El senador Juan Antonio Coloma declara que “la presidenta del Senado diga que puede saltarse la Constitución es objetivamente algo muy alarmante”. Y “El Mercurio” lo pone en primera plana. Pero eso ya no es alarmante. Tampoco lo fue que el gobierno de ChileVamos propusiera, impulsara y aprobara, con el voto del senador Coloma, un proyecto inconstitucional que excluyó arbitrariamente del beneficio de cumplir las penas en sus domicilios a los Presos Políticos Militares (PPM) en nombre de haber sido ellos autores de “delitos de lesa humanidad”, delitos que además no existían en nuestra legislación al tiempo de los respectivos hechos.

Decididamente eso fue más inconstitucional que admitir a trámite un proyecto extendiendo el posnatal, que carece del patrocinio del Ejecutivo. En efecto, los exmilitares discriminados no pudieron ser autores de delitos de lesa humanidad, porque hasta 2009 éstos no existían, y la Constitución dice: “Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración”. Ese proyecto violó la Constitución y nadie se alarmó. Tal vez porque nadie lo confesó públicamente, como Adriana Muñoz. Es que en Chile es peligroso ser sorprendido diciendo la verdad.

Peor todavía, ya es habitual que no se respete el inciso 6° del mismo número y artículo de la Constitución que dice: “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado”. ¿Cómo van a haber sido “legalmente tramitados” centenares o miles de procesos que contrarían leyes expresas y vigentes (amnistía, prescripción, cosa juzgada) y se fundan en “ficciones jurídicas”, según confesó públicamente el ministro sumariante que más condenas les ha impuesto a los PPM, Alejandro Solís, en un programa de televisión en que yo le pregunté en qué lugar de sus celdas de dos por dos mantenían a las personas a las cuales él describía en sus sentencias como secuestradas permanentemente hasta esa fecha (y hasta hoy) por ellos? ¡El juez confesó que él “fingía” el secuestro y nadie le dijo nada! Al contrario, al día siguiente el ministro José Antonio Gómez lo premió con un contrato de jugoso honorario para una asesoría en DD. HH. en su ministerio.

Otro precepto fundamental de la Constitución, violado frecuentemente y desde hace años por jueces y ministros de corte, es el artículo 7°, que dice: “Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución y las leyes”. Lo violan los legisladores y el Ejecutivo que discriminan a los PPM y que lleva, por ejemplo, a que se haya condenado a un general retirado hoy nonagenario y con sus facultadces perdidas, a 18 años de presidio por haber salido en 1973 del cuartel de su regimiendto a preguntar el motivo de unos disparos, lo que no es ni ha sido nunca constitutivo de delito, pero que, además, si lo fuera, estaría cubierto por la prescripción, la amnistía y la cosa juzgada. Ultraindebido proceso, ultrainconstitucional, al punto de que bordearía el ridículo si no fuera también trágico.
Otro precepto de la Carta habitualmente violado es un inciso del artículo 19 que dice: “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. Sin ir más lejos, la reciente ley que favoreció a más de cuatro mil reclusos con la prisión domiciliaria, estableció una diferencia arbitraria para excluir a los PPM. Iguales de arbitrarias son las normas que impiden a éstos tener los mismos beneficios penitenciarios que los reos comunes. Y nadie se alarma por eso.

Juristas distinguidos y desde hace muchos años vienen denunciando lo anterior, sin mayor eco periodístico ni alarma de la gente. El penalista y decano universitario Miguel Alex Schweitzer escribía en “La Segunda” del 16 de marzo de 2005, hace quince años, después de enumerar los principios básicos del derecho: “Pues bien todos, y repito todos, esos principios básicos del derecho han sido abandonados en algunos casos que se tramitan ante nuestros tribunales”. El abogado e historiador Gonzalo Vial escribía en el mismo diario, el 2 de febrero de 2006, que existía “una denegación de justicia a un grupo de chilenos por no darles debido proceso, cuya responsabilidad corresponde a la Corte Suprema”. Un voto disidente de un ministro de la propia Corte, citado en la pág. 184 del libro “Prevaricato” de Adolfo Paúl Latorre, dijo: “… es un hecho público y notorio… que la mayoría de los procesos a los cuales se ha nombrado un ministro en visita han sido resueltos en virtud de principios y doctrinas foráneas, apartándose e infringiendo normas constitucionales y legales que rigen la materia”. Y cero alarma, cero titular de primera página. La situación se ha repetido en los siguientes 15 años, pero ya nadie la denuncia.

Los que hoy mandan en Chile, presidente, parlamentarios, tribunales, se han saltado y se saltan la Constitución. ¿A qué tanto escándalo porque la presidenta del senado lo confiesa públicamente? ¿O es que la vamos a lapidar por ser sorprendida, por una vez, diciendo en voz alta la verdad?

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