía de la abigarrada masa comunista, marxista-leninista dura que hasta 16 años y medio antes había querido tomarse el poder por las armas y no había podido; que durante esos mismos años había combatido usando guerrilleros formados en Cuba y métodos terroristas, en procura de derrocar al Gobierno Militar; la misma que en las entonces recientes elecciones de 1989 había formado el pacto PAIS en torno al Partido Comunista y sus compañeros de ruta que no habían tenido cabida en la Concertación, porque no pedían ni daban cuartel ni tregua en el uso de la violencia armada. Pero, separados y todo, estaban en el estadio y se lo “habían tomado”. No eran la mayoría, pero eran los más ruidosos, resueltos y agresivos.
Aylwin mostró coraje en ese instante, pero sólo en ese instante, y replicó a la rechifla comunista, reafirmando a voz en cuello: “¡Sí señores, civiles y militares, la reconciliación debe incluirlos a todos!” Y se ganó una ovación de la mayoría moderada, que por única y última vez acalló a la barra brava comunista.
Tal vez Aylwin tuvo la genuina intención de la reconciliación en ese momento, pero sólo hasta ahí no más le duró.
Después se dio cuenta de dónde podía provenir la más grave amenaza de violencia durante su administración y se entregó a los comunistas en estas materias de la mejor forma en que podía hacerlo: convirtiéndose en el verdugo de los militares. Porque en ese mismo instante de la rechifla comunista supo –y todos quienes conocíamos la historia del Chile contemporáneo, lo conocíamos a él, a su partido y al comunista supimos— que si tenía que elegir entre la reconciliación genuina o perpetuar el odio, dándoles en el gusto a los rojos, a los cuales, como todos, él también les tenía pánico, iba a preferir esto último.
Fue lo que hizo en su gobierno, así es que ese momento estelar sólo anticipó que el odio marxista permanecería vivo y vendrían décadas de procesos judiciales plagados de ilegalidades, arbitrariedades e inconstitucionalidades, abusos a expensas de la memoria, denigraciones y falsificaciones históricas que jamás permitirían ni permitirán enterrar el pasado.
       A partir de ese mismo instante Aylwin se convirtió en el perseguidor de los uniformados, en el gobernante que iba a formar una Comisión sesgada e inconstitucional para sentarlos en el banquillo de los acusados ante el país y el mundo “a la Nüremberg”; en el Presidente que iba a interceder inconstitucionalmente ante la Corte Suprema para que no se aplicara la Ley de Amnistía para poner término a los juicios ilegales contra los que habían combatido a la subversión y a los cuales él defendía en 1973, sino que sólo se la reconociera en la sentencia final (lo que los jueces de izquierda al final tampoco hicieron) para así mantenerlos desfilando por los pasillos de los tribunales, vejados por frentistas y miristas impunes. Se convirtió en el estadista que iba a dar dinero, mucho dinero (no suyo, por cierto, sino fiscal) al extremismo de izquierda para indemnizarlo por no haber podido tomar el poder por las armas ni instalar un régimen totalitario y tenerlo tranquilo.
           El epítome de la doble actitud de Aylwin quedó perpetuado en YouTube, donde basta digitar “buscar” y luego “Aylwin” para encontrar al personaje diciendo una cosa en 1973 y luego, en 1993, afirmando que jamás la había dicho y aseverando la contraria.
            Esa noche del momento estelar en el Estadio Nacional él se convirtió en el primero en el tiempo de un trío ya antes identificado en el capítulo I y que iba a encabezar la mayor ignominia nacional del siglo XXI, compuesto además de él por Sebastián Piñera, dos veces electo Presidente de la República en 2010 y 2017; y Juan Emilio Cheyre, comandante en jefe del Ejército entre 2002 y 2006.
Ganando otra vez con la derecha
            El resto es historia. Aylwin tuvo el mérito de correrse a la derecha en los años 80, y por eso ganó, en lugar de seguir la corriente revolucionaria de izquierda de los comunistas y socialistas. Aceptó la Constitución de 1980, el financiamiento político millonario norteamericano (“Endowment  for Democracy”) y europeo (los holandeses subsidiaban el diario DC, “La Época” y la revista DC “Hoy”). En realidad, la mayoría de las revistas políticas, Apsi, Cauce, Análisis, La Bicicleta, Punto Final, eran en los 80 críticas del gobierno. Así lograron los opositores triunfar en el plebiscito de 1988 y en la elección presidencial de 1989.
            Pero, en el fondo, el No ganó prometiendo que nada fundamental iba a cambiar, porque el país marchaba muy bien y crecía más del 10 % anual. La gente sabía que la violencia la provocaba el FPMR comunista y eso la inclinaba hacia el gobierno. Entonces la oposición tranquilizó así a una mayoría e incluso atrajo al “vientre blando” del Gobierno Militar, que eran los partidarios críticos de él que “compraban” la leyenda negra contra Pinochet y la Junta, propagada por el KGB desde el mismo 11 de septiembre de 1973. Y con eso lograron derrotar al Sí a Pinochet en 1988 y a la derecha en la elección presidencial de 1989.
Un típico temperamento DC, similar al de Aylwin, es el de Sebastián Piñera, que cuando en su gobierno de 2010 a 2014 necesitó que los comunistas dejaran de acosarlo, les dio en el gusto, multiplicó las querellas contra militares y cerró el penal “Cordillera”, más decente y más adecuado a presos políticos que eran militares de alta graduación y decididamente no eran delincuentes.
Y en 2017 la reelección de Piñera se explicó por los evidentes votos DC –éstos saben reconocer a uno de los suyos—, y no tuvo mayor rechazo comunista (éstos no funan a quien satisface sus odios y les da mucho dinero, como lo ha hecho Piñera). Eso, más el apoyo de la derecha, que se tragó a Piñera sin el menor asco, y el temor general a que las izquierda nos hiciera caer en una “Chilezuela”, le dieron un amplio triunfo a aquél en 2017. Pero la izquierda ganó en diputados, senadores y consejeros regionales. El electorado chileno es mayoritariamente de izquierda, pero se “da vuelta la chaqueta” si ve que ésta, desde el gobierno, puede hacer cosas como las que ha hecho Maduro en Venezuela o las que hizo Allende durante la UP.
En todo caso, tanto se comprometió la derecha en la elección presidencial de 2017 que logró poner un apoderado en cada mesa, cosa que no había conseguido nunca antes y por eso le habían robado la elección a Alessandri en 1970 y probablemente a Lavín en 1999-2000, sacándoles por lo bajo un voto en cada mesa (que fue la diferencia de Allende con Alessandri y de Lagos con Lavín).
Una frágil nieta mía me contó que había sido apoderada en La Pintana en 2017 y le había advertido al presidente de la mesa que no siguiera contabilizando para Guillier los votos de Piñera, de modo que el izquierdista tuvo que dejar de hacer trampa, porque había muchos testigos. Y tal vez a eso, repetido en todo el país, se deba buen parte de la ventaja conseguida por Piñera el 17/12/17.
En resumen, un candidato DC de centro-derecha que, obviamente, atraía votos DC; la colaboración de Maduro para revivir el recuerdo de la UP; el miedo de la derecha, capaz de generar un apoderado en cada mesa, y la mejor generalísima de campaña a que podía aspirar Piñera, Michelle Bachelet con sus reformas impopulares, explican el triunfo de aquél por casi diez puntos.
          Pero la DC, como partido, en 2019 parece a punto de desaparecer. Aunque no pueda desaparecer, por ser “demasiado chilena”.
La canallada peor y final
         Pero hoy, si bien el camaleón agoniza, se ha puesto más desvergonzado. Mucha de su mejor gente se ha marchado. A raíz de su pacto con el comunismo, parte de su electorado se ha ido a RN y la centroderecha. Pero, en medio de la angustia y de la falta de oxígeno próxima al desenlace final, ha discurrido in artículo mortis una canallada postrera e inédita contra el Gobierno Militar, posiblemente la peor de todas, porque no sólo está basada en una mentira, sino en dañar a su propia gente, en “emporcar su propio nido”: el juicio por la muerte de Frei Montalva.
Una síntesis adecuada de esta conjura deleznable la presenta el ex ministro y ex candidato presidencial José Piñera en su revista “Economía y Sociedad” N°99, abril-junio de 2019, en un artículo escrito por él, “El fallo Madrid: la Hoguera de los Inocentes”, del cual extraigo los siguientes párrafos:
            “El mismo Eduardo Frei Montalva decidió someterse, a los 70 años, a una operación que la Clínica que él prefería, INDISA, consideró de ‘alto riesgo’ y negó su permiso a que se operara allí (…) Tras una primera operación del doctor Augusto Larraín se complica su estado, se escoge al doctor Patricio Silva Garín para una nueva operación y, finalmente, muere en enero de 1982 en su pieza de la Clínica Santa María en Santiago. Su yerno (casado por 56 años con Isabel Frei) y amigo, el doctor Juan Pablo Beca, a quien pide consejo antes de operarse y que estuvo presente en las dos desesperadas operaciones que se le hicieron para intentar contener una infección generalizada, declaró ante el juez: ‘Tengo la absoluta convicción de que su muerte se debió a una complicación médica’.
            “Sorpresivamente, el 7 de diciembre de 2009 (a sólo una semana de la elección presidencial en la cual Frei Ruiz Tagle era candidato) el juez Alejandro Madrid emitió un procesamiento que acusaba al doctor Silva (ex subsecretario de Salud nombrado por el mismísimo expresidente) de ser el autor del asesinato de Eduardo Frei Montalva y a otros tres doctores de ser cómplices y encubridores. Y, en enero del 2019, a los 37 años de la muerte de Eduardo Frei Montalva, el juez Madrid emite su fallo de primera instancia condenándolos por ‘homicidio’ y al mismo tiempo descartando toda conspiración, premeditación y envenenamiento en la muerte de Eduardo Frei Montalva.
         “Tras leer y estudiar el inmenso fallo de 811 páginas del juez Madrid, he llegado al convencimiento de que se está cometiendo una gran injusticia. Por otra parte, sería grave para la economía y para el país si se comprobara que la presión política puede alterar los fallos judiciales, incluso al costo de condenar inocentes.
         “Desentrañando el fallo, se comprueba que una multitud de médicos, todos escogidos y de confianza de la familia Frei, participaron en la operación. Como cirujanos, los doctores Patricio Silva Garín (fs. 220 del fallo) y Eduardo Weinstein (fs. 160 del fallo). Como observadores en el quirófano, los médicos Juan Pablo Beca (fs. 18.041 del proceso), Ramón Valdivieso (fs. 18.041 del proceso), Alejandro Goic (fs. 160 del fallo) y Sergio Valdés (fs. 28 del fallo). Como asesores, los médicos Patricio Rojas Saavedra (fs. 18.041 del proceso), Juan Luis González (fs. 18.041 del proceso) y Rodrigo Hurtado. (…) Ninguno denunció en 1982 el más mínimo indicio de un crimen. Como acusó el ex juez de la Corte Suprema, Patricio Valdés, en una entrevista: ‘¿En qué parte del fallo está el concierto, la reunión, el plan de estos médicos para en esa segunda intervención atentar contra el ex presidente? Entonces lo que el juez Madrid nos dice es que en el momento que lo estaban operando se les ocurrió matarlo’ (“La Tercera”, 10.02.19).
            “Es todo tan absurdo que Ascanio Cavallo, entonces decano de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, escribió tras el procesamiento de 2009 una columna titulada ‘Una bomba que estalla en la DC’, en la que revela su escepticismo de que haya existido un crimen y alerta que, de seguir la extraña lógica del fallo, la conspiración para asesinar a Eduardo Frei Montalva habría ocurrido dentro de la Democracia Cristiana. (…)
            “El terrible Affaire Dreyfus avergonzó a Francia a fines del siglo 19 hasta que su Corte Suprema tuvo el coraje de corregir una gran injusticia y declarar inocente al prisionero de la Isla del Diablo. Si los jueces de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema de Chile revierten el fallo tan claramente injusto del juez Madrid, salvarán el honor del Poder Judicial y les devolverán la vida y la dignidad a seis chilenos, cuatro de ellos médicos, que por diez años han sido atormentados en una verdadera hoguera de los Inocentes”. (Fdo: José Piñera).
            En los anales de la judicatura chilena sólo los fallos contra militares, y en particular los instruidos por el ministro Alejandro Solís, se habían apartado tanto como éste de Madrid de las evidencias del proceso y han sido tan objetados por todas las instancias objetivas que se han preocupado de analizarlos.
            En el diario digital “El Líbero” del 10 de mayo de 2019 el periodista Ascanio Cavallo, siendo próximo a la DC, así y todo declaró: “El juez se tomó 16 años para dictar un fallo que no tiene pruebas” …  “la acusación se basa en cosas laterales como haber sido médico militar (el doctor Patricio Silva) …”no se pudo acreditar con certeza que hubiese una autoridad superior tras el crimen” … “Creo que son acusaciones fundadas en meras suposiciones” … ”No se ha demostrado que exista un crimen ni se ha demostrado lo más importante en un crimen, que es el arma, cómo se cometió y quién lo cometió” … “Y de lo que se le acusa son de cosas laterales como haber sido médico militar, haber sido encargado del hospital del Estadio Nacional, de algunas clínicas del Ejército. O sea, la acusación consiste en haber pertenecido al Ejército y a mí eso me parece que es muy ineficiente”.
            Y lo peor es que los próximos a la DC, como Cavallo, que han tenido la decencia de denunciar públicamente esa condena arbitraria e injusta, no la han tenido suficiente para decir otra gran verdad: que TODOS los fallos recientes de la justicia contra militares son igualmente infundados, precarios e injustos como lo es el del caso Frei.
Más que otra vergüenza nacional, la campaña política actual de la DC, basada en este fallo, es escandalosa y constituye una gran desvergüenza partidista-judicial que quedará entre las páginas más negras de la historia de la judicatura chilena y de la política chilena.
                                                  CAPÍTULO VI
LA DICTADURA DE LOS JUECES DE IZQUIERDA
            Como antes se reiteró, la extrema izquierda perdió la guerra contra la democracia burguesa que declaró en los 60 y 70, pero ganó la posguerra después de los 90. Uno de los campos de batalla donde obtuvo los resultados más favorables fue el judicial.
            Tocqueville escribió que la dictadura de los jueces es la peor de todas, porque es la única que no tiene remedio. No hay nadie que juzgue a los jueces, salvo ellos mismos. Y los de acá, si lo hacen, se perdonan. ¿Ha visto usted prosperar alguna querella por prevaricación?
Ante el pánico habitual de la derecha y el conocido hábito DC de situarse donde el sol más calienta, el único sector audaz y sin miedo de la política, la izquierda marxista, ya que no pudo hacerse para sí sola del Poder Ejecutivo ni del Legislativo, decidió tomarse el Judicial. Y lo consiguió.
Una vez logrado eso, se ha dedicado a vengarse de los militares y a perpetrar “el robo perfecto” de miles de millones de dólares del erario. Mediante legiones de testigos falsos y de magistrados alineados con el marxismo, a través de sentencias judiciales desvergonzadamente ilegales, ha llegado a autoasignarse mucha, mucha plata de indemnizaciones judiciales, que el 1° de abril de 2019, en “La Tercera”, la subsecretaria de Justicia y DD. HH., Lorena Recabarren, ha estimado en 6.200 millones de dólares en el pasado y para cuyo mismo fin, ha dicho, están reservados otros dos mil millones de dólares durante los próximos cinco años. Cuatrocientos millones de dólares anuales.
Es decir, en Chile el marxismo vive un equilibrio próspero, pues controla todo un poder del Estado. Pese a tener poco voto popular. Su gente recibe mucho dinero del fisco y espera más, gracias a que se sumarán las indemnizaciones a casi 30 mil supuestos “torturados” (todos los que fueron alguna vez interrogados por su proximidad al terrorismo marxista durante el Gobierno Militar, hoy pensionados de la Comisión Valech I y II, pero que están recién iniciando juicios, de los que esperan la “torta grande”).
Así es que el partido rojo puede disfrutar todavía de muchos años de muy rentable odiosidad a los militares, la cual le resulta, además, políticamente favorable, pues la gente sólo repite lo que lee, ve o escucha de los medios y éstos los domina la izquierda.
Una prevaricación lucrativa
La prevaricación es el delito que cometen los jueces cuando dictan sentencias contrarias a leyes expresas y vigentes.
         Así como en la profesión militar se dice humorísticamente que lo que mejor se enseña a quienes la siguen en las respectivas escuelas, es “a sacarse el pillo”, en el estudio de las leyes y la abogacía lo que mejor se aprende es a “encontrarle la quinta pata al gato”. Esto quiere decir encontrar la forma de “torcerle la nariz” a la ley.
            La izquierda en Chile (y probablemente en todo el mundo) siempre ha encontrado, haciendo lo anterior, la manera de extraer plata del Estado. Como los izquierdistas no son buenos para producir cosas que la gente necesita y, por lo tanto, tienen dificultades para ganarse la vida, se dedican a la política y a vivir del Estado, consiguiendo la plata de los demás a través de “pegas” fiscales que den poco trabajo o ninguno y buenos sueldos.
        Además, un rasgo propio del izquierdismo es el odio, y en Chile éste se ha concentrado en los militares que, en 1973, por encargo expreso de los políticos de centroizquierda y de derecha, sacaron a Allende del poder. Como, mientras estaba vigente Pinochet, no se atrevían a atropellar la Constitución y las leyes y todavía no habían nombrado suficientes “jueces rojos” en la Corte Suprema (Pinochet, además, había advertido que “si tocan a uno solo de mis hombres se acaba el estado de derecho”), tuvieron que esperar a que él dejara la comandancia en jefe para vengarse de los militares condenándolos ilegalmente y sustraerle dinero al fisco como indemnización por haberles éstos impedido tomar el poder por las armas.
Cuando regían las leyes
          El marxismo esperó pacientemente hasta tener mayoría en el Poder Judicial. Durante esa espera ¡se aplicaban las leyes en los juicios! Hoy nos parece increíble, pero fue lo que prevaleció hasta que el socialismo internacional secuestró ilegalmente a Pinochet en Londres, en 1998.
