Dice que, si hay Asamblea Constituyente, Chile será igual a Venezuela y Cuba. Dos de nuestros cuatro hijos la apoyan. Ella es de alto patrimonio y quiere liquidarlo e irse. Yo le he pedido que espere a la votación de la reforma constitucional en el Congreso, donde podría ser rechazada y todo quedar en nada. O, por último, que espere a abril, donde el triunfo del “No” podría salvar a Chile. Pero ella me replica que dos tercios de los parlamentarios de derecha están por el “Sí”, según “El Mercurio”, así es que van a aprobar la reforma y que mucha gente está tan perdida que en abril va a votar “Sí” y ya eso será “Chilezuela”. Yo duplico argumentando que entonces todavía nos quedan el “plebiscito de salida” y la elección de 2021, pero ella cierra el debate afirmando que la mayoría de tontos de 2019 y 2020 no se va a volver inteligente en 2021 y que ya todo está perdido.

La verdad es que el problema de Chile hoy no consiste en tener razón o no, porque no es un problema racional. El otro día, en una conferencia donde había cuatrocientas personas de alta preparación, un destacado ex ministro y candidato presidencial pidió a la audiencia dar una sola razón para votar “Sí” en abril. Nadie pudo dar ninguna, aunque probablemente había algunos que iban a votar “Sí”. Yo me abstuve de intervenir, pero habría debido puntualizar que el “Sí” no se funda en razones, sino en consignas que la mayoría ha “comprado”: sueldos más altos, mejores pensiones, más igualdad, menos abusos, mejor salud y educación públicas. La plebe cree que una nueva Constitución le va a dar todo eso y parte de la gente ilustrada, pero irreflexiva, también lo cree.

Pero ésos son meros eslóganes. El problema de Chile no es la Constitución ni el modelo de libertad económico-social. El problema es el Estado, es decir, el de los políticos y sus clientelas, que se han apoderado del aparato estatal. En el sector público el 58,6% de los sueldos son de más de un millón de pesos, mientras en el privado la cifra es 19 %. En el sector público sólo el 2,8 % gana menos de 500 mil pesos, mientras en el privado ganan menos que eso el 39,6 % de los empleados (Informe Estadístico de la Dirección de Presupuestos, citado por Gustavo Latorre en “Chile Informa” 07.12.19.)

“Es el Estado, estúpido”. Esa frase debería presidir el debate público chileno. Reitero una vez más: si el gasto fiscal social fuera a manos del 20 % más pobre de los chilenos, cada familia tendría un ingreso de dos y medio millones de pesos al mes (Rolf Lüders, “La Tercera”, 01.11.19). No habría pobres en Chile y seríamos uno de los países más igualitarios de la OECD. Entonces, la revolución hay que hacerla en el Estado. Es allí donde están los abusos: le paga pensiones a cien mil “exonerados políticos” falsos. Multiplique 200 mil por cien mil: son 343 millones de dólares anuales robados. El gobierno de Piñera le da dos mil millones de pesos de subsidio al montaje comunista-socialista bautizado como “Museo de la Memoria”, donde acaban de agregar la “Sala Frei” justo en los días en que se ha revelado que los informes sobre envenenamiento eran falsificados. Los falsos “torturados” de la Comisión Valech son 30 mil que cobran pensiones. Y todos los que medran de la Comisión Rettig y además de pensiones tienen educación y salud gratuitas. No en vano el gasto público en salud se ha multiplicado doce veces entre 1990 y 2018 y el gasto en educación diez veces (Hernán Cheyre, “La Tercera” de hoy). 

¡Y dicen que la mala salud y mala educación públicas son culpa del “modelo”! ¡Si son culpa de los políticos y del Estado de cuyas ubres ellos y sus operadores y clientes maman in cesar!

Le digo a mi mujer que ésa es la revolución que vamos a hacer en Chile: la de convertir al Estado en algo que sirva a los chilenos comunes y no a los políticos y sus clientelas. Y ella me contesta que nadie se atreve contra la Bárbara Figueroa, el doctor Maturana o Mario Aguilar, el dirigente de los profesores rojos que anda con un ojo tapado en estos días. Que está todo hecho para que los revolucionarios ataquen a la fuerza pública, destruyan, incendien y saqueen y que cualquier reacción para detenerlos constituya “violación de DD. HH”. Que esto ya no tiene vuelta y que no sea ingenuo.

Un experto en movimiento de capitales que hemos consultado nos ha dicho que el gran número de familias que están tomando la misma decisión de ella lo ha sorprendido.

El CEP podría hacer una encuesta preguntando: ¿en qué cree más usted, en que Chile será como Venezuela y Cuba o en que triunfará acá la revolución que reducirá el Estado y, con sus recursos hoy malgastados, les dará mayor libertad, igualdad y prosperidad a los chilenos? De su resultado podría depender que mi mujer se vaya o no del país.

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