Acá los jueces no se habían atrevido, siendo Pinochet comandante en jefe, y como antes dijimos, a meter ilegalmente presos a militares. Pero después de que aquel secuestro internacional (ilegal, por cierto) se perpetró, hubo en Chile un magistrado que, también atropellando todas las leyes, sometió a proceso a Pinochet y lo desaforó del Senado. Se llamaba Juan Guzmán Tapia, y hasta había sido partidario de Pinochet, pero seguramente vio la posibilidad de ganar fama mundial y, en consecuencia, hizo todo lo que le pedía el diputado y abogado querellante comunista Hugo Gutiérrez, precisamente el primero en anunciar al país y al mundo el desafuero de Pinochet dispuesto por su títere Guzmán Tapia.
            Lo más increíble fue que la marea de consignas de la izquierda había creado tal clima de opinión en la Corte Suprema que hubo ministros ¡designados en el cargo con votos de derecha por el Senado! que no pudieron abstraerse de la presión mediática y “le buscaron y encontraron la quinta pata al gato” para dictaminar el desafuero de Pinochet como “encubridor” de los crímenes de miembros de la comitiva de Arellano. Este cargo no tenía ninguna base real ni legal objetiva, como lo probé en mi libro “La Verdad del Juicio a Pinochet”, al cual hasta el historiador Gonzalo Vial, que no le tenía simpatía al ex presidente, le encontró la razón cuando escribió en su libro “Pinochet, la Biografía”, p. 693: “Hermógenes Pérez de Arce publicó un lúcido y provocador análisis jurídico de las irregularidades legales y procesales cometidas (afirmaba) por el ministro Guzmán en el juicio Pinochet. Nadie recogió el guante. No era el derecho el tema fundamental que se disputaba”.
            Yo, en efecto, estudié el proceso y escribí ese libro porque fue el primer caso de prevaricación abierta e impune contra un militar. Estableció un precedente. Es que todavía en 1999 la mayoría de izquierda no se apoderaba completamente de la Sala Penal de la Corte Suprema, lo que le tomó años hacer.
La Corte Suprema reafirma la legalidad
            Incluso después, el 6 de agosto de 2005, todavía regían las leyes penales para la mayoría de la Corte Suprema y “El Mercurio” informó que ella había aplicado la prescripción en favor de militares y desestimado aplicar tratados internacionales en materia de DD. HH. Eran otros tiempos. Todavía imperaba el derecho, Los jueces respetaban la ley.
            La causa se seguía por la muerte de dos personas en 1973, acusadas de disparar contra el comandante y personal del regimiento de Angol. El comandante había sido condenado por esas muertes en forma unánime por la Corte de Temuco, donde ya imperaba una mayoría de izquierda, pero la segunda sala de la Corte Suprema lo absolvió a él y al personal. El voto de mayoría, del ministro Nibaldo Segura y los abogados integrantes Luz María Jordán y José Fernández, sostuvo que no era posible aplicar la Convención de Ginebra sobre crímenes de guerra, para desechar la amnistía y la prescripción, debido a que no existían pruebas de que en Chile en 1973 hubiera un estado de guerra, así como tampoco era posible aplicar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, porque no estaba vigente en 1973. Además, no se consideró la Convención sobre Imprescriptibilidad de la ONU por no haber sido suscrita por Chile.
            El voto de minoría de los ministros Enrique Cury y Jaime Rodríguez Espoz sostenía que sí había habido estado de guerra y se aplicaba la Convención de Ginebra. Pero los de la mayoría dictaminaron que “no se ha acreditado ni tenido por establecido en autos que a la fecha señalada (1973) existía en Chile una oposición entre dos fuerzas armadas” y “tampoco se ha acreditado en autos que existía en Chile la rebelión militarizada capaz de provocar el estado de guerra interno”.
Y “El Mercurio” también respalda la legalidad
            Esa jurisprudencia se imponía hasta 2007. Por ejemplo, el 14 de noviembre de 2007 “El Mercurio” todavía editorializaba así:
            “Ayer se conoció una importante sentencia de la segunda sala de la Corte Suprema que, en votación dividida, decidió de oficio aplicar la prescripción en una causa sobre DD. HH. Este fallo, que vuelve a la jurisprudencia que tradicionalmente había seguido nuestro máximo tribunal, fue dictado por los ministros Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros y el abogado integrante José Fernández Richards –que actuaba en reemplazo del ministro Alberto Chaigneau–. En contra votaron los ministros Jaime Rodríguez y Hugo Dolmestch, quienes consideraron que en este caso eran aplicables los Convenios de Ginebra para declarar la imprescriptibilidad de los delitos investigados.
            “El voto de mayoría tuvo por acreditados tres homicidios calificados ocurridos la noche del 15 de septiembre de 1973, en el sector de Loncomilla, región del Maule. Los ministros consideraron que existen, al menos, 16 antecedentes en el proceso que comprueban que las víctimas fueron asesinadas en la fecha indicada, por lo que no sería posible aplicar la controvertida figura del secuestro permanente. A su juicio, habiéndose acreditado las muertes, sólo cabe aplicar la prescripción en este caso, pues se trata de una institución que ha sido reconocida regularmente y cuyo desconocimiento, en este tiempo, crearía una condición de desigualdad que no es posible ignorar.
“En el voto de mayoría los ministros dan argumentos sobre la conveniencia de aplicarla. Así, en un considerando se consigna: ‘Que el transcurso del tiempo (…) la posibilidad del error judicial debido a las dificultades de conocimiento y rendición de pruebas tanto para los supuestos responsables como de los interesados en el castigo de éstos, así como la necesidad social de que alguna vez lleguen a estabilizarse las situaciones de responsabilidad penal que corresponda y que no permanezca en el tiempo un estado de incertidumbre (…) han hecho posible en nuestro Derecho Penal la subsistencia de la prescripción como causa de extinción de la responsabilidad criminal’.
            “Además, quienes suscriben el voto de mayoría, tras un exhaustivo análisis de los tratados internacionales suscritos por Chile, llegan a la conclusión de que ellos no impiden la prescripción en este caso. Así, en el núcleo de su argumentación, descartan que en ese período se haya dado la hipótesis de un conflicto armado no internacional, en el sentido que lo contemplan los Convenios de Ginebra. Es más, si se admitiera la tesis contraria –de que sí hubo guerra interna en el país–, los ministros sostienen que eso tampoco impediría aplicar la prescripción, pues ‘lo previsto en los artículos 147 y 148 del Convenio IV, invocados por los sentenciadores (…), no contiene prohibición alguna al respecto’. Por otra parte, sobre la base de los principios de legalidad, también descartan la aplicación de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad invocada en la sentencia que se revoca, ya que ‘la referida Convención no ha sido suscrita ni aprobada por Chile hasta la fecha. En consecuencia, no era aplicable ni a la fecha de comisión de los ilícitos ni en la actualidad’.
        “Los argumentos contenidos en el voto de mayoría no constituyen un mero formalismo, sino que dan expresión real a las garantías básicas de todo régimen democrático –principios de igualdad ante la ley, de legalidad y no retroactividad de la ley penal, entre otros–, que regulan la facultad del Estado de imponer sanciones penales e impiden arbitrariedades.
            “Cabe ahora esperar que nuestro máximo tribunal unifique criterios en esta materia, pues la aplicación o no de una sanción penal no puede quedar entregada a la contingencia azarosa de quiénes integren una determinada sala de un tribunal en un momento u otro”.
La izquierda judicial se hace mayoría
            Ilusa aspiración del decano de la prensa chilena: apenas “la contingencia azarosa” operó y hubo mayoría de izquierda en la sala penal de la Corte Suprema, la jurisprudencia cambió (hasta hoy), pasó a haber habido guerra interna (pese a que nunca una resolución de la Junta declaró ese estado de excepción) y se dejó de aplicar la prescripción. De modo que, según el mismo decano, se habría dejado de “dar expresión a las garantías básicas de todo régimen democrático, principios de igualdad ante la ley, de legalidad y de no retroactividad de la ley penal, entre otros”. Pero cuando eso sucedió y se impuso el estado de antijuridicidad, que impera hasta hoy, el propio decano “miró para otro lado” y no opinó nada. Y sigue sin hacerlo hasta hoy.
            Pues no habían transcurrido tres meses desde el fallo comentado en el acápite anterior, cuando la integración de la sala penal de la Corte Suprema cambió en favor de la izquierda y ya la jurisprudencia varió en 180 grados: el comandante (r) Hernán Ovalle Hidalgo, según informó “El Mercurio” de 2 de febrero de 2008, fue condenado a doce años de presidio por haber leído en voz alta una nómina de personas en 1973 en la fábrica Sumar, donde, como subteniente, había sido destinado a resguardar el orden.
Un día determinado se le encargó leer una lista de trabajadores que serían trasladados, cosa que procedió a hacer.
Casi treinta y tres años después el ministro sumariante de izquierda, Jorge Zepeda, le impuso una condena de cinco años de libertad vigilada como cómplice de los homicidios de los trabajadores Ofelia Villarroel, Adrián Sepúlveda y el boliviano Donato Quispe, que estaban en esa lista y habían sido ejecutados después de su traslado.
Después la tercera sala de la Corte de Apelaciones ¡elevó a doce años la pena de Ovalle por haber   la nómina! Entonces Ovalle recurrió a la Corte Suprema, que le mantuvo dicha pena, porque ahora en la sala penal sólo estaba el ministro Nibaldo Segura para hacer ver que leer una nómina no está tipificado como delito en nuestra legislación y, si lo estuviera, de ninguna manera sería penado con doce años de presidio mayor; y se habría aplicado, en todo caso, la prescripción.
No había cambiado la ley ni se había acreditado ningún delito a Ovalle, pero sí había cambiado la composición política de la sala, que ahora era mayoritariamente de izquierda. El voto de minoría no fue suficiente y Ovalle pasó a sufrir la condena más alta entre todos los presos políticos militares que había en 2006, salvo el general Manuel Contreras, que ya estaba condenado a más de doce años.
El decano de la prensa chilena no comentó el llamativo cambio de la jurisprudencia, pese a que, sin duda, “era noticia”, pues, según el mismo decano había opinado el 14 de noviembre de 2007, p. A-3, se había dejado en Chile de “dar expresión a las garantías básicas de todo régimen democrático, principios de igualdad ante la ley, de legalidad y de no retroactividad de la ley penal, entre otros”.
Juristas de nota daban voces de alarma. El ex ministro y decano universitario de derecho, Miguel Alex Schweitzer, escribía en “La Segunda” del 16 de marzo de 2005, después de haber enumerado los principios básicos del derecho como el de legalidad, el de no retroactividad de la ley penal, la presunción de inocencia: “Pues bien todos, y repito todos esos principios básicos del derecho han sido abandonados en algunos casos que actualmente se tramitan en nuestros tribunales””.
El jurista Gonzalo Vial Correa, hoy fallecido, escribía en el mismo diario del 2 de febrero de 2006, que existía “una denegación de justicia a un grupo de chilenos por no darles debido proceso, cuya responsabilidad corresponde a la Corte Suprema”.
Esas voces ya no se alzan. ¿Qué ha sucedido? Prevaleció la consigna.
Sentencias prevaricatorias aberrantes
El libro “Prevaricato”, de Adolfo Paúl Latorre (Editorial El Roble, 2017) comenta las más llamativas sentencias contrarias a la legalidad y dice: “La generalidad de las sentencias que condenan a los militares son inconstitucionales, arbitrarias e ilegales. Hay algunas que son un prodigio de iniquidad, pesarán para siempre en las conciencias de los jueces que las dictaron y tienen el aspecto de una monstruosidad, pues superan toda legalidad, toda verdad, toda decencia, toda justicia y todo buen sentido. Por ejemplo, aquellas en las que se afirma que una persona está actualmente secuestrada desde el año 1973, incluso por secuestradores que están en la cárcel cumpliendo penas privativas de libertad; o que condenan a un militar que ni siquiera estaba en el lugar de los hechos o a otro por ‘responsabilidad de mando’, sólo por haber sido la autoridad superior de los imputados y que no tuvo participación alguna en el delito” (caso del general Odlanier Mena, que se quitó la vida cuando Sebastián Piñera ordenó el cambio de presidio en 2013 a otro en que el alto oficial no iba a poder acudir al tratamiento de su enfermedad terminal, es decir, el traslado implicaba su condena a muerte).
El delito de “estar ahí”
El mismo libro de Adolfo Paúl cita el siguiente diálogo de la ex ministra de la Corte de Apelaciones, Raquel Camposano, a quien todo el mundo sabe que se le denegó el ascenso a la Corte Suprema por ser crítica de la no aplicación de las leyes:
La periodista le dice a doña Raquel:
“Usted considera que una parte de la justicia está equivocada.
“Mire, responde ella, lo que pasa es que actualmente, para mi manera de ver, la justicia que se aplica a los militares de tiempo de Pinochet es injusta.
“¿Por qué?”, le pregunta la periodista.
Doña Raquel responde: “Porque no les aplican las leyes que deben aplicarse. Yo estuve en la defensa de uno de ellos, después de leer todos los antecedentes y convencerme de que no había tenido participación. Son varias las cosas que se le imputan. Bueno, en una dictan sentencia. Yo leo el fallo, lo requeteleo y no hay una sola prueba, porque a él lo condenan por haber dado la orden de matar a alguien. No hay una sola prueba de que dio la orden. Y lo acreditan porque fulano dice ‘ah, sí, yo supe que estuvo aquí’. Ninguno lo vio; supo, le contaron. Nadie dice que él dio la orden, nadie lo oyó dar la orden. Pero lo condenan”.
“Más adelante, en relación con los delitos de lesa humanidad, doña Raquel señala que la ley que los establece en Chile comenzó a regir en 2009 y dice que no se podrá aplicar con efecto retroactivo, que es la base del derecho penal, ‘porque mal pueden a usted castigarla por una cosa que no era delito cuando usted la cometió. Aquí nada de eso rige para ellos. Nada. Entonces yo le digo, he quedado abismada”.
            Los jueces de izquierda condenan a los militares por delitos que no están descritos en la ley, como el de “estar ahí”, que refiere Adolfo Paúl en su referido libro “Prevaricato” (p. 20), pero… escribe Adolfo Paúl:
         “Algo peor acaba de ocurrirle a mi amigo coronel de Ejército Carlos Massouh Mehech, uno de los pocos militares acusados que ha sido absuelto tanto en primera como en segunda instancia, pero que, sin embargo, en una reciente sentencia de la Corte Suprema, de fecha 3 de julio de 2017, fue condenado a cinco años y un día de presidio.
         “Esta sentencia fue acordada con el voto en contra del ministro Lamberto Cisternas Rocha, quien fue del parecer de (…) que el encartado Carlos Massouh Mehech, si bien se encontraba presente al momento en que el capitán Mena Sepúlveda ejecutó a los detenidos, no se logró demostrar de manera indubitada el reproche penal atribuido a la conducta desplegada por el acusado.
            “En efecto, los únicos elementos de cargo con los que se cuenta son la declaración del propio sentenciado y lo señalado por dos testigos, probanzas que tienen como única virtud situarlo en el sitio del suceso, sin que ello sea suficiente para tener por acreditada su participación directa en la ejecución de las víctimas, por lo que, tal como se concluye en la sentencia recurrida, dichos elementos resultan insuficientes para formar la convicción necesaria para condenar”.
            Fue condenado por “estar ahí”.
Y otro delito más nuevo: el de “no estar ahí”
Todo resultó peor todavía cuando la sala penal de la Corte Suprema estuvo integrada por una mayoría de izquierda y un abogado integrante DC y redactor de un fallo particularmente odioso, en el cual dicho redactor se permitió emitir juicios políticos increíbles y además, tratándose de un juez, ilegales.
Fue el proceso por la muerte en 1973 del mirista, entrenado en Cuba, Rudy Cárcamo, en el cuartel Ancla 2 de Talcahuano, proceso que afectó a tres marinos, un detective y un carabinero retirados, por un hecho largamente prescrito y, además, amnistiado.
Los cinco habían sido ya condenados ilegalmente en primera y segunda instancia a 541 días de presidio, pero beneficiados con la remisión condicional de la pena. Ambas partes, querellante y querellada, se habían conformado con la sentencia, pero la Oficina de DD. HH. del Ministerio del Interior de Sebastián Piñera recurrió de casación ante la Corte Suprema, a fin de que les fuese agravada la pena a los condenados.
Perseguidor de militares
Por acciones como ésa Piñera es considerado el peor perseguidor de los militares. Es digno de anotarse en este punto que él, como candidato que buscaba los votos de la “familia militar” les prometió, en plena campaña electoral, velar por el acortamiento de sus juicios y porque se respetara la prescripción de los delitos. El 8 de noviembre de 2009, en el Club Militar, les había dicho:
“En nuestro gobierno vamos a velar para que la justicia se aplique  a todos los ciudadanos de nuestro país, incluyendo por supuesto a las personas que están en servicio activo o en retiro de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden (aplausos), sin arbitrariedades, en forma oportuna y sin mantener procesos eternos que nunca terminan, respetando garantías fundamentales como es el debido proceso, como es la presunción de inocencia y como es también la imparcialidad del tribunal que debe juzgar los casos, y también la aplicación correcta de acuerdo a nuestra legislación y de los tratados internacionales del principio de prescripción de los delitos” (gran aplauso).
Pero ya conseguidos los votos de la familia militar, y siendo que con la sentencia del juez de primera instancia y de la Corte de Apelaciones se habían conformado querellantes y querellados, el gobierno de Piñera interpuso un artificioso recurso de casación y, aliado con la mayoría de izquierda de la sala penal de la Corte Suprema, aumentó la pena de los cinco condenados, de 541 días remitidos a cinco años y un día efectivos de presidio.
Los militares no habrían podido imaginarse nunca que el gobierno iba a esforzarse para que no se aplicara la prescripción y se les aumentara la pena a sus camaradas, en términos de que no pudieran cumplirla en libertad. Eso ya era ensañamiento.
Retórica política de un fallo
La sentencia, más encima, acogió el recurso de casación del gobierno emitiendo encendidas proclamas políticas, como la del considerando trigésimo primero, que decía:
“Que, atendida la naturaleza del hecho pesquisado y con arreglo a los antecedentes reunidos durante la indagación, es procedente inferir que se está en presencia de lo que la conciencia jurídica universal ha dado en denominar delito contra la humanidad.
“Efectivamente, el ilícito fue perpetrado en un contexto de violaciones a los derechos humanos graves, masivas y sistemáticas, verificadas por agentes del Estado constituyendo la víctima un instrumento dentro de una política a escala general de exclusión, hostigamiento, persecución y exterminio de un grupo de numerosos compatriotas, integrado por políticos, trabajadores, estudiantes, profesionales, adolescentes, menores y todo aquel que, en la fecha inmediata y posterior al once de septiembre de mil novecientos setenta y tres, fue sindicado de pertenecer ideológicamente al régimen depuesto o que, por cualquiera circunstancia, fuera considerado sospechoso de oponerse o entorpecer la realización de la construcción social y política proyectada por los sublevados, garantizando la impunidad a los ejecutores de dicho programa mediante la no interferencia en sus métodos, tanto con el ocultamiento de la realidad ante las peticiones de los tribunales ordinarios de justicia, como por la utilización del poder estatal para persuadir a la opinión pública local y extranjera que las denuncias formuladas al efecto eran falsas y respondían a una campaña orquestada encaminada a desprestigiar al gobierno autoritario”.
¿Retórica marxista? No, la de un abogado integrante próximo a la DC. Y su arenga parecía, además, desproporcionada al apresamiento, interrogatorio y muerte de un miembro del MIR con entrenamiento en Cuba, como lo era Rudy Cárcamo, enviado a formar parte de la resistencia armada contra el gobierno chileno.
En seguida el fallo confundió el “estado de sitio que debía entenderse como estado de guerra para los efectos de la aplicación de la penalidad de ese tiempo” con el “estado de guerra”, que nunca se declaró en Chile bajo el Gobierno Militar. Todo ello para desconocer la prescripción.
Censura informativa en el Colegio de Abogados
            La politizada sentencia referida me movió a escribir un artículo para la “Revista del Abogado”, comentándola, como habitualmente hacen otros abogados en su caso. Pero el comité editorial de la revista no quiso acoger mi colaboración, pese a que la mayoría de los miembros electos de la directiva gremial pertenecían a la derecha o centroderecha y habían apoyado al Gobierno Militar. Yo había votado por ellos para elegirlos consejeros. Es que, vimos, así es la derecha chilena.
     Yo aproveché, entonces, de publicar el mismo artículo rechazado en mi “blogdehermogenes.blogspot.com” del 27 de marzo de 2015, el cual ha merecido hasta la fecha dos mil lecturas y cien comentarios, probablemente más de los que habría tenido en la “Revista del Abogado”. Es del tenor siguiente:
            A fines del año pasado envié un artículo a la revista oficial del Colegio de Abogados, al cual pertenezco desde hace 54 años. Su director me llamó y me explicó que en el número de fin de año llevaba un artículo de Luis Bates, abogado integrante de la Corte Suprema y redactor del fallo que el mío criticaba. Acordamos entonces que el mismo aparecería en la edición de marzo de la revista. Ahora me ha vuelto a llamar y me ha dicho que, por acuerdo del consejo editorial, mi artículo no se puede publicar. Entonces lo presento en este blog, por estimar que es digno de ser leído y que su rechazo pone de manifiesto el concepto que el Colegio de Abogados tiene de la libertad de expresión, de la ética profesional y del respeto a la legalidad.
PERPLEJIDADES DE UN ABOGADO “DE ANTES”
Hermógenes Pérez de Arce
          Hace cinco años el Colegio de Abogados nos homenajeó, a otros colegas y a mí, por cumplir 50 años desde que nos titulamos. Mucho ha cambiado en más de medio siglo, pero sólo recientemente tomé conciencia de cuánto. Lo corroboré tras encontrarme con un alto oficial de la Armada, retirado, quien me dijo que debía entrar a cumplir cinco años y un día de presidio mayor por no saberse el destino de una persona detenida en el cuartel Ancla 2 de Talcahuano en 1974, recinto en que él ya ni siquiera prestaba servicios para la fecha de la detención, pues se había trasladado a Valparaíso, cosa que lamentablemente los tribunales se habían negado a tener por acreditada en el juicio. Yo sabía de casos de condenas a uniformados “por haber estado ahí”, pero ninguna como ésta, por “no haber estado ahí”.
          Entonces leí la sentencia de la Corte Suprema, rol 288-12, que resultó, casualmente, haber sido redactada por un compañero de curso mío en leyes, actual abogado integrante. Apenas comencé la lectura comprobé que, si bien ambos habíamos estudiado lo mismo, habíamos aprendido cosas muy diferentes.
          Pues leí con perplejidad lo siguiente: “Lo que el tribunal no ha podido determinar… es… si la víctima murió o bien recuperó su libertad… De allí que no puede hacer otra cosa que entender que subsiste el estado antijurídico creado con la detención del ofendido…”
          Yo aprendí en Derecho Procesal Penal que el “hecho punible” (que en ese tiempo se llamaba también “cuerpo del delito”) es el fundamento del juicio criminal y que su comprobación es el primer objeto del sumario. Luego, no basta con “entender” que un sujeto está secuestrado, por el hecho de no saber qué le sucedió, sino que ello debe “probarse”. Y si no se prueba, el acusado debe ser presumido inocente de mantenerlo secuestrado hasta la actualidad. La presunción de inocencia era el concepto básico del derecho penal que nos enseñaron. Si uno no aprendía eso, no pasaba el curso de ninguna manera. Ahora supongo que sí.
          Pero no fue la única perplejidad que el fallo me suscitó, pues mi compañero de curso y redactor del mismo alude en él a los oficiales investigados usando para eso la expresión “los delincuentes”, en lugar de “los oficiales o “los marinos”, como habría parecido natural y más imparcial y apropiado. Porque el oficio de ellos no era delinquir, sino prestar servicios a la Armada.
          Y todavía una tercera perplejidad derivó de que el fallo condenó a los oficiales, que evidentemente eran servidores públicos y actuaban como tales, “por el delito de secuestro”, según dice. Pero este delito se encuentra tipificado en el párrafo 3° del título III del Código Penal, que describe y pena los “crímenes y simples delitos contra la libertad y seguridad, cometidos por particulares”. Pero el oficial de marina no era un particular, sino un funcionario público, y estaba actuando como tal. Aplicarle a él una disposición que sólo atañe a particulares contraviene otra norma básica que nos enseñaron hace más de 55 años: “no se puede aplicar el derecho penal por analogía”. Sobre todo si el numeral que sigue, en el mismo título III, trata “de los agravios inferidos por funcionarios públicos”, que fue exactamente el caso. Este párrafo sanciona a quien “ilegal o arbitrariamente… detuviere a otro”. Ése fue el delito supuestamente cometido.
      Claro, la penalidad de la detención ilegal es mucho menor que la del secuestro. Y, además, como la detención ocurre en un recinto público, es muy fácil comprobar que actualmente ya no hay nadie detenido ahí desde 1974, como lo “entiende”, respecto del “secuestro”, la sentencia.
    Tanto que hasta mi propio compañero de curso y redactor del fallo no pudo desentenderse de esa realidad y de que no podía ni debía estar condenando por “secuestro”, pues líneas más abajo reconoce que “subsiste el estado antijurídico creado con la detención del ofendido…”
          Otras perplejidades más todavía me esperaban: me las provocaron las sentencias de primera y segunda instancia en el mismo proceso, que condenaron a los cinco oficiales a 541 días de presidio remitido. Pues esa pena corresponde precisamente al delito de detención ilegal y no al de secuestro por el cual fueron finalmente condenados. En el caso de este último la pena, supuesto que la privación de libertad hubiere subsistido desde 1974 hasta la fecha del fallo, debía haber sido, como mínimo, de diez años y un día. Y, de hecho, el ministro Milton Juica, en voto de minoría, estuvo por condenar precisamente a diez años y un día. Dentro de su particular juridicidad, fue consecuente.
          En fin, me pregunté, “¿para qué aprendí derecho, si basta la mera voluntad de una mayoría de jueces para dejarlo sin aplicación?”, tras terminar de leer la sentencia que tiene preso al oficial retirado de la Armada. Está condenado por un delito que no pudo cometer, pues no era un “particular”, y a una pena que no corresponde a dicho delito, supuestamente perpetrado en un recinto público, del cual (aunque no pudo probarlo) ya se había ausentado; mismo delito que, según la “verdad judicial”, él sigue cometiendo hasta hoy, aunque mal pueda hacerlo en una celda de dos por tres metros que comparte en Punta Peuco con otro ex oficial naval.
          ¿Se justifican o no tantas perplejidades de un abogado “de antes”? Me pregunto qué dirán al respecto los abogados “de ahora”.
        Pero los “abogados de ahora” (al menos sus representantes en el Colegio de la Orden) lo único que dijeron fue que el anterior artículo no se podía publicar…
Una explicación benévola
         El ex presidente del Colegio de Abogados, Sergio Urrejola, explicó demasiado benévolamente, en carta a “El Mercurio” de 27 de octubre de 2018, la infundada jurisprudencia de los jueces:
            Señor Director: Para entender la justicia penal chilena y sus nuevos procedimientos, debemos tener presente lo siguiente:
          “A los ex militares chilenos se les juzga por el antiguo sistema penal, en que prevalecía para condenarlos la prueba de presunciones: testigos febles, que declaran sobre hechos ocurridos hace 40 años ante un actuario, y por escrito, lo que luego el juez lee, con lo cual se dictan en muchos casos condenas injustas y sin ningún estándar mínimo de veracidad.
            “A los mapuches, en el sistema nuevo, las presunciones no se les aplican, a los testigos los declaran insuficientes y los estándares de prueba son rigurosísimos, sin considerar que en delitos complejos la prueba es la de presunciones.
            “Si con los mismos estándares se juzgara a los militares, marinos, aviadores y carabineros en el sistema nuevo, muchos de ellos estarían libres por falta de prueba”.
             Hasta ahí la carta, que describe la tremenda injusticia y discriminación que sufren los uniformados ante los tribunales, pero omite un hecho muy importante: que los ministros sumariantes en las causas de DD. HH. atropellan las leyes. Eso no tiene nada que ver con que el procedimiento sea el nuevo o el antiguo: tiene que ver con la moral de los jueces, con la impune prevaricación de ellos y con el hecho de que antepongan sus intereses políticos al cumplimiento de su deber de respetar el debido proceso.
Confesión palmaria
            La mayoría de izquierda de la Corte Suprema finalmente confesó en forma pública y oficial que no aplicaba las leyes vigentes en los procesos contra militares, en el oficio del Tribunal Pleno N° 33-2015 de fecha 27 de marzo de 2015 al presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados sobre modificación del Tratado de Roma, incorporado en 2009 a la legislación chilena. Dice:
            “Quinto: Que para comprender las implicancias que estas modificaciones tendrían en nuestra legislación interna resulta indispensable aclarar lo siguiente:
            “1°. El Estatuto de Roma representa una concreta expresión del mundo civilizado para defenderse de las situaciones extremas a que pueda ser sometido, desde que la experiencia universal es que al momento de buscar solución jurídica al conflicto y/o sancionar a los responsables, no existía un sistema jurídico penal adecuado. Es el caso del término de la Segunda Guerra Mundial, en que los Tribunales de Nüremberg no contaban con legislación que contemplara delitos tan atroces como los que en los países ocupados se habían cometido. Lo mismo ocurrió en Chile, en que la legislación sustantiva no contiene delitos adecuados a esa realidad, pero por sobre todo, en lo procesal, las instituciones tradicionales inhiben o impiden la investigación, como lo son, por ejemplo, la territorialidad y la retroactividad de la ley penal, como así también las disposiciones sobre amnistía, normalmente ad hoc. Bien sabemos que sólo fue posible el procesamiento y la sanción –con lo que salvamos en parte nuestra responsabilidad histórica como depositarios de la jurisdicción— al introducir en nuestras decisiones, por la vía del artículo 5° de la Constitución Política de la República, los conceptos de delito de lesa humanidad, ius cogens y otros, que tratan de distintas maneras aquellas clásicas instituciones jurídicas.”
            Ni la gramática ni la sintaxis son el fuerte de los supremos de izquierda, lo sabemos, pues donde dijeron “retroactividad” debieron decir “irretroactividad” o “no retroactividad”. La historia tampoco es su fuerte, pues Nüremberg castigó al agresor y en Chile la agresora fue la izquierda. Ni menos el sentido común, pues comparar a la Revolución Militar Chilena 1973-1990 y sus 3.197 muertes con los seis millones de judíos asesinados por el nazismo más las decenas de millones de víctimas de la guerra o los cien millones de muertes a manos del comunismo mundial sólo revela mala fe o ignorancia o ambas.
El antes citado libro “Prevaricato”, de Adolfo Paúl Latorre, cita a su vez a un ex- ministro de minoría de la Corte Suprema, que no era de izquierda, sino simplemente juez, Patricio Valdés, manifestando su desacuerdo con la mayoría del tribunal al manifestar, en un voto disidente (p. 184):
“Que por otra parte, es un hecho público y notorio, y ello llama la atención de este disidente, que la mayoría de los procesos a los cuales se ha nombrado un ministro en visita, han sido resueltos en virtud de principios y doctrinas foráneas, apartándose e infringiendo normas constitucionales y legales que rigen la materia, como son los artículos 19 N° 3, incisos 7° y 8° de la Constitución Política de la República (…) recordando que en Chile los asuntos por los cuales se persigue a la mayoría de los implicados en esos procesos, fueron tipificados en la ley N° 20.357 publicada en el Diario Oficial de 18 de julio de 2009, es decir, mucho después de su eventual comisión.”
La justicia ha sido parte de una muy chilena “vuelta de chaqueta general”, que es irremisible. Para mí quedó patentizada cuando un amigo, penalista destacado, que en 2008 escribía, en un artículo enviado a “La Segunda”, que los fallos de los tribunales contra militares lesionaban “no uno, sino todos los principios básicos del derecho penal”, como antes recordé, ahora ha cambiado de opinión y la última vez que lo vi se encogió de hombros y me dijo escuetamente: “Ginebra”. Pero “Ginebra” era igual cuando hace diez años él decía que aplicar la Convención al caso chileno implicaba trasgredir todas las bases del derecho penal.
Ha sido su personal “rendición incondicional”, pues las leyes no han cambiado desde que él escribía en 2008.
Epítome de barbaridades
            La reiterada complicidad de Sebastián Piñera con los jueces de izquierda condujo a una culminación de las barbaridades judiciales acontecidas en nuestro país, en términos de que el atropello judicial respectivo se constituyó en un ejemplo de atropellos a los derechos humanos por parte de quienes dicen dictar sentencias para castigar tales atropellos.
            Tuvo lugar en el proceso originado por la muerte de Rigoberto Achú y Absolón Wegener en diciembre de 1973, en las cercanías del regimiento “Yungay” de San Felipe, proceso iniciado por querella de 2010 de Rodrigo Ubilla, subsecretario de Interior de Sebastián Piñera.
            El 22 de enero de 2016 el general (r) Héctor Orozco y el teniente Sergio Jara habían sido condenados por el ministro Jaime Arancibia Pinto a 18 años de presidio por esas muertes, sin haber tenido ninguna participación en ellas. El caso había sido ya antes juzgado al tiempo de los hechos, es decir, había extinción de responsabilidad por cosa juzgada, y además estaba cubierto por las leyes sobre amnistía y prescripción.
            Este nuevo juicio es un ejemplo de atropello al debido proceso, a la verdad, a las leyes y al sentido común (y a las promesas del candidato Piñera), porque no existía de parte de nadie, ni del gobierno de la Junta ni del Ejército, un motivo o razón para dar muerte a Achú y Wegener.
Ambos habían sido llevados de la cárcel local al recinto dentro del regimiento “Yungay” donde funcionaba un consejo de guerra, a prestar declaración. Los trasladaron en un vehículo en el que iban un conductor, el teniente Jara y un conscripto de apellido Bañados con un fusil de repetición SIG, encargado de vigilar a los presos.
El vehículo necesitó cargar combustible a la salida del regimiento, cuando retornaba a la cárcel. El conductor y el teniente descendieron, quedando los reos al cuidado del conscripto Bañados. Aquéllos intentaron escapar corriendo y el soldado les disparó una ráfaga que los mató en el lugar. Al volver el teniente Jara al vehículo encontró al conscripto tembloroso y pálido, repitiendo que los presos se habían arrancado. Todos los testigos estaban contestes en que se había escuchado sólo una ráfaga. El comandante del regimiento, a la sazón coronel Héctor Orozco, había salido a la calle a averiguar el origen de la ráfaga que había oído.
Pero el ministro sumariante Arancibia Pinto condenó a 18 años a Orozco y Jara. El conscripto Bañados había fallecido años atrás.
La sentencia es de una redacción casi ridícula en sus esfuerzos por explicar que la reacción de Bañados configuró un delito de lesa humanidad. Y definitivamente ridículas fueron sus conclusiones de que el teniente Jara también disparó a los presos y de que el entonces coronel Orozco debió haber sabido lo que iba a suceder; y más absurda aún es la condena de ambos a 18 años de presidio. La Corte después la rebajó a 10 años y un día.
Los términos de la detención del general Orozco, ya nonagenario, con la conciencia perdida y sin control de esfínteres, son descriptivos del grado de inhumanidad y de real “atropello a los derechos humanos” del aparato prevaricador del gobierno de Piñera y de la justicia de izquierda que nos rige.
Un general (r) sin derechos humanos
El diario digital “Chile Informa” de 22 de agosto de 2017 describió así su detención: “Trato vejatorio de la justicia y de Gendarmería con un general de la República. Ayer, lunes 21 de agosto por la tarde, algunos de los internos del penal de Punta Peuco pudieron presenciar un espectáculo aberrante. Con sorpresa vieron que gendarmes ingresaban al recinto al general de Ejército don Héctor Orozco Sepúlveda. Con más de noventa años de edad empezaba a cumplir una condena de 10 años y un día. Sólo le supera en edad el general de la FACH Enrique Ruiz Bunger (víctima de un atentado del FPMR en los 90 que lo dejó parcialmente impedido). El general Orozco ingresó al penal vestido solamente con pijama, bata de levantarse y zapatillas (…) No llevaba más ropa. Distintos internos que nos llamaron para informarnos, conmovidos e indignados, nos contaban que estaba en cama en su residencia cuando lo fueron a detener. Sin darle tiempo para vestirse o preparar una maleta con algunas mudas, se lo llevaron a Tribunales, donde fue informado del “cúmplase”, entregado a gendarmes y trasladado en un carro celular a Punta Peuco, a donde llegó a eso de las 15 horas ¿Qué dirán de esto el actual comandante en Jefe del Ejército y su cuerpo de generales?”
No dijeron nada, por supuesto. Esos sí son “cómplices pasivos”, en tanto Piñera y los jueces de izquierda son coautores activos.
En el libro “Prevaricato”, de Adolfo Paúl, se añade: “A lo anterior habría que agregar que el general Orozco tiene demencia senil, no reconoce a nadie y no controla esfínteres. En esas condiciones fue internado en el campo de exterminio en el que se está transformando Punta Peuco. ¿Es esto justicia o puro y simple odio y venganza?”.
Venganza y odio
Es lo segundo, por supuesto, como lo consideró el historiador Gonzalo Vial, que opinó así sobre los juicios a militares, en “La Segunda” del 19 de febrero de 2008, en artículo titulado “Elegimos Odiarnos” y referido al general Santelices, que en una situación de 1973, como subteniente, sólo “estaba ahí”:
            “La actual o futura persecución judicial de estos delitos —ninguno de los cuales puede haber ocurrido (hace menos) de dieciocho años, y la gran mayoría perpetrados treinta y cinco años ha, no tiene límite de tiempo… puede comenzar hoy, o mañana, o en veinte años más, o todavía después.
“Por esta mera posibilidad, además, sin condena, sin procesamiento, y habiendo existido una indagación criminal seis años atrás que le fue favorable, ha perdido el militar referido su carrera, que había llegado al generalato. Las asociaciones de víctimas estiman que no puede conservarla quien haya tenido ‘involucración’ en un crimen así. ‘Involucración’ que no es un término legal ni judicial y que nadie define… pero que el Gobierno, el Ministro de Defensa, el del Interior, etc., comparten y ratifican. Y que aún el Ejército y las otras ramas de las Fuerzas Armadas parece que, al callar, otorgaran. (…)
            “Lo anterior no es justicia —no puede serlo, ya que no intervienen los tribunales— y si no es justicia es venganza, y por tanto es odio.
“Sé que parte de lo que está sucediendo es culpa de nuestros jueces, y en especial de la Corte Suprema. Su indolencia ha permitido que procesos de esta clase, que duran larguísimo tiempo, no lleven visos de terminar. ¿Cómo no va a ser absurdo que habiendo el subteniente concurrido a declarar hace seis años, en el juicio de marras, que lleva en total diez, todavía no se halle condenado, sobreseído o absuelto? (…) Por otra parte, la siesta suprema es causa de que existan jurisprudencias contradictorias —incluso de la misma sala del máximo tribunal y de un día para el otro— en muchas materias claves para los juicios de derechos humanos, por ejemplo, sobre prescripción, amnistía de 1978, etc. Y jurisprudencias estrafalarias de los jueces inferiores, como ser la de ‘secuestros permanentes’ que duran decenios, o la de responsabilidades criminales ‘por la verticalidad del mando’.”
Han pasado más de diez años de ese comentario y la Corte Suprema ha pasado de la “siesta” al sueño profundo, y no tiene visos de despertar.
Otro “caso Dreyfuss” chileno
           Un carabinero me relató su conmovedora historia en una carta por correo electrónico y creo que vale la pena reproducirla textualmente, porque habla por sí misma del Chile inmoral en que estamos viviendo y de cómo cambian las cosas sucedidas “antes” cuando se juzgan “después”.
         Correo electrónico de 31.05.07 a Hermógenes Pérez de Arce con la siguiente carta del policía uniformado (r) Primitivo José Castro Campos, C. I. Nº 6.397.367-K:
“Tengo 55 años, he vivido siempre en Talca. Les quiero contar una historia de ayer y de hoy.
“Ayer:
“Al 22 de junio de 1974 tenía el grado de cabo segundo de Carabineros, y a las 21.30 de ese día me encontraba de uniforme en servicio en la vía pública, en calle 1 Sur esquina 11 Oriente de Talca, en una caseta que allí había, junto al carabinero-alumno Eleazar San Martín Mella.
“En esa situación vi a una persona que venía por 1 Sur al oriente, caminando por la vereda, pero pegado a los locales, con un bolso de esos que llamaban ‘olímpicos’ en esa época. Me llamó la atención y cuando lo observé a una media cuadra de distancia y él se percató de ese hecho, entró a una panadería, desde la que salió minutos después. Le ordené entonces a San Martín que lo trajera para un control, atendiendo su actitud y las condiciones de ese tiempo. El hombre se resistió inicialmente a venir a la caseta, pero lo hizo, dejando el bolso en el suelo. Allí San Martín inició el cacheo, y cuando lo revisaba en la cintura, me gritó que tenía allí un arma. En ese momento la persona lo golpeó en la cabeza, desmayándolo, quedando éste con una lesión en la cabeza, y se abalanzó sobre mí, iniciándose una lucha cuerpo a cuerpo donde él quería apoderarse del fusil que yo portaba. Logré en la refriega botar el cargador del SIG, mientras le gritaba a San Martín que pidiera ayuda por radio. Como era más alto y fuerte que yo, logró escapar con el fusil. Inicié la persecución y logré alcanzarlo en menos de una cuadra. Giró y equivocadamente pasó bala en el fusil, botando el proyectil de la recámara, por lo que percutó en vacío. Se llevó la mano a la cintura en busca de su arma, pero yo antes le disparé, cayendo él herido en el pecho, pereciendo allí minutos después.
“Llegaron mis superiores al lugar, los que efectuaron el procedimiento. Se revisó el bolso, el que bajo varios panes tenía 12 cartuchos de dinamita exudada. La persona fallecida, de la que por respeto sólo daré sus iniciales, C. F. H., resultó ser de la zona de Los Ángeles. Su cuerpo, junto al arma que portaba, el bolso y su contenido, fueron llevados a la Tercera Comisaría, procediéndose luego del trámite de rigor a su entierro en el Cementerio de Talca.
“La institución puso los antecedentes en conocimiento de la Fiscalía de Talca, dependiente del Tercer Juzgado Militar de Concepción, por ser yo carabinero y el hecho un acto de servicio, donde se siguió la causa rol 039-74. Presté declaraciones, y el 24 de diciembre de 1974 se dictó sobreseimiento definitivo, lo que se notificó con fecha 27 de diciembre de ese mes y año, quedando firme y ejecutoriado. Luego de esa resolución, la institución me felicitó por mi actuación en el procedimiento policial señalado, lo que se incorporó a mi hoja de vida.
“En los años siguientes continué en Carabineros, ascendí, trabajé en el área de la policía forestal hasta jubilar, hace pocos años, con el grado de suboficial.
“Hoy:
“En el año 2004, treinta años después, se inició una causa por querella de los hijos del fallecido, con el patrocinio del abogado sr. Celedón, basándose en que el informe de la Corporación de Reparación y Reconciliación dijo que había sido una víctima de la violencia política. De alguna manera salió mi nombre y fui citado ante el juez sr. Bernales, al que le conté lo mismo que relaté antes, pues no tengo nada que ocultar. Estuve detenido unos días al ser procesado, se me designó un abogado de turno, el sr. Mauricio Oviedo, el que no asumió por razones de conciencia, a raíz del tema de la causa, según dijo. Eso me obligó a tomar a un abogado y recurrí al sr. Morrison, el que sólo luego de convencerse de mi situación, asumió y me representó. Más adelante la causa la tomó la ministro Sra. Venegas, a quien le relaté lo mismo, y lo mantuve en los interrogatorios, careos y reconstitución de escena.
“El tribunal obtuvo las copias certificadas del sobreseimiento definitivo dictado treinta años antes. Ello después de las dificultades para obtener esa información, por el tiempo transcurrido y la poca colaboración de las instituciones. Y con fecha 22 de noviembre de 2006, la Sra. ministro resolvió absolverme por ‘haber recaído en esos mismos hechos sentencia firme, a través de un sobreseimiento que tiene fuerza de sentencia absolutoria y además por encontrarse extinguida la responsabilidad penal por prescripción de la acción penal’.
“Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Talca, por resolución de 30 de abril de 2007, firmada por los ministros Sres. Biel y Meins y el abogado integrante sr. Sánchez, procedió a dejar sin efecto ese fallo, yendo contra lo resuelto por la Sra. ministro y lo recomendado por el fiscal de la Corte, sr. Lorca, y me condenó como autor de homicidio a cinco años y un día, sin beneficio alguno, fundando el fallo en que se trataría de un delito de lesa humanidad, imprescriptible, que los tratados en materia de derechos humanos así lo indican y que no hay certeza de que sean efectivos los certificados de la causa seguida el año 1974, porque no se cuenta con la causa.
“He planteado un recurso de casación en el fondo para ante la Corte Suprema, pero se me ha dicho que a raíz de lo resuelto por esa Corte en septiembre pasado, en el caso Almonacid, mis posibilidades son nulas, así es que ya me estoy preparando para cumplir mi condena.
“Conclusión:
“1. Los hechos que relaté corresponden a una situación netamente policial, yo no pertenecía ni pertenecí a órganos de seguridad, no sabía quién era la persona con la que me enfrenté, sus ideas, lo que portaba. Actué en cumplimiento de mi deber.
“2. Se me aplica por la Corte tratados internacionales que no están ratificados por Chile (la Corte así lo reconoce en su fallo) y que por ello no son aplicables ni están vigentes en nuestro país, como lo dice la Constitución.
“3. Que esta causa tiene un fin económico: demandar al fisco por mi acto.
“Primitivo José Castro Campos, suboficial (r) de Carabineros.
“Talca, 31 de mayo de 2007.” 
            Finalmente, Castro Campos cumplió su condena de 5 años y un día. Estuve con él, resignado a la injusticia, en oportunidades en que visité Punta Peuco para compartir con los internos algo de esta iniquidad nacional, la “miseria (con la misma raíz latina de ‘miserable’) de la chilenidad” de que han sido víctimas.
Pues juzgue usted si no resultó simplemente miserable que el país al cual ese carabinero sirvió abnegadamente le haya pagado así sus servicios.
Y note usted que los únicos que cumplieron su deber de aplicar la ley honestamente fueron la ministra sumariante de primera instancia, señora Venegas, y el fiscal de la Corte de Apelaciones que recomendó absolver al carabinero. Los jueces superiores contravinieron la cosa juzgada, la prescripción, la amnistía y la verdad de los hechos. El peor cáncer en este caso está en la cabeza. En la Corte de Apelaciones y en la Suprema. Vergüenza.
Siendo el punto de derecho tan claro y habiendo un premio de dinero tan alto por desconocer el derecho, la sospecha de corrupción resulta inevitable.
No hubo política de impunidad: sí malos jueces
Es cierto que hubo, en el período 1973 -1990, situaciones judiciales que ni la Junta ni la Corte Suprema pudieron controlar. Véase el libro de Patricia Verdugo y Claudio Orrego, “Detenidos Desaparecidos: Una Herida Abierta”, Editorial Aconcagua, Santiago, 1980.
Pues en medio de la conmoción registrada en todo el país con motivo de la Revolución Militar del 11 de septiembre de 1973, ocurrieron situaciones aisladas, al margen de la voluntad de la Junta gobernante y desoyendo sus llamados y los del Presidente de la misma, a proceder con legalidad y mesura.
          En 1979, en Yumbel, en la VIII Región, tuvo lugar el hallazgo de 19 cadáveres que habían sido enterrados el 18 de septiembre de 1973, de personas que, después de ser detenidas por elementos uniformados, fueron ejecutadas sin forma de juicio en operativos en Laja y San Rosendo.
            Nunca nada impidió denunciar e investigar delitos como ése bajo el Gobierno Militar y así lo hicieron en el caso antes citado las 19 familias afectadas. Otra cosa era que “las instituciones funcionaran”. El resultado lo señalan Patricia Verdugo y Claudio Orrego en su libro: “Seis años de negativas oficiales, seis años de burla hacía los ‘presuntos desaparecidos’ y hacia el dolor de sus desesperadas familias culminaron esa soleada y fría tarde primaveral del 2 de octubre de 1979”.
        Pero un ministro en visita diligente, José Martínez Gaensly, de la Corte de Apelaciones de Concepción, estudió las denuncias y “atando cabos”, llegó al hallazgo de los restos de los 19 enterrados en Laja.
La historia era parecida a la de otros casos, como los de Lonquén, Chihuío, Paine, La Serena, Antofagasta o Calama. “Algún” mando medio o menor, por sí y ante sí, sacó a 19 detenidos en la tenencia de Laja, en la madrugada del 18 de septiembre de 1973, en un taxibús y, junto al puente Perales, ordenó ejecutarlos y enterrarlos.
       En 1975, dos años después, el dueño del predio “Flor de Laja” advirtió un cuerpo semienterrado, denunció el hallazgo a Carabineros y éstos ordenaron la exhumación y el traslado al cementerio parroquial de Yumbel, dando cuenta a la Justicia. Las instituciones funcionaron.
Pero cuatro años más pasaron sin que la jueza competente abriera el sumario correspondiente al oficio que recibió de Carabineros, constitutivo de un “auto cabeza de proceso”, aunque nadie le impedía abrirlo. Las personas, más que las instituciones, no funcionaron. Finalmente cuatro años después, en 1979, el ministro Martínez Gaensly, “atando cabos”, pudo entregar los restos a los familiares. ¡Al fin “las instituciones y las personas funcionaron”! ¿Culpa de la Junta o de la idiosincrasia del país? ¿“Atrocidad de Pinochet” o lenidad judicial?
Hoy se carga la culpa a la Junta y a Pinochet, pero no la tuvieron. Desde 1978 los hechos se hallan amnistiados. Y el caso fue aclarado.
Un jurista preparado
         El profesor Juan Ignacio Piña, distinguido abogado y que después fue presidente del Consejo de Defensa del Estado, dio una conferencia ante el Cuerpo de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas el 10 de junio de 2005, de la cual tengo la versión completa y literal, y en la que desvirtúa los fallos de los ministros y jueces de izquierda que pretendían castigar a los militares aduciendo que los tratados internacionales los autorizaban para desconocer la ley chilena. Dijo el profesor Piña en la parte pertinente de su exposición, al respecto:
            “… de lo que se trata es de que en estas convenciones, incluso en la Convención de Ginebra, también en el Estatuto de Roma y en la Convención Internacional Sobre Desaparición Forzada de Personas, no se establecen tipos penales., sino deberes de incriminación que el Estado chileno debe cumplir. El Estatuto de Roma, por ejemplo, contiene una serie de conductas que deben ser sancionadas por los respectivos ordenamientos internos. Lo mismo la Convención de Ginebra y la Convención Internacional Sobre Desaparición Forzada de Personas. Luego, si no hay tipos penales, el argumento de la Corte en ese sentido es equivocado por ello y no porque los tipos penales no hayan estado vigentes al momento de cometerse los hechos. Tampoco están vigentes hoy día. La ratificación de esos instrumentos no los transformó en delitos para el ordenamiento jurídico chileno y, mucho menos, en delitos imprescriptibles. Lo que emana de esos instrumentos es un mandato de incriminación al legislador, un mandato que hasta el día de hoy no se ha cumplido. No se han incorporado en nuestro ordenamiento interno los delitos correspondientes, por lo tanto, la argumentación sobre la base de los tratados internacionales ratificados por Chile, aun cuando se amparen en ese artículo 5°, inciso 2° de la Constitución, es equivocada”.
        Derribó así ex ante el argumento que más de diez años después, basado en los tratados internacionales, según más arriba vimos, dio la Corte Suprema para desconocer la legislación chilena en perjuicio de los militares.
Pero luego veremos que también el profesor Piña, sin que cambiaran las leyes ni los tratados, con los años cambió de opinión.
Prevaricación desde afuera
        La izquierda es fuerte en los organismos internacionales y había una fuente de negocios que no había podido ser explotada. Pues en los procesos de la FACH de 1974 y 1975 hubo 84 condenados por incumplimiento de deberes militares, traición y sedición.
            Aviadores de izquierda tenían un completo plan, en connivencia con el MIR y con la presidencia del Banco del Estado, que proveía los fondos a la conspiración. Era presidente del banco el socialista Carlos Lazo.
Los procesos de la FACH de 1974 determinaron en toda su extensión la conjura, que contemplaba “dar de baja” a la oficialidad de El Bosque, base aérea que iba a ser copada por los conjurados.
      El libro del periodista DC Ricardo Boizard (seudónimo “Picotón”) “Proceso a una Traición”, Ediciones Encina, Santiago, 1974, dio cuenta en detalle de cómo los conspiradores habían llevado adelante sus planes, con múltiples testimonios de personal del Banco del Estado acerca de los participantes en las reuniones, uno de ellos el general Alberto Bachelet, que a la vez era alto funcionario del gobierno de la UP.
            Hubo severas condenas, varias de ellas a muerte. Pero éstas fueron conmutadas por extrañamiento en 1975.
            Sabiendo su control sobre los organismos internacionales, la izquierda obtuvo en 2015 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos una “orden” a la justicia chilena de “anular” las sentencias de los Consejos de Guerra de la FACH, lo que abría a los 84 condenados la obtención de beneficios económicos dentro del mayor negocio político-judicial de nuestro tiempo, que es la explotación del rubro “atropellos a los derechos humanos”, que yo he llamado “el robo perfecto”, porque es cuantioso e impune.
            Según publicación de “El Mercurio” de 4 de octubre de 2016, la Corte Suprema acogió la sentencia de la Corte Interamericana y dio lugar a recursos de revisión que permitieran dejar sin efecto las sentencias de los Consejos de Guerra. Éstos ya habían producido el efecto de cosa juzgada y las sentencias estaban consolidadas, además, por la prescripción de más de 30 años. Pero todas instituciones básicas del debido proceso son inexistentes para los intereses políticos de la izquierda y, sobre todo, para los intereses económicos de quienes, anulando las sentencias de hace 45 años, creen posible obtener pingües indemnizaciones del generoso fisco chileno.
El jurista preparado cambia de posición
            En 2016 el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña, el mismo que en 2005 había probado la tesis de la inaplicabilidad a los juicios en Chile de los tratados internacionales que pretendía poner en vigor la izquierda, como vimos más arriba, expresó:
            “Nuestro ordenamiento jurídico sí contemplaba un recurso efectivo para materializar la regla de exclusión de la tortura, porque las sentencias de los consejos de guerra se basaron en torturas”.
       Pero eso es falso. Las sentencias de los consejos de guerra se basaron en confesiones de los oficiales procesados ante el tribunal militar y en los testimonios de las personas que los vieron conspirar en las oficinas del Banco del Estado. Era absurdo suponer que sus declaraciones se obtenían bajo tortura, pues ellas se prestaban en recintos donde había abogados defensores y eran abiertas.
            Las declaraciones tomadas están publicadas en el libro de Boizard y evidentemente no derivaron de apremios físicos, sino que fueron formuladas ante actuarios, actuarias y miembros del tribunal.
            La mejor prueba fue que el general Bachelet nunca reconoció en sus declaraciones haber participado de la conjura. Siempre lo negó. Pero funcionarios del Banco del Estado atestiguaron diciendo que él asistía a las reuniones. Como nadie lo apremiaba ilícitamente, él podía sostener lo contrario. Sus negativas a haber conspirado o concurrido a reuniones son la mejor prueba de que no se obtuvo ningún testimonio suyo bajo tortura. Pero hubo un oficial de la FACH, recientemente fallecido, Edgar Ceballos Jones, que fue condenado 44 años después, ilegalmente y por sentencia reciente, por haber torturado al general Bachelet.
           El Servicio Médico Legal, que poco tiempo antes se había declarado incapaz de dictaminar la causa de muerte de una persona encontrada en los roqueríos de Laguna Verde, dictaminó con toda certeza, examinando los restos del general Bachelet, que había fallecido a causa de torturas aplicadas 44 años antes. El director del Instituto Médico Legal, doctor Patricio Bustos, militante, como él decía, del “partido MIR”, fue funcionario de la exclusiva confianza de los sucesivos gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.
            Ahora entramos en la etapa de que el generoso fisco chileno comience a pagar a los 84 liberados de culpa la indemnización que demandarán por habérseles impedido copar la base El Bosque en connivencia con el MIR y dar de baja a los oficiales que se les opusieran.  
            Estamos en la prevaricación sin fin de la justicia de izquierda que impera en Chile. Compite con ventaja frente a los otras “miserias morales de la chilenidad actual” que he venido denunciando.
Nueva eximente penal: ser comunista
            Los esfuerzos por demostrar jurídicamente que la legislación chilena debe aplicarse y no transgredirse son casi risibles frente al modo en que la izquierda atropella las leyes y los derechos de las personas sin sufrir ninguna sanción ni presión internacional.
Cuando escribo estas líneas tiene lugar un homenaje público al 60° aniversario de la Revolución Cubana, convocado por el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. ¡Un homenaje a las violaciones de los derechos humanos rendido por quienes persiguen a los militares chilenos por violar los derechos humanos!
            El insigne líder comunista de esa Revolución, Ché Guevara, es famoso en todo el mundo y son bien vistas las poleras con su efigie, pese a que fue un asesino en serie, como lo ha probado en su biografía del “Che” el autor argentino Nicolás Márquez. Ese criminal, con total cinismo y seguro de su impunidad, se permitió declarar ante las Naciones Unidas, el 11 de diciembre de 1964: “¿Fusilamientos? Sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario”. ¿Crímenes de lesa humanidad? No, por supuesto. Es que era comunista. El Libro Negro del Comunismo documentó 17 mil muertos por el régimen cubano, hasta los años ’90, pero nadie ha acusado a Castro, como sí se ha acusado a Pinochet, de “exterminio” o “genocidio”.
            El jefe comunista chileno, Guillermo Teillier, confesó públicamente su autoría intelectual de un atentado que costó la vida a cinco militares inocentes en 1986, pero cuando alguien accionó en su contra, los tribunales lo sobreseyeron por prescripción, la misma que niegan a los militares por muertes de terroristas ocurridas hace más de 40 años. Porque si un militar mató a un terrorista, fue “delito de lesa humanidad” y es imprescriptible; y si un terrorista mató a un militar, fue un delito común y se aplica la prescripción. La única razón de por qué eso es así es porque lo dicen los comunistas y los jueces de izquierda. Ellos “sientan jurisprudencia” en Chile y en el mundo.
            ¡Y las cantidades de dinero que les reconocen los jueces a los subversivos rojos, como indemnizaciones! Yo estimo que ya sobrepasan los 400 millones de dólares anuales, basado en que la subsecretaria de DD. HH. del gobierno, Lorena Recabarren, en declaraciones a “La Tercera” del 1° de abril de 2019, reveló que se ha apartado en el presupuesto fiscal la cantidad de dos mil millones de dólares para pagar indemnizaciones a la subversión roja en los próximos cinco años.
¡Y lo que reciben últimamente por declararse “torturados”! Son aproximadamente 30 de mil pensionados por eso. Y todavía están sólo empezando los juicios, en igual número, en que pedirán condenas y, además de la pensión que ya tienen, indemnizaciones millonarias por haberse declarado “torturados”.
Ya se quisiera el abogado Juan Luis Ossa, del Partido Nacional, alguna indemnización por haber sido torturado en 1972, bajo la UP, en el cuartel de Investigaciones de Rancagua y haber sido interrogado por el subdirector comunista Carlos Toro, tras las aplicaciones de electricidad. O el ex diputado Maximiano Errázuriz, también torturado bajo la UP por detectives miristas en Colchagua, que lo dejaron amarrado a una línea de tren… por donde pasaba un tren.
          En resumen, juicios en que se desconoce la legalidad vigente sirven para materializar el “robo perfecto”: cuantioso, impune y aplaudido por la mayoría.
            El epítome de la “miseria moral de la chilenidad actual”.
CAPÍTULO VII
LA RENDICIÓN MILITAR
            El mejor de los sucesores de Pinochet en la comandancia en jefe del Ejército fue Ricardo Izurieta, leal y valiente, como lo demostró a la llegada de aquél de Londres en 2000 al recibirlo con los honores que merecía. Ninguno de sus sucesores se habría atrevido a hacerlo. Ricardo Izurieta fue el primero que sucedió a Pinochet en 1998. Pero fue demasiado discreto y medido cuando se presentaron los primeros nubarrones negros de advertencia de la tormenta político-judicial que se avecinaba.
            En una oportunidad, apenas había asumido, me convidó a almorzar a su oficina y me preguntó si yo estaría dispuesto a prestarle asesoría en materias de la contingencia política. Pero yo decliné y, al hacerlo, tal vez cometí un error. Lo hice por consideración personal a él. Pensé que mis consejos podían llevarlo a jugarse en terrenos decisivos y eso lo iba a hacer objeto de fuertes ataques políticos, que su buena calidad humana y bonhomía natural no merecían.
          Hoy creo que fui débil, pues los tiempos estaban para jugársela, como lo había hecho Pinochet cuando había dicho, refiriéndose a la judicatura de izquierda, como más arriba se recordó: “Si me tocan a uno solo de mis hombres se acaba el estado de derecho”. Lo cual era rigurosamente exacto, porque para “tocar” a sus hombres había que pasar por sobre la ley, particularmente la de amnistía, y eso equivalía a pasar por sobre el estado de derecho.
            Entonces, ante tal situación, yo le habría aconsejado a Ricardo Izurieta convocar al Consejo de Seguridad Nacional –podía hacerlo con el concurso de otro comandante en jefe— y representar ahí el atropello a la institucionalidad que significaban los primeros procesos en que se desconocía la legalidad vigente por parte de los jueces de izquierda, partiendo por el juicio conducido por Juan Guzmán contra Pinochet.
La convocatoria al Consejo de Seguridad habría sido un remezón fuerte, pero necesario; y si se hubiera producido entonces, tal vez no tendríamos la escandalosa situación antijurídica que se presenta hoy.
            Creo que, con sólo eso, todo el barullo ilegal habría terminado y habría quedado como lo estaba hasta la prisión del ex Presidente Pinochet en Londres, es decir, con los jueces respetando las leyes y desechando las querellas comunistas.
            Pero nada de eso sucedió. Al contrario.
Rendición militar: “las víctimas y mis camaradas de armas”
            El comandante en jefe siguiente a Ricardo Izurieta, Juan Emilio Cheyre, fue el que protagonizó la rendición incondicional del Ejército –que arrastró a las demás ramas— ante la prevaricación judicial de la extrema izquierda. Ello, entonces, precipitó a través de los Tribunales de Justicia el atropello al estado de derecho en Chile, y desató la persecución contra los militares.
Es que Cheyre se había pasado al otro bando. Eso se hizo evidente. Días antes del 30° aniversario del 11 de septiembre de 2003, le preguntaron cómo lo conmemoraría, y respondió:
            –Como un día normal. Es un sábado como cualquier sábado.
            Con eso lo dijo todo.
            Él había hecho retirar de la Escuela Militar, antes de un acto al cual había invitado a un sinnúmero de personeros de la Concertación, una placa recordatoria del 11 de septiembre que existía en el hall central de la institución, a la derecha de la escala principal de acceso. Largo tiempo después subsistían los orificios de los tarugos extraídos, como mudos testigos de un renunciamiento injustificable.
También clausuró una sala recordatoria del ex presidente Pinochet que había en el segundo piso, donde se exhibía medallas, condecoraciones y otros objetos legados a la Escuela por el más importante estadista chileno del siglo XX.
Asimismo, se opuso al deseo del general Pinochet, expresado cuando vio próxima su muerte, de que sus restos quedaran depositados en la Escuela Militar, aduciendo “razones de seguridad”.
Durante su gestión prohibió a los uniformados activos de cualquier rango visitar a sus camaradas presos en Punta Peuco y Cordillera, aduciendo que no quería dar la impresión de que se los estaba “respaldando”. Abandonó así a “los caídos tras las líneas enemigas”. No preveía que él podía llegar a ser uno de ellos.
Ningún ejército que se respete abandona a sus caídos tras las líneas enemigas. El chileno lo ha hecho.
A partir de entonces, la rendición militar se manifiesta cada vez que algún integrante del Ejército critica al gobierno militar y recibe un aplauso general. Pero cuando hay alguno que expresa elogio o reconocimiento a ese régimen, se le da de baja, como al director de la Escuela Militar en 2018, por permitir un homenaje a un ex subdirector del plantel que hoy es preso político militar; y como en otros casos que veremos en seguida.
Deliberantes y no deliberantes
Cheyre hablaba de política y no le pasaba nada, porque hablaba contra el 11: “No sé qué tiene que celebrar Chile el 11 de septiembre. ¡El fracaso de todos los responsables de mantener una democracia estable!”, dijo el 19 de septiembre de 2004. Habló de política, pero “no deliberó” y nadie dijo nada.
El general Ricardo Heargraves dijo, a raíz de la muerte del ex presidente Pinochet en diciembre de 2006:
“Fue nuestro líder indiscutido durante mucho tiempo. Fue capaz de asumir una responsabilidad cuando el país estaba convulsionado y colapsado”.
¡Deliberó! Fue inmediatamente dado de baja por el comandante en jefe Oscar Izurieta. Lo mismo le sucedió al capitán Augusto Pinochet Molina, por hablar sin permiso en el entierro de su abuelo.
Una izquierdista audaz
La rendición e impotencia uniformadas ya habían quedado patentes cuando la presidenta Bachelet, en un rapto de audacia, designó subsecretario de Aviación al ex oficial de la Fuerza Aérea Raúl Vergara Meneses, que había sido condenado a muerte, pena que le fue conmutada por extrañamiento, en los procesos de la Fuerza Aérea de 1974 (véase Ricardo Boizard: “Proceso a una Traición”, Ediciones Encina, Santiago, 1974). Esos juicios investigaron la conspiración de oficiales de izquierda para tomar por las armas, en connivencia con el MIR, la base aérea El Bosque, y dar de baja a la oficialidad que se resistiera.
En otra nueva provocación exitosa a las Fuerzas Armadas y Carabineros, la presidenta, ex ayudista del MIR y ex conviviente del vocero del FPMR, nombró ministro de Defensa al mirista José Goñi, bajo cuya autoridad la única solidaridad que recibían los militares víctimas de la prevaricación de los jueces era el descuento voluntario de los sueldos del personal activo de una pequeña cantidad para financiar su defensa. Una presión del nuevo ministro mirista bastó para suprimir esa ayuda.
En otra ocasión los uniformados, ya evidentemente rendidos a la izquierda, aceptaron que sin ninguna razón legal y usando sólo presiones de hecho se obligara a renunciar, en 2002, al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, general Patricio Ríos. Éste, inexplicablemente, se allanó a ello, sin que el entonces presidente Lagos tuviera necesidad de pedir el consentimiento del Consejo de Seguridad Nacional, que era lo que debería haber hecho, pero buscaba eludir.
No había ninguna razón para exonerar a Ríos, sino sólo un “juicio por los diarios” fraguado por periodistas de izquierda del matutino de gobierno “La Nación”.
Pero ninguno de sus pares defendió al aviador. Podrían haber convocado al Consejo de Seguridad Nacional para denunciar allí los ribetes del complot. No se atrevieron. “El Mercurio” del 14 de octubre de 2002 comentó lacónicamente: “Ríos se convenció de que no tenía apoyo interno”.
El “nunca más” de Cheyre
Éste en 2003 había emitido su famoso “nunca más”, que en sí era sólo inocuo y vago, pues expresaba:
            “Me refiero a nunca más una clase política que fue incapaz de controlar la crisis que culminó en septiembre de 1973; nunca más a los sectores que nos incitaron y avalaron oficialmente nuestro actuar en la crisis que provocaron; nunca más excesos, crímenes, violencia y terrorismo. Nunca más un sector ausente y espectador pasivo. En fin, nunca más una sociedad chilena dividida”.
            “Hojarasca” para todos los gustos. Lo terrible llegó un año y medio después, cuando se rindió incondicionalmente ante la izquierda engrosada por la DC, que ya se había entregado a aquélla definitivamente con Aylwin II a la cabeza. En efecto, dijo Cheyre en “El Mercurio” del 10 de diciembre de 2004:
      “El Ejército de Chile tomó la dura pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que como institución le caben en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado”.
            ¿Ejército responsable de “TODOS los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado”? Es decir, le echó la culpa de todo al Ejército. Dijo exactamente lo contrario que Frei en 1973, cuando responsabilizó de todo a la Unidad Popular.
           Así es que, según Cheyre, el Ejército fue el único “malo” del país. Fácil para él, porque la “responsabilidad del mando”, cuando “las papas quemaban”, había sido de otro.
Rendición con censura informativa
            Además, los políticos de izquierda no tuvieron necesidad de reescribir la historia para suprimir de ella todo lo bueno que hizo el Gobierno Militar, porque ya los mandos militares se habían adelantado, obsequiosos, a hacerlo por su cuenta.
Una carta de 11 de mayo de 2012 de los generales Odlanier Mena Salinas y Raúl Contreras Fischer, dirigida al presidente de la Academia de Historia Militar, general Manuel Barros Recabarren, en respuesta a la petición de éste de que participaran en la elaboración de un libro sobre la trayectoria de los comandantes en jefe, señalaba:
            “(…) no obstante nuestra disposición de ahora y siempre de colaborar en las iniciativas de nuestra institución, deseamos hacer presente algunas aprensiones y solicitarle algunas clarificaciones respecto del trabajo que US. dirige”. Y a continuación le explican:
            “El año pasado nuestro Ejército difundió el libro titulado “El Ejército de Chile al Servicio de la Patria” con gran publicidad y en un acto que contó con importantes autoridades de gobierno y menguada representación de generales en retiro. (…) La lectura de ese texto nos dejó una sensación de pesadumbre, al comprobar que la gesta del 11 de septiembre del 73 y la obra del gobierno militar presidido por el señor general don Augusto Pinochet U., sólo tuvo una mención mínima (…) Lamentablemente ese texto, con omisiones y olvidos notables, debilitó nuestros afanes y el de muchos chilenos en la lucha diaria por la restitución de la verdad histórica.
            “Inspirado tal vez por el ejemplo matriz de la obra in comento, el comandante del Regimiento Rancagua (de Arica) elaboró a su vez el año pasado un libro titulado ‘La Historia del Glorioso Regimiento Rancagua’. En él se ignoró absolutamente la gesta del 11 de septiembre de 1973.”
            El citado comandante del Regimiento Rancagua era el coronel Guillermo Ramírez Chovar, a quien ya los generales (r) Jaime Izarnótegui Valenzuela y Odlanier Mena Salinas habían dirigido otra carta, en enero de 2001, señalándole que en “la historia del glorioso Regimiento Rancagua de Arica (…) hay un extraño e incomprensible vacío histórico durante el cual el regimiento, entre otras cosas, realizó lo siguiente: (1) Afrontó con buen éxito la mayor conmoción social del país de los últimos cien años, evitándose en la medida de lo posible excesos represivos. Cabe recordar que las Fiestas Patrias previstas para ese mes de septiembre de 1973 se realizaron en forma normal. (…) (2) Dada la situación internacional que vivía el país al enfrentar un eventual e inevitable conflicto bélico con el Perú, provocado por la abierta ambición de su Presidente Velasco Alvarado de recuperar territorios perdidos durante la Guerra del Pacífico, con el apoyo del comunismo desde el interior del país, como desde Cuba y Rusia, el regimiento debió, como vanguardia militar del país, acelerar su alistamiento para la guerra, reforzar el terreno (camellones, puestos de mando, instalaciones simuladas, etc.), redesplegar sus instalaciones, especialmente logísticas, en áreas alejadas del cuartel. Paralelamente, había necesidad de buscar el apoyo civil a dicho esfuerzo militar, exaltando el espíritu patriótico de la población; para ello se organizaron brigadas de apoyo sanitario y de operaciones para ir en ayuda de la población civil ariqueña”.
Y termina la carta diciendo: “La ausencia en el texto que US. hiciera llegar (de lo) relacionado con el Gobierno Militar y particularmente de las acciones, hechos y obras que desarrollara el glorioso ‘Rancagua’, le reiteramos, señor comandante, entraña una omisión incomprensible, que lesiona nuestra alma de soldados y que resta valiosos elementos de juicio a la propia trayectoria en el tiempo de nuestra querida unidad”.
Evidencias probatorias desaparecidas
            Ha sido responsabilidad del Ejército un enorme perjuicio, derivado de una decisión suya, inferido a militares procesados y condenados, pero inocentes de delitos.
En efecto, hubo fusilamientos ilegales, sin conocimiento de la superioridad, que un oficial dispuso actuando por su exclusiva cuenta y que tuvieron lugar al paso de la comitiva del general Arellano por el norte. Esos fusilamientos constaban en actas levantadas y firmadas en los lugares de los hechos y agregadas a los expedientes de los Consejos de Guerra, cuyos integrantes exigieron al principal autor de la orden de proceder a aquéllos –que fue uno solo en dos ciudades– dejar constancia de que había procedido por sí y ante sí y por la causa que él dejó en cada caso estampada por escrito, en La Serena y Calama (en Antofagasta no, porque no le fue requerido y cometió su acción ilegal en horas de la madrugada y en lugar alejado).
            En esas actas o constancias quedaba clara la falta de toda responsabilidad del general Arellano, delegado del general Pinochet, y naturalmente de este último.
            Fueron examinadas por el primero de ellos, sus abogados y el, a la sazón, director de la CNI, general Humberto Gordon, en 1986. Es decir, hasta entonces se conservaban en el Archivo del Ejército. Pero después esos expedientes “se perdieron” y no pudieron ser utilizados como prueba en la causa ilegal abierta por el ministro sumariante Juan Guzmán en 2000 y que terminó en el desafuero y procesamiento del senador y ex presidente Pinochet.
            Este proceso viciado es el que sirvió de base para hablar de “los crímenes de Pinochet”, que yo expuse y denuncié en mi libro de 2000 titulado “La Verdad del Juicio a Pinochet”.
            La inexplicable desaparición de los expedientes del archivo del Ejército impidió usarlos como prueba de inocencia.
Cheyre replica a “El Mercurio”
            En su sección “La Semana Política” del 6 de febrero de 2005 “El Mercurio” expresó:
            “El cúmplase de la primera sentencia que deja a firme la tesis del “secuestro permanente” ha dado lugar al vejamen callejero de los oficiales condenados, al ingresar a notificarse. Ello y la previsible reiteración de parecidos hechos, al cierre ya próximo de otros 355 procesos, marca el término de una etapa jurídico institucional que proyecta una imagen desfavorable del gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden (…)
            “(…) se abrió un proceso de revisión histórica y judicial que progresivamente fue haciendo olvidar quiénes declararon la guerra a la democracia, hasta llegarse al momento actual en que los otrora guerrilleros y terroristas son ‘víctimas’ y los uniformados ‘victimarios’. (…)
            “La izquierda ha conseguido, pues, la anhelada venganza contra las instituciones que le vedaron sus propósitos. Sus prosélitos lo celebran cubriendo de oprobio y atentando de hecho contra los ex oficiales convocados a los tribunales.
            “Los vejámenes han provocado una tibia reacción del Ejército, que ha procurado evitar el escarnio público de sus ex miembros. (…)
            “En resumen, las Fuerzas Armadas y de Orden han terminado viendo cómo la historia la escriben sus adversarios y quienes, por conveniencia o pusilanimidad, se cambiaron de bando”.
            A raíz de ese editorial, el entonces comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, mandó una carta al diario señalando que dicha opinión le parecía “un hecho grave” y añadiendo:
            “En efecto, cabe preguntarse ¿qué (medidas) espera “El Mercurio” del actuar del Ejército de Chile? (,,,)
            “O es que algunas menos ‘tibias’ podrían ser:
            “¿Avalar el irrespeto a las decisiones judiciales?
           “¿Aceptar presiones indebidas de un afectado por fallos que le parecen inadecuados y carentes del debido proceso?
            “¿Actuar como órgano de presión ante los poderes del Estado y otras autoridades?
            “¿Emplear los medios del Ejército, entregados por la sociedad para la defensa de Chile, en acciones de fuerza de diferente grado y naturaleza?
         “¿Amparar, promover o aceptar actos internos de rebeldía castrense en una institución jerarquizada y disciplinada?
            “¿Amenazar directa o indirectamente, para hacer prevalecer la visión institucional del problema de fondo (que el editorialista soslaya), el cual ha sido debidamente expuesto, en reiteradas oportunidades, a todo el país y sus autoridades, por el comandante en jefe del Ejército, por los canales que corresponde, en todas sus dimensiones y desde que se inició su gestión de mando?” (…)
           “Adicionalmente –¡y éste es el tema de fondo! —con respecto al pasado, su dramático desenlace y los temas pendientes que a todos nos afectan –incluidos víctimas y camaradas de armas— cabe hacer presente que no es al Ejército, sino a la sociedad, sus autoridades y poderes del Estado a quienes compete dar completa solución a los problemas que perduran de una crisis política iniciada hace más de tres décadas”.
            Hasta ahí la carta. Nótese una frase de Cheyre que analizo más adelante y que lo dice todo: aquella donde habla de “víctimas y camaradas de armas”.
            Yo, como redactor decano del diario, tenía hecha la respuesta a Cheyre y sus múltiples “preguntas-soluciones alternativas”, pero “El Mercurio” no quiso replicar. Cuando tomó esa decisión se añadió una razón importante a otras que posteriormente tuve para renunciar al diario, como en definitiva lo hice en 2008.
Mi no acogida réplica a las preguntas-hipótesis alternativas de Cheyre que, yo estimaba, el diario debió publicar, habría dicho, aludiendo directamente a las alternativas sugeridas por Cheyre:
            “Ninguna de las anteriores. El comandante en jefe del Ejército integra el Consejo de Seguridad Nacional, que tiene como atribución ‘hacer presente al Presidente de la República, al Congreso Nacional o al Tribunal Constitucional su opinión frente a algún hecho, acto o materia que, a su juicio, atente gravemente en contra de las bases de la institucionalidad o pueda comprometer la seguridad nacional’.
            “Él tiene, pues, el derecho y el deber de denunciar el grave atropello a una de las bases de la institucionalidad, el debido proceso, que está teniendo lugar en perjuicio de personal uniformado al que los tribunales desconocen derechos establecidos en las leyes vigentes”.
            Pero el diario no quiso polemizar con Cheyre y no respondió a su carta.
“Víctimas y camaradas de armas”
            En todo caso, como ya hice ver, en esa carta el general Cheyre se refería a “víctimas y camaradas de armas”, frase que pone de manifiesto su juicio histórico, temple y postura.
Es que había adoptado la dialéctica del adversario. ¡Triunfaba la tesis de que había existido un solo bando en lucha! ¡El armamentismo de izquierda se había esfumado!
La norma que permitía a dos miembros del Consejo de Seguridad Nacional convocarlo fue después derogada, porque los políticos comprendieron antes y mejor que los militares la importancia que ella tenía.
Desde las reformas de septiembre de 2005, impulsadas por Ricardo Lagos, el Consejo sólo puede ser convocado por el Presidente de la República, pero de hecho casi nunca lo es.
Ello se explica porque todos los Presidentes, desde 1990 a la fecha, han sido personalidades opositoras al gobierno militar y han alentado, en diferente grado, la persecución ilegal contra los militares. En particular Sebastián Piñera, que ha sido coautor de dicha persecución, como impulsor del mayor número de querellas presentadas contra uniformados que cualquier otro mandatario post 1990.
            Pero, así y todo, en conclusión, el Consejo de Seguridad Nacional conserva la atribución de los Comandantes en Jefe de denunciar en su seno las vulneraciones de la institucionalidad. Claro que siempre que sea convocado por el Presidente de la República. Y que algún alto mando se atreva a plantear el tema. Pero ninguno se ha atrevido en 29 años.
Falta de apoyo institucional
            Los vejámenes sufridos por los ex uniformados injusta e ilegalmente procesados han sido múltiples, pero lo paradójico ha sido que, cuando se han quejado, el castigo para ellos ha provenido de sus propias instituciones.
            Fue lo que le sucedió al almirante Kenneth Gleiser, que era director médico del Hospital Naval de Talcahuano y fue destituido después de enviar un correo electrónico a sus camaradas refiriendo lo que vio y soportó en el buque-escuela “Esmeralda”, donde la ministra sumariante Eliana Quezada decidió interrogarlo a él y otros oficiales, en el caso de la “desaparición”, que no fue tal, del renunciado sacerdote, devenido revolucionario de izquierda, Miguel Woodward, quien murió de un paro cardiorrespiratorio en el Hospital Naval de Valparaíso en 1973.
            El 18 de abril de 2008 Gleiser y otros ex marinos fueron sometidos a proceso y detenidos por orden de dicha ministra, como autores del “secuestro calificado” del ex sacerdote. Nótese que, como antes hemos comentado, el secuestro calificado es un delito que está en el título “De los crímenes y simples delitos cometidos por particulares” del Código Penal, y los marinos procesados no eran, en 1973, “particulares”, sino funcionarios públicos. Esta es una “aplicación del derecho penal por analogía” –ilegalidad manifiesta en todas las legislaciones—   que es habitualmente cometida por la justicia de izquierda chilena.
            En este caso los demás uniformados víctimas del mismo prevaricato fueron los vicealmirantes de la Armada (r) Guillermo Aldoney, Juan MacKay, Adolfo Walbaum y Sergio Barra; el capitán de navío (r) Ricardo Riesco y el teniente primero (r) de sanidad Carlos Costa, este último en calidad de cómplice.
            La información periodística terminó expresando: “La Armada señaló que no se pronunciará sobre temas judiciales”. (“El Mercurio”, 19 de abril de 2008).
            Pero sí debió pronunciarse, porque los oficiales eran todos ex funcionarios suyos. Además, porque, como vimos, el delito de secuestro sólo pueden cometerlo particulares, según el Código Penal, y los referidos marinos no lo eran. Pero aun si la Armada no hubiera tenido nada qué decir sobre eso, sí tenía la obligación de pronunciarse sobre la siguiente e increíble afirmación de la ministra sumariante Quezada en su fallo:
 “(Woodward) fue privado de su libertad de desplazamiento, manteniéndosele bajo detención o encierro en recintos de la Armada, lo que se ha prolongado desde el mes de septiembre de 1973 hasta la época actual”.
Es decir, acusó a la Armada de tener ilegalmente preso a Woodward hasta 2008 ¡y ésta respondió que “no se pronunciaba”!
            Por supuesto que tenía más de algo qué decir: primero, la jueza faltaba a la verdad, lo que bastaba comprobar inspeccionando todos los recintos navales en busca del “secuestrado”; segundo, la ministra estaba procediendo ilegalmente contra quienes fueron miembros de la Armada y por sus actos de servicio; tercero, ésta debía representar públicamente a la ministra esa ilegalidad, porque, como institución, estaba siendo acusada públicamente de una detención ilegal; y, por último, que ésta no sólo no es, sino que no puede ser efectiva, porque el supuesto detenido murió en 1973.
Y debió añadir que el Poder Judicial estaba atentando contra una de las bases de la institucionalidad, como lo es el debido proceso, de modo que en la primera oportunidad en que fuera convocado el Consejo de Seguridad Nacional haría presente a la Presidenta de la República, al Congreso Nacional, a la Corte Suprema y al Tribunal Constitucional este grave atropello, en los términos en que la Constitución la autorizaba.  
            Si las Fuerzas Armadas y de Orden hubieran ejercido sus derechos en defensa de sus miembros pasivos ilegalmente perseguidos por los tribunales, pienso que estos últimos lo habrían pensado dos veces antes de haber seguido burlándose del estado de derecho.
Y también opino que ninguno de los actuales Presos Políticos Militares estaría, como hoy, tras las rejas por supuestos “delitos de lesa humanidad”, pues éstos no existían hasta 2009 en la legislación chilena e invocarlos por parte de los tribunales, como lo hacen constantemente, es constitutivo de otro flagrante atropello al debido proceso y, por tanto, a la institucionalidad del país, por cuya integridad el Consejo de Seguridad Nacional debe velar.
Me “alejo de la orientación editorial” del Ejército
            Viendo la orfandad de la defensa de la Revolución Militar Chilena frente a los ataques y denigraciones infundados que por años ha recibido, y habiendo vivido y estudiado el desempeño del Gobierno Militar, resolví, como antes señalé, escribir la Historia de dicha Revolución iniciada el 11 de septiembre de 1973.
Trabajé durante un año y medio y consulté un centenar de libros serios, aparte de mis archivos de más de veinte años de actividad vinculada al periodismo y la actualidad nacional, y publiqué un volumen de 650 páginas.
            Si había sido partidario del régimen militar y permanecido como tal cuando la mayoría se alejaba de él, en medio de la marea propagandística de consignas adversas y cuando los cerebros estaban siendo lavados, debo reiterar que al término de mi investigación y redacción de la referida historia me convertí en un partidario todavía más convencido.
            Terminado de escribirse el original del libro antes mencionado decidí llevarlo a sólo tres entidades editoriales: “El Mercurio”, que había publicado anteriores libros míos; Zig Zag, por su capacidad de distribución y venta y que en 1987 había publicado mi ensayo “Sí o No”; y la Academia de Historia Militar, por tratarse de un tema vinculado a su quehacer y a la defensa del papel del Ejército en la historia de Chile, en particular frente a la marea de desinformación izquierdista que había partido bajo el patrocinio del KGB soviético, como lo denunció Paul Johnson, el mismo 11 de septiembre de 1973, desinformación continuada hasta hoy, alcanzando ya hasta a los fallos de los tribunales.
            Tras algunas semanas recibí una carta de la Academia, donde me indicaba que no editaría mi obra por “alejarse de la orientación editorial de esta institución”.
            Si el elogio y la defensa de la Revolución Militar Chilena y la elevación de ésta a la categoría de acontecimiento de importancia mundial “se aleja de la orientación editorial” de la Academia de Historia Militar del Ejército al cual ella pertenece, quiere decir que dicha institución también merece justificadamente figurar en los anales de lo que he llamado “miseria moral de la chilenidad actual”.
Y el último desfallecimiento militar
            Un acto deportivo organizado por oficiales en retiro en la Escuela Militar en octubre de 2018 derivó en expresiones de reconocimiento al brigadier (r) Miguel Krassnoff Martchenco, como ex subdirector de la Escuela, estando presente un hijo suyo, oficial de Ejército de distinguida trayectoria.
            Los medios de la corriente de opinión dominante hicieron un escándalo de esta mención, perfectamente normal, sobre todo tratándose de un preso político militar de impecable hoja de vida en su institución, condecorado con la Medalla al Valor del Ejército e ilegalmente condenado en forma reiterada.
            Pero el director de la Escuela Militar, un oficial intachable, el coronel Germán Villarroel, debió pasar a retiro ante la presión mediática izquierdista, la visible molestia del gobierno de Piñera y el silencio cobarde de los políticos de la derecha. El hijo del brigadier (r) Krassnoff presentó su expediente de retiro. Su carrera estaba terminada por razones políticas, no profesionales. Tan bajo ha caído Chile hoy.
            “El Mercurio” opinó editorialmente, el 21 de octubre de 2018, plegándose a la mayoría y al desfallecimiento militar: “Lo sucedido daña la imagen del Ejército y expone a la institución a una corrosiva controversia pública”.
            Y ese diario aportó todavía un último colofón a la injusta remoción, en aras de dar en el gusto a la extrema izquierda violenta del país: dijo que lo sucedido en la Escuela “lesiona esfuerzos transversales por establecer una doctrina inequívoca de rechazo a las violaciones a los derechos humanos.”
            Hizo sinónimos “reconocimiento al Gobierno Militar” con “violaciones a los derechos humanos”. Nunca la izquierda recibió mayor rendición de un bastión adversario.
            No sólo uno, sino dos bastiones cayeron ese día: el decano de la prensa chilena y soporte cívico de la Revolución Militar y el Ejército que la encabezó, rendidos a la dialéctica comunista y a la falsificación de la verdad histórica.
            La versión marxista del caso chileno obtiene así su triunfo final en la posguerra del intento armado de transformar a Chile en otra colonia soviética entre 1970 y 1973.
            Vergüenza.  
CAPÍTULO VIII
LA TRAICIÓN DE OCCIDENTE
            Pero las miserias contra el gobierno militar no han sido sólo chilenas. Las hubo también norteamericanas y europeas.
            La actitud del mundo occidental ante la épica victoria chilena contra el comunismo me hizo recordar un libro muy leído en mis tiempos de estudiante: “La Decadencia de Occidente”, de Oswald Spengler.
Occidente, entre 1973 y 1989, no valía nada como baluarte de la civilización si le cedía el campo a las consignas del epítome de la barbarie que era la Unión Soviética. Ésta no cayó por un triunfo sobre ella de Occidente, sino bajo el peso de sus propias contradicciones a inviabilidad. Más influyó en la caída del Muro de Berlín y del Telón de Hierro el ejemplo del éxito chileno y su eco internacional que alguna acción norteamericana o europea, pues no emprendieron ninguna, como no fuera someterse a las consignas soviéticas y sumarse a la URSS en sus agresiones a Chile.
El agente del KGB soviético que desertó, Vasili Mitrokhin tuvo un acierto en el título de su libro, antes citado: “The World Was Going Our Way”: “El Mundo Seguía Nuestro Camino”. Tan perdido estaba Occidente.
Este desfallecimiento occidental lo denunció desde un principio el teniente coronel de la Armada norteamericana Patrick Ryan, miembro de la misión naval de su país acá entre 1972 y 1976. Escribió en noviembre de ese último año un artículo titulado El Chile de Allende y los Mil Días Perdidos, que se publicó sin pie de imprenta acá y en el cual expresó:
 “Durante diez años, los Estados Unidos luchó contra el comunismo en Vietnam, país localizado a unas 7 mil millas de las costas de California, con una trágica pérdida de 55 mil vidas norteamericanas, seis veces más la cantidad anterior en heridos, sin tomar en cuenta el tremendo costo de 150 mil millones de dólares. Artistas como Bob Hope tenían que viajar a levantar la moral de las tropas (…) ¡Perdimos la guerra!
“Por otro lado, la República de Chile, situada en nuestro hemisferio, luchó contra el comunismo en el patio trasero de los Estados Unidos, sin la ayuda de los B-52, de la VII Flota y sin la visita de Bob Hope. Ningún dedo norteamericano apretó gatillos de M-16, ningún desfile horroroso de ataúdes envueltos en la bandera norteamericana fue enviado vía aérea diariamente desde Santiago de Chile para ser sepultados en los Estados Unidos. Lo que es más aún, sin nuestra ayuda y sin sentirse abrumados con nuestra táctica de ‘respuesta calculada’, los chilenos derrotaron al comunismo.
“El gobierno de los Estados Unidos no ha aplaudido esta brillante derrota del comunismo, pero, en forma increíble, nuestro Senado y el Congreso, por medio de la Enmienda Kennedy al Acta de Ayuda al Extranjero, han terminado toda la ayuda militar al nuevo gobierno anticomunista de Chile. ¿Por qué?”
¿Así trataban los Estados Unidos a sus países amigos, que tenían con ellos un adversario común, la Unión Soviética? Chile comprobó en los ’70 que hay algo más peligroso que ser enemigo de los norteamericanos: ser su amigo.
Traiciones norteamericanas
La administración de Jimmy Carter nunca comprendió el valor que para los intereses norteamericanos implicaba que nuestros militares, a instancias de la mayoría civil, hubieran salvado a Chile de caer en la órbita soviética.
En diciembre de 1979 nuestro país estaba completamente pacificado y era próspero. En la lucha contra la guerrilla interna sólo se habían registrado ocho caídos en un año, pero Carter seguía hostilizando a la Junta y anunció que: (1) Reduciría el personal de su embajada en Santiago; (2) No habría préstamos a través del Eximbank; (3) Pondría término a la venta de equipos militares por más de seis millones de dólares que Chile necesitaba con urgencia; y (4) No avalaría préstamos a compañías privadas chilenas.
Todo ello por considerar que el gobierno no investigó suficientemente la responsabilidad de tres oficiales involucrados en el caso Letelier, siendo que la Junta había entregado al autor material del mismo, el norteamericano Michael Vernon Townley, al FBI.
            Conclusión: donde mejor eco encontró la campaña antichilena originada en el KGB y denunciada por el historiador Paul Johnson, fue en el gobierno demócrata de Jimmy Carter. Era la Decadencia de Occidente.
Esas hostiles medidas no fueron populares en Chile y suscitaron el repudio de la “Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa”, que representaba a más de 600 mil entidades productivas.
Decidoramente, el diarioIzvestia” de Moscú decía, por los mismos tiempos: “Para evitar un segundo Chile las tropas soviéticas deben permanecer en Afganistán mientras subsistan las causas que provocaron su presencia”. Es decir, “hasta que se garantice que lo peor será evitado y que Afganistán no se transformará en un segundo Chile”. Moscú era tan leal con los regímenes comunistas como Washington desleal con los anticomunistas. (Gonzalo Vial: “Pinochet, la Biografía”, tomo II, p. 244).
En Moscú el Partido Comunista Chileno celebraba el primer pleno del Comité Central en el exilio y aprobaba por unanimidad un informe de 120 páginas de su Secretario General, Luis Corvalán, quien había sido canjeado por la Junta por un activista ruso de los derechos humanos que tenían preso, Valery Bukovsky, el cual nunca agradeció al gobierno chileno su libertad. Almorcé con él en Santiago tras su liberación y en seguida me di cuenta de que era un malagradecido y criticaba al gobierno chileno repitiendo los lugares comunes propios de las “élites habladoras”.
Corvalán, en ese tiempo, confesaba su fracaso en infiltrar, neutralizar y dividir a las Fuerzas Armadas chilenas. “La destrucción de las Fuerzas Armadas, como uno de los elementos de la política militar, era condición ineludible para que los comunistas asumieran el poder total en Chile. Recuérdese que Lenin establecía el principio de que ‘sin desorganización del Ejército no se ha producido ni puede producirse ninguna gran revolución’”, afirmaba. (Juraj Domic: “Política Militar del Partido Comunista”, p. 60).
Nótese su confesión de que buscaban “el poder total”. Y de que buscaban “la destrucción de las Fuerzas Armadas”. Pero ni siquiera con la colaboración de Occidente en general, y de los Estados Unidos en particular, los comunistas lo pudieron conseguir.
Uvas envenenadas
            A fines de los ‘80 tuvo lugar una de las maniobras más sospechosas del confuso y lamentable papel que jugaron los Estados Unidos respecto del Gobierno Militar: su Agencia de Control de Alimentos y Medicamentos (FDA) comunicó al gobierno chileno que veinte gramos de uva negra procedente de nuestro país contenían indicios de cianuro y que se había dado instrucciones de que la fruta chilena exportada al país del norte fuera retirada de los lugares de expendio. Ese mero anuncio era catastrófico para la agricultura chilena.
“Incluso se publicaron versiones, no desclasificadas hasta hoy, que indicaban que la embajada de Estados Unidos habría tenido conocimiento previo de un borrador del discurso del 11 de marzo, en el cual el general Pinochet anunciaría un no rotundo a las reformas y que el caso de las uvas había sido su efecto”, pensaba el ministro del Interior chileno, Carlos Cáceres. (Patricia Arancibia: “Carlos F. Cáceres”, p. 113).
El episodio tenía tres características de una típica intervención de la inteligencia norteamericana: 1) equivocada (Pinochet no iba a hacer el anuncio que se le atribuía); 2) torpe (los exportadores chilenos se movilizaron ágilmente y “convencieron” a los sindicatos norteamericanos de desembarcar y distribuir la uva de todas maneras); y 3) útil al interés soviético (un elemento de extrema izquierda dejó sus huellas digitales en la primera denuncia de envenenamiento de uvas, mediante un llamado a la embajada norteamericana en Santiago).
En efecto, la embajada recibió el llamado, al cual dio gran publicidad.
De hecho, fueron interrumpidos los embarques de uva a los Estados Unidos durante más de una semana. Fueron destruidas 300 mil cajas de la fruta y el daño para los productores nacionales se estimó en 300 millones de dólares.
Pues hubo naciones asiáticas que también interrumpieron sus importaciones de uva chilena con sólo enterarse de las noticias, por temor a envenenamientos colectivos.
El almirante José Toribio Merino dijo: “Es una canallada más de las tantas que nos han hecho los Estados Unidos”. El ministro de la Vivienda, Miguel Ángel Poduje, atribuyó el atentado al Partido Comunista, la tesis más verosímil. Un autor y ex ministro de Minería del Gobierno Militar, Jorge López Bain, en su libro “Testigo Presencial”, p. 212, interpretó así los hechos, tras haber visitado los Estados Unidos y conversado con varias de sus autoridades:
            “No pasaría mucho tiempo para que se llegara al límite de la desvergüenza cuando, en un intento por desestabilizar al Gobierno chileno, funcionarios de Aduanas norteamericanos inyectaron cianuro en una partida de uvas destinadas a los mercados de Estados Unidos, haciéndolo aparecer como de responsabilidad de los productores y exportadores chilenos. Obviamente, el solo anuncio de haberse detectado cianuro en las uvas produjo, en forma automática, el cierre de mercados de exportación de uva chilena. Demandó años el recuperarlos”.
            Con “países amigos” como ése ¿quién necesita enemigos?
            La Decadencia de Occidente.
Incomprensión británica
            A raíz de la detención de la doctora británica Sheila Cassidy por prestar auxilios médicos y ocultar a terroristas del MIR, heridos en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad (que éstas no provocaron) en una parcela de Malloco, el gobierno laborista británico de Harold Wilson –que desde su asunción al poder suspendió la ayuda económica y la entrega de armamentos y repuestos de equipos y aviones vendidos a Chile— procedió a retirar a su embajador, dejando las relaciones diplomáticas a nivel de encargados de negocios por casi tres años.
            El laborismo (socialismo) británico se portaba así muy solidario con el socialismo (comunismo) soviético.
            La actitud británica revelaba la completa incomprensión del Reino Unido acerca del problema que el terrorismo marxista representaba para Chile. Era, desde luego, una amenaza mayor que la del terrorismo del Ejército Republicano Irlandés para ellos, los ingleses que, con motivo de la necesaria represión de ese enemigo armado fueron también objeto de acusaciones de violar los derechos humanos.
Pero, paradójicamente, los propios comunistas chilenos, junto con reconocer la existencia del terrorismo mirista, del cual se había hecho cómplice la doctora Cassidy, lo criticaban, considerándolo como “formas de lucha prematuras e inorgánicas, fáciles por tanto de derrotar, las que llevan en definitiva al desaliento de las fuerzas armadas antifascistas”.
Piratería británica del siglo XX
En una acción derechamente miserable, a instancias de dirigencias sindicales escocesas digitadas desde Moscú, los motores Rolls Royce de aviones Hawker Hunter de la Fuerza Aérea, que habían sido enviados para su reparación programada en Gran Bretaña, fueron retenidos ilegalmente y no devueltos a Chile en la fecha prevista, con la autorización del régimen laborista de Harold Wilson.
Este acto de piratería internacional permaneció impune y representó una complicidad inglesa con los más bajos propósitos del comunismo soviético, que tenía a nuestro país como blanco preferente, dejándonos en la indefensión aérea en los peores momentos que vivía Chile bajo la triple amenaza de Perú y Bolivia en el norte, que gestaban una revancha de la Guerra del Pacífico, y de las ambiciones argentinas sobre territorio insular chileno en el sur.
Estas últimas fueron providencialmente distraídas en 1982 por la invasión de las islas Malvinas, que el presidente argentino, el general Galtieri, describió en un discurso en la Plaza de Mayo, como “el primer paso en la recuperación del territorio insular austral argentino”. El “segundo paso” era, obviamente, la “recuperación” de las islas australes chilenas, providencialmente postergado, con toda seguridad, porque los generales argentinos supusieron, equivocadamente, que la conquista de Malvinas iba a ser más “barata” que la de las islas chilenas Lennox, Picton y Nueva, pues los ingleses no iban a incurrir en un tremendo gasto y una arriesgada empresa guerrera de venir a combatir a una región remota para recuperar sus pequeñas, olvidadas y escasamente habitadas Falklands.
Es que los generales argentinos no conocían a Margaret Thatcher, pero sí conocían a Augusto Pinochet.
En todo caso, el hecho fue que en los cruciales años 70 el Reino Unido clavó un puñal en la espalda de los vencedores chilenos del comunismo y nos privó de defensa aérea al embargar los referidos motores Rolls Royce de los aviones Hawker Hunter, que contractualmente estaban obligados a reparar y restituir.
Y ha sido una miseria más de la vergonzosa chilenidad actual que un escultor inglés de ascendencia indo-iraquí, Anish Kapoor, esté presentando en Santiago, en mayo de 2019, en una exposición de sus gigantescas esculturas, una representativa, precisamente, de los motores Rolls Royce secuestrados en 1975, en una verdadera burla a la historia del país.  (“El Mercurio”, 5 de mayo de 2019).
            Pues Kapoor ha añadido que son los motores de los Hawker Hunter usados para bombardear La Moneda en 1973, que los sindicatos escoceses retuvieron en 1975 para evitar que fueran usados para “disparar sobre el pueblo chileno”. Esos sindicatos escoceses estaban tan digitados desde Moscú como la fundación de Amnesty International, que el historiador Claudio Véliz desenmascaró como una estrategia soviética, según veremos en la página 170.
            Los motores Hawker Hunter fueron finalmente rescatados de manos de estos corsarios ingleses procomunistas del siglo XX cuando los aliados laboristas de Moscú, como Harold Wilson y compañía, fueron sacados del poder por los conservadores. Pero el enorme daño a Chile quedó ya hecho, mostrando una faceta más de la traición de Occidente a la gesta anticomunista chilena.
            Cuando un equipo de la BBC vino a hacer un reportaje televisivo sobre la situación chilena a fines de los 70, me entrevistó en mi condición de director de “La Segunda” y les hice ver consideraciones similares a las expuestas más arriba. Cuando se exhibió el programa en la BBC mi intervención fue excluida. En 1983, como invitado del gobierno inglés, visité la BBC precisamente a la hora en que se emitía el mismo programa y tuve oportunidad de conversar con su director. Cuando representé mi exclusión de su capítulo sobre Chile, simplemente me respondió: “Facts of life” (“cosas de la vida”)
Vergonzoso sesgo de la prensa norteamericana
Cito a este efecto una parte del comentario del escritor norteamericano Lloyd Billingsley, aparecido en FrontPageMagazine.com | Tuesday, January 24, 2006, sobre un libro publicado en los Estados Unidos, recién citado más arriba, titulado: “The World Was Going Our Way: The KGB and the Battle for the Third World” (Basic Books). (“El Mundo Seguía Nuestro Camino: El KGB y la Batalla por el Tercer Mundo”).
Reproduzco la parte que se refiere a las revelaciones de los archivos del oficial de la inteligencia soviética Vasili Mitrokin, contrabandeadas a occidente en 1992. Dice lo siguiente:
“El volumen también destaca que, en 1976, el New York Times publicó 66 artículos sobre abusos de derechos humanos en Chile y sólo cuatro sobre Camboya, donde el Khmer Rouge mató a 1,5 millones de personas del total de la población de 7,5 millones. Los autores no encuentran una explicación adecuada para esta ‘extraordinaria discrepancia’, pero hay una: los especialistas en desinformación del KGB hicieron bien su trabajo y encontraron a muchos en la izquierda norteamericana dispuestos a creerles.”
Véase la increíble desproporción: 3.197 muertos en Chile durante el Gobierno Militar y 66 artículos de condena del “New York Times”. Un millón y medio de muertos en Camboya y cuatro artículos de condena del mismo diario.
El grueso de la campaña de desinformación acerca de Chile en el mundo lo llevó a cabo la Unión Soviética, pero la prensa norteamericana “liberal” se hizo eco de ella. Fueron los mismos que contribuyeron a la derrota de su propio país en Vietnam.
La Decadencia de Occidente.
El sesgo de la prensa alemana no era menor
Tal vez lo siguiente ayude a explicarlo: en Europa, la publicación alemana Deutschland Magazine de 3 de febrero de 1978, a través de su enviado a Chile, Kurt Ziesel, titulaba: “Moscú Invierte 200 Millones de Dólares en Mentiras Sobre Chile”, suma que el Gobierno Militar ni siquiera cercanamente podía gastar para desvirtuarlas.
Esa información fue obtenida, según la publicación, de agentes del KGB soviético. El enviado Ziesel añade:
Recientemente se descubrieron los métodos que se emplearon para ese fin. El Gobierno Militar ha declarado culpables y ha detenido a 125 miembros de ese preciso servicio secreto (la DINA) y a numerosos funcionarios estatales por desempeñarse como agentes de las potencias orientales. Noche tras noche ellos irrumpían en hogares, arrastraban a la calle a numerosos individuos, los golpeaban, torturaban y asesinaban. Ya a la mañana siguiente la radiodifusión de Moscú proporcionaba antecedentes sobre estas agresiones —supuestamente efectuadas por los militares— agregando en cada caso datos exactos de lugar, tiempo y nombres de los sacrificados. Los agentes habían notificado sus crímenes a Moscú, por radio.
“Ya durante la Segunda Guerra Mundial, Brezhnev realizaba actos similares en Ucrania, donde los agentes soviéticos, vestidos con uniformes alemanes, aterrorizaban a la población con asesinatos y torturas con el fin de transformarlos en guerrilleros contra las fuerzas alemanas. 
         El verdadero escándalo radica en que los medios de comunicación occidentales son, en parte voluntaria y en parte involuntariamente, cómplices de estas maquinaciones de Moscú. De esta manera, la revista ‘Stern’ describió como “sacrificio” el pronunciamiento en contra de Allende, realizado en septiembre de 1973: ‘2.000 cadáveres flotaban en el río Mapocho que corre a través de Santiago’. En realidad, el río Mapocho no lleva nada de agua en septiembre, o a lo sumo una corriente de unos pocos centímetros de profundidad, debido a que el deshielo en los Andes todavía no ha comenzado. No obstante, esta historia de horror fue inescrupulosamente aceptada por numerosos medios de comunicación y todavía se sigue difundiendo.
“El corresponsal de la revista ‘Stern’, Heno Buss, frecuentó un largo tiempo al director de la línea aérea alemana Lufthansa, en Santiago. Un día, cuando apareció de nuevo por las oficinas de Lufthansa, la secretaria le pidió que se retirara. Como él preguntó la razón de esa actitud, se le mostró un artículo escrito por él en la revista ‘Stern’, el cual estaba lleno de calumnias. Buss extrajo el manuscrito original tal cual lo había enviado a la revista. Su artículo había sido transformado por la redacción en algo negativo. ‘Libertad de prensa’ al estilo Nannen & Cía.” (dueños de “Stern”).
Trucaje fotográfico develado en Austria
 Otro episodio notable, que ilustra la intencionada desinformación europea contra la Junta chilena, revelado por el mismo “Deutschland Magazine” y que yo he cotejado y comprobado con el hijo del protagonista, ex gerente general de “El Mercurio”, Jonny Kulka, fue el siguiente:
 “En Santiago, el administrador del hotel en que yo me hospedaba, que era procedente de Viena y de apellido Kulka, me contó la siguiente anécdota, que a él mismo le había sucedido: un año después del pronunciamiento en contra de Allende estuvo de visita en Viena y se encontró con su antiguo compañero de colegio, ahora Canciller Federal austriaco, Bruno Kreisky. Él le reprochó al Canciller que el Partido Socialdemócrata Austriaco (SPO) y los medios de comunicación occidentales divulgaban las mentiras más atroces contra Chile. En vista de eso, Kreisky sacó una fotografía de su escritorio. En ésta se veía una enorme plaza con muchos árboles. De cada árbol colgaba un cadáver. ‘Así se instaló tu régimen militar’, afirmó Kreisky triunfante.
“Kulka observó la foto y movió la cabeza diciendo: ‘Esta fotografía muestra la Plaza Vergara en Viña del Mar, un balneario ubicado a 100 kilómetros al oeste de Santiago. Al fondo se puede ver el Hotel O’Higgins. Durante y después del pronunciamiento yo fui el administrador de ese hotel. Todos los días pasaba, por lo menos unas cinco veces, por esa plaza con sus árboles. Tu foto es un montaje fotográfico, una pésima falsificación con la que tú te dejaste engañar.’ Avergonzado, Kreisky guardó de nuevo la fotografía en el cajón de su escritorio.”
El “Departamento D” del KGB
La desinformación es un arte totalitario. Lo practicó el nacional-socialismo, bajo Hitler y a través de Goebbels, quien sostenía como lema que “una mentira mil veces repetida termina por parecer verdad”.
El servicio secreto soviético, el KGB, tenía un “Departamento D”, de Desinformatsiya, destinado a fabricar mentiras en todo el mundo para favorecer al comunismo. En una oportunidad llegaron a falsificar una edición de la revista “Newsweek” para ser distribuida en Asia y África, en 1963. Un artículo de ella sobre John Kennedy había sido reemplazado completo por otro opuesto, apoyando el interés soviético. El escritor Álvaro Pineda de Castro afirma:
“La revelación la hizo Laszlo Szabo ante el Senado norteamericano, luego de abandonar su cargo de Agregado Civil en la Embajada de Hungría, y agregó que los planes fueron fraguados por el periodista norteamericano Noel Field. Este personaje figuró junto con Alger Hiss en el famoso juicio por espionaje y actividades subversivas que le siguió el comité del Senado sobre actividades antinorteamericanas, en el cual fue condenado por perjurio a varios años de cárcel, en 1948, y en el cual el ex Presidente Richard Nixon tuvo el papel de acusador principal.” (Álvaro Pineda de Castro: “Pinochet: Verdad y Ficción”. Vasallo de Mumbert, Madrid, sin fecha).
La desinformación reviste múltiples modalidades y hasta la prensa más seria resulta infiltrada por ella.
Amnesty International en evidencia
Esta organización, supuestamente dedicada a la defensa de los derechos de las personas en todos los lugares del planeta, fue particularmente poco objetiva y condenatoria del Gobierno Militar chileno, encabezando la propaganda mundial en su contra y desatendiendo o minimizando los enormes desafíos que el terrorismo, pertrechado y financiado por la URSS, Cuba y la RDA, planteaban a la paz interna de Chile.
¿Alguna explicación para esta falta de objetividad, que ha sido muy importante en el proceso de lavado de cerebros a nivel mundial sobre la situación chilena? Léase la cita que viene a continuación, tomada de la publicación de José Piñera, ex ministro de Estado y ex candidato presidencial (1994), “Economía y Sociedad”, en Internet:
“En un extraordinario ensayo recién publicado en español, el historiador Claudio Véliz revela que la organización ‘Amnistía Internacional’ es hija de un fraude político.
“Véliz cuenta cómo él mismo asistió a las reuniones, descritas con lujo de detalles, en las cuales el dirigente comunista irlandés Alec Digges propuso, en 1954, su plan de crear una organización que, bajo el pretexto de apoyar a prisioneros políticos, realizara una labor de desprestigio de los países del mundo libre.
“Véliz explica cómo Digges, quien trabajaba bajo instrucciones del Comintern soviético, sostuvo en una reunión que no convenía que él apareciera dirigiendo la organización. Propone entonces a Peter Berenson (oficialmente ‘el fundador’ de Amnistía en 1961), quien originalmente rechaza la propuesta alegando que no ejercerá de ‘tonto útil’ del comunismo. Después cambia de opinión.”
“O sea, durante casi 50 años el mundo no supo que Amnistía Internacional fue creada como una organización de fachada del partido comunista soviético.
“El ensayo de Claudio Véliz fue publicado originalmente en la revista ‘Quadrant’ de mayo del 2007, me lo entregó personalmente su autor (dice Piñera) y lo distribuí ampliamente en Estados Unidos y Europa. Ahora está en español en la revista ‘Estudios Públicos’ No 108 del Centro de Estudios Públicos, del año 2007.”
“The Economist” antes de su lapidación por la izquierda
El “Fin de Allende”, por The Economist (15 de septiembre de 1973). Primer y último artículo objetivo de la revista respecto de Chile, después del cual fue virtualmente “lapidada” por la izquierda inglesa y mundial y nunca más volvió a “reincidir”, sumándose al coro de detractores de la Junta (1973-1980) y de la presidencia de Pinochet (1981-1990):
“La muerte transitoria de la democracia en Chile será lamentable, pero la responsabilidad directa pertenece claramente al Dr. Allende y a aquellos de sus seguidores que constantemente atropellaron la Constitución.
“El Presidente Allende no se convirtió en mártir, aun cuando fuera cierto que se suicidó el martes. El bombardeo y asalto de su palacio presidencial y la toma del poder por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas de Chile pusieron un fin amargo al primer gobierno marxista libremente elegido en Occidente.
“Y la batalla parece apenas haber comenzado. Con la mayoría de los canales de comunicación de Chile con el mundo exterior aún restringidos, es difícil tener una idea más completa de la violencia que aparentemente continúa. Pero si una sangrienta guerra civil comenzara, o si los generales que ahora controlan el poder deciden no llamar a nuevas elecciones, no habrá duda alguna respecto de quién tiene la responsabilidad por la tragedia de Chile. La responsabilidad es del Dr. Allende y de aquellos en los partidos marxistas que aplicaron una estrategia para controlar el poder total, al punto que la oposición perdió las esperanzas de controlarlos por medios constitucionales.
“Lo que ocurrió en Santiago no es un golpe típicamente latinoamericano. Las fuerzas armadas toleraron al Dr. Allende por casi tres años. En ese período, él se las ingenió para hundir al país en la peor crisis social y económica de su historia moderna. La expropiación de campos y empresas privadas provocó una alarmante caída en la producción, y las pérdidas de las empresas estatales, según cifras oficiales, superaron los 1.000 millones de dólares. La inflación alcanzó a 350% en los últimos 12 meses. Los pequeños empresarios quebraron; los funcionarios públicos y trabajadores especializados sufrieron la casi desaparición de sus sueldos por causa de la inflación; las dueñas de casa tenían que hacer interminables colas para obtener alimentos esenciales, y si es que los encontraban. La creciente desesperación originó el enorme movimiento huelguístico que los camioneros iniciaron hace seis semanas.
“Pero el gobierno de Allende fue más allá de la destrucción de la economía. Violó la letra y el espíritu de la Constitución. La forma en que sobrepasó duramente al Congreso y a los Tribunales de Justicia debilitó la fe en las instituciones democráticas del país.
“El mes pasado, una resolución aprobada por la mayoría opositora en el Congreso señalaba que “el gobierno no es responsable sólo por violaciones aisladas de la Constitución y la ley; ha convertido tales violaciones en un método permanente de conducta”. El sentimiento de que el Parlamento era ya irrelevante aumentó por la violencia en las calles y por la forma en que el gobierno toleró el surgimiento de grupos armados de extrema izquierda que se estaban preparando de manera abierta para la guerra civil.
“Las fuerzas armadas intervinieron sólo cuando estuvo claramente establecido que existía un mandato popular para la intervención militar. Las Fuerzas Armadas tuvieron que intervenir porque fallaron todos los medios constitucionales para frenar a un gobierno que se comportaba de modo inconstitucional.
“El detonante para el golpe fueron los esfuerzos de los extremistas de izquierda para promover la subversión dentro de las fuerzas armadas. El señor Carlos Altamirano, ex secretario general del partido socialista, y el señor Oscar Garretón del Movimiento de Acción Popular Unitaria, ambos líderes de la Unidad Popular de Allende, fueron señalados por la Armada como los ‘autores intelectuales’ del plan de amotinamiento de los marinos en Valparaíso. Los comandantes de la Armada en Valparaíso iniciaron el movimiento esta semana. Pero el rápido éxito del golpe y la participación en él de todas las fuerzas armadas (incluyendo a los Carabineros, entrenados militarmente) sugieren que los planes para el golpe fueron cuidadosamente preparados. Todavía habrá que esperar para comprobar que las fuerzas armadas continúan sólidamente unidas en su oposición al derrocado gobierno. La desaparición de dos comandantes, el Almirante Raúl Montero y el general (José María) Sepúlveda, comandante de Carabineros, quienes fueron reemplazados por sus subordinados anti-marxistas, hace pensar que no todos los altos oficiales estaban a favor del golpe.
“El peligro real de un derramamiento de sangre provendrá de unas fuerzas armadas divididas, o si ocurrieran serios motines entre la tropa. Esto podría producir una guerra civil. Puede esperarse una fuerte resistencia de los comités de trabajadores y de las brigadas paramilitares que el Partido Socialista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria dirigen en Santiago, así como de grupos guerrilleros en el sur. Pero si no consiguen apoyo militar significativo, estos grupos probablemente podrán ser contenidos.
“Cualquiera sea el gobierno que surja del golpe militar, no se pueden esperar tiempos fáciles. También aquellos que sufrieron bajo el gobierno de Allende sentirán la tentación de ajustar cuentas con el bando derrotado. Pocas personas creen que Chile pueda retornar a su forma tradicional de administrar sus asuntos.
“El trabajo de reconstrucción costará un enorme sacrificio, de la misma forma que ocurrió en Brasil cuando Roberto Campos era responsable de la planificación económica durante los años posteriores al golpe de 1964. Esto no significa que Chile se convertirá en otro Brasil. Por una parte, Chile es probablemente un lugar menos violento –aún en estos momentos– que Brasil y, por otra, los generales chilenos tienen una concepción bien distinta de su rol comparada con aquella de los generales que apoyan al señor Campos. Ellos aceptan que es demasiado tarde para revertir muchos de los cambios impuestos por el Dr. Allende; por ejemplo, en su intento por reconstruir el sector privado, ellos pondrán más énfasis en traer de regreso a los inversionistas extranjeros y en crear nuevas industrias que en devolver lo que fue expropiado.
“El General Pinochet y los oficiales que lo acompañan no son peones de nadie. Su golpe fue preparado en casa, y los intentos por hacer creer que los norteamericanos estaban implicados son absurdos, especialmente para quienes conocen la cautela norteamericana en sus recientes tratativas con Chile.
“El gobierno militar-tecnocrático que está aparentemente tomando forma intentará reconstruir el tejido social que el gobierno de Allende destruyó.
“Esto significará la muerte transitoria de la democracia en Chile, lo cual será deplorable, pero no debe ser olvidado quién lo hizo inevitable.”
Pues bien, la izquierda mundial repudió ese objetivo análisis y, visto eso, “The Economist” nunca más se atrevió a repetirlo y, simplemente, se plegó a la corriente mayoritaria desinformada y a las “élites habladoras” del mundo, como las denominó el historiador Paul Johnson, dedicadas a repetir las consignas soviéticas sobre Chile. Y eso dura hasta hoy.
La Decadencia de Occidente.
EPÍLOGO
Al fin y al cabo, Pinochet y la Junta no sólo han resultado abandonados por la derecha y la DC chilenas después de 1990, las mismas que les imploraron intervenir en 1973, sino también por la mayoría de los propios militares que los sucedieron en los mandos institucionales y, en particular, por los del Ejército. Y todas las ramas les volvieron la espalda a sus propios camaradas perseguidos ilegalmente por la justicia de izquierda.
Asimismo, Pinochet y la Junta han sido abandonados por los medios de comunicación que los apoyaron en su ejercicio del poder, y a los cuales su gobierno apoyó cuando tuvieron dificultades económicas, pero que después también les volvieron la espalda a la hora de la venganza judicial de la extrema izquierda.
Y, aún, lo han sido por tantos que fueron sus partidarios civiles y después “se han dado vuelta la chaqueta” y calumnian su desempeño gubernamental.
Pero ese gobierno fue el mejor del país en el siglo XX, si es que no en toda su historia independiente, en relación a los obstáculos que logró vencer, a los profundos cambios que introdujo y al lugar al que elevó a la nación en el concierto internacional. El mérito de sus logros se acrecienta por varias razones:
            Primera, porque enfrentó circunstancias muy difíciles, como la ruina económica heredada de la Unidad Popular, el aumento del precio de la principal importación chilena, el petróleo, a raíz de la guerra del Medio Oriente; la simultánea caída del precio del cobre, nuestra principal exportación; una hiperinflación descontrolada, la mayor del mundo en ese año 1973; el default en el pago de la deuda externa, la pérdida de las reservas del Banco Central; el desafío subversivo interno, constituido por los grupos terroristas de izquierda organizados al amparo de la Unidad Popular, con un importante aporte de guerrilleros extranjeros (“diez mil” decía Aylwin entonces; “doce mil” la OEA); y los intentos marxistas de infiltrar a la Armada y dominar la Fuerza Aérea, estos últimos dejados al descubierto por los procesos de la FACH, que una reciente jurisprudencia desfachatada de la Comisión Interamericana de DD. HH. ha “anulado” cuarenta años después.
            Segunda, porque resultó admirable que a partir de ese desastre pudiera organizar una administración, sin tiempo de preparación ni programa previo, en medio del caos y la lucha armada, y salir adelante. Sobre todo, enfrentando la agresión de una de las dos grandes potencias de la época, la URSS, y la hostilidad de los sectores de izquierda de todo Occidente, que hasta generaron en la otra gran potencia, los Estados Unidos, y en Europa occidental, un clima de hostilidad hacia Chile, cuya principal consecuencia fue la “Enmienda Kennedy”, dirigida a prohibir la venta de armas a nuestro país cuando enfrentaba graves desafíos fronterizos.
            Tercera, contra todo lo que se dice, no menos admirable fue que la lucha contra la subversión tuviera lugar procurando respetar los derechos humanos, por propia convicción y como lo exigían otros países y los organismos internacionales, fuertemente influidos por la URSS. Tal esfuerzo por respetarlos lo acreditaron la Declaración de Principios del régimen, de 1974, instituyendo como uno de ellos proteger los derechos de las personas; las circulares e instructivos en igual sentido emitidos por la Junta y su Presidente a todo el personal bajo su mando, a fines de 1973 y comienzos de 1974; y todo ello confirmado por el hecho de que en 1977 se disolviera la DINA y se pusiera término a las funciones de su director precisamente por conductas violatorias de los derechos humanos, confirmándose así que la política del régimen era la de preservar su integridad .
            Cuarta, el hecho objetivo de que el modelo económico-social instaurado por el régimen militar elevó a Chile desde lugares postergados del mundo subdesarrollado a la cabeza de América Latina en materia de crecimiento.
Quinta y confirmatoria de lo anterior fue la opinión de uno de los más importantes historiadores contemporáneos, Paul Johnson, quien escribió, en su libro “Héroes”, lo siguiente: “Pinochet rigió dos décadas a Chile y convirtió al país en el más rico de América Latina (…) Él entregó el poder voluntariamente y no me cabe duda de que los historiadores de este siglo lo reconocerán como el mejor estadista que ha tenido Chile. Yo he analizado la historia del mundo durante los últimos cincuenta años y siempre he visto este proceso de villanización (refiriéndose a la campaña soviética de desprestigio de Pinochet) y de canonización, una y otra vez”.
El mismo historiador añade: “Yo admiro mucho a Chile y su gente y me preocupé cuando mi amigo Salvador Allende llegó a la Presidencia y abrió el país a hordas de extremistas armados de todo el mundo. El resultado fue la inflación más alta del mundo, una violencia generalizada y la amenaza de una guerra civil. Por lo tanto, aplaudí el pronunciamiento del general Pinochet, obedeciendo órdenes del Congreso, y aún más su éxito en revivir la economía y transformarla en la más sólida de América Latina. Pero al impedir la transformación de Chile en un satélite comunista, el general se ganó el odio furioso de la Unión Soviética, cuya máquina de propaganda tuvo éxito en demonizarlo entre las élites habladoras del mundo. Fue el último triunfo del KGB antes de que desapareciera en el basurero de la historia. Pero, para mí, Pinochet sigue siendo un héroe, porque yo conozco los hechos”.  (Paul Johnson: “Heroes: From Alexander the Great and Julius Caesar to Churchill and De Gaulle”, Harper Collins Publishers, New York, 2007, página 279.)
Sexta, desmintiendo también y adicionalmente la acusación de que “violó los derechos humanos”, cualquier estudio objetivo de los hechos concluye que el respeto a los mismos constituía una necesidad de sentido común, dictada por el imperativo de supervivencia del gobierno, pues la acusación de que los violaba le acarreaba sanciones monetarias y crediticias de los organismos internacionales y dictámenes adversos de la propia ONU, que podían conducir a boicots y bloqueos comerciales de enorme perjuicio para la economía nacional.
Por eso es absurda la acusación de que se practicó una “política sistemática y masiva de atropellos” a esos derechos. Si hubo agentes del Estado que incurrieron por su cuenta en tales violaciones, fue contra la política oficial y sin conocimiento previo de la Junta de Gobierno.
Pero sería negar la realidad chilena no ver que una mayoría opina que el Gobierno Militar sí violó los derechos humanos. Esto último lo repiten hasta los que siguen defendiendo su obra, que lamentablemente son cada vez menos.
La miseria moral de la chilenidad actual ha llegado al extremo de que el país permita que centenares de uniformados (r) y aun policías retirados vegeten y mueran en condición de presos políticos, porque han sido condenados por razones partidistas y con violación de la Constitución y las leyes.
Al amparo de esa arbitrariedad monstruosa, se ha tolerado que se institucionalice un “robo perfecto” de recursos del Estado, por un monto reconocido ya de 6.200 millones de dólares, y que va en acelerado aumento, basado en la prevaricación de los jueces.
Su producto va a llenar los bolsillos de los sectores que una vez quisieron someter al país por las armas y hoy se conforman con vivir ociosa y ampulosamente con ese dinero mal habido, bajo el paraguas de la falsificación histórica y del ejercicio de la violencia verbal y física contra quienes osen defender la verdad de los hechos del pasado y la integridad en el comportamiento social.
Ése es el núcleo de la miseria moral en que penosamente pervive la chilenidad actual.
Lamentablemente, también hemos visto que el mundo occidental no lo hace mejor y exhibe su propia miseria moral cuando juzga y condena al régimen que salvó a Chile de dejar, por la fuerza de las armas, de pertenecer a aquél.
FIN

Libertar.cl intenta proporcionar contenido relevante que refleje el gran respeto que Partido Independencia tiene por la verdad y la libertad. Si bien estamos sustancialmente de acuerdo con todos nuestros autores, no siempre reflejan los valores y principios del Partido Independencia. Visite el sitio web del Partido Independencia para obtener más información sobre nuestros principios y objetivos.