Lo que pasa hoy tiene su raíz en el 11 de marzo de 1990. Este comienzo de año en medio de los saqueos, los incendios y el retroceso económico es una tragedia para Chile, otrora la “joya más preciada de la corona latinoamericana”. La semilla del mal actual se plantó hace casi 30 años.

De ser el país de menor crecimiento en el hemisferio en 1973, había sido devuelto por el régimen militar a los civiles pacificado y a la cabeza de ese crecimiento en 1989. El triunfo de los adversarios de los militares en la elección presidencial de ese año (los pueblos no son agradecidos ni siquiera con un Churchill que ganó la II Guerra) no condujo, afortunadamente, a la sustitución del modelo económico-político-social forjado bajo la Constitución de 1980. Esos adversarios triunfantes lo conservaron y se limitaron a “rayarle la pintura”, reformas menores, motivo por el cual el país creció cada vez menos, pero aún así se mantuvo a la cabeza de América Latina, hasta que Panamá lo sobrepasó en 2018. Fueron 30 años de estabilidad política, tranquilidad social y progreso económico. Los mejores tres decenios de la historia de Chile. La pena reside en que en ninguna parte del mundo el comunismo puede soportar que el capitalismo consiga eso.

El origen primero de la tragedia actual estuvo en el que he definido, en libros y artículos, como un “momento estelar de la historia de Chile”: cuando el presidente Patricio Aylwin, en su discurso en el Estadio Nacional el día que asumió, proclamó su deseo de que hubiera “reconciliación entre civiles y militares” y recibió una sonora rechifla de la “barra brava” comunista, minoritaria pero ruidosa. Ante ello, Aylwin reaccionó enérgicamente, reiterando, “¡sí señores, entre civiles y militares!”, a voz en cuello. Pero sólo hasta ahí le duró la energía. Todos los que algo sabíamos de política nacional y no olvidábamos el gobierno de “Frei, el Kerensky Chileno”, como se titulaba el libro de Fabio Vidigal, debimos prever que Aylwin, como buen DC, no iba a hacer lo que él quería, sino lo que querían los comunistas. Ése ha sido el sino de la DC chilena, en particular desde que, en los años 60, el recordado secretario general del PC, Luis Corvalán, recomendaba a sus correligionarios, refiriéndose a los DC: “Presiónenlos, presiónenlos, hasta que hagan lo que nosotros decimos”.

Aylwin, ya presidente, hizo precisamente eso. Formó una comisión ilegal, la Comisión Rettig, para juzgar y sentar en el banquillo de lo acusados, ante el país y el mundo, a los militares. Y, a la vez, para consagrar no sólo la impunidad, sino la prosperidad material de los comunistas que habían encabezado la guerrilla armada contra el régimen militar, tras haber intentado tomar el poder por la fuerza bajo la UP.

Una muestra de la parcialidad del Informe Rettig se halla en que las 423 muertes provocadas por la guerrilla marxista entre 1973 y 1990 las atribuye a “civiles obrando por motivaciones políticas”. Los autores hasta podrían haber sido los consejeros de la Sociedad de Fomento Fabril. No menciona (y por tanto exculpa) al MIR ni al FPMR, grupos guerrilleros amparados por socialistas y comunistas, respectivamente.

La misma Comisión Rettig se encargó de disponer educación y salud gratuitas e indemnizaciones generosas a la familias de la guerrilla, al tiempo que condenaba como violadores de derechos humanos a los militares que la derrotaron.

Entonces, esa noche del 11 de marzo de 1990 Aylwin dio el primer paso de un recorrido que en 2019 ha terminado con la entrega en manos del comunismo y sus ad láteres de la suerte del bastión dedl modelo, la Constitución de 1980. La historia universal enseña que el comunismo, minoritario en todas partes, siempre termina en el poder a través de una “Asamblea Constituyente” como la que se está gestando acá. Desde la propia Revolución Rusa, como he visto mencionado en la serie de Netflix, basada en una obra de Tolstoi, “Peregrinando por los Caminos del Dolor”.

Durante los treinta años corridos entre 1990 y 2020 la barra brava comunista se ha fortalecido, enriquecido y multiplicado. Las nuevas generaciones rojas, crecidas al amparo millonario del Estado que las subsidia, son tan agresivas como sus ancestros, hoy encanecidos pero no menos vociferantes. Son los miles de ciclistas que agreden a los conductores y tienen su centro en el devastado monumento histórico al general Baquedano, ejemplo de patriotismo, coraje y probidad hoy vejado y pintarrajeado impunemente por el lumpen de izquierda. Así se derrumban lo símbolos patrios que otrora fueron orgullo de la nacionalidad. Un país degenerado no es capaz de reivindicarlos.

A todo esto, la agresión roja no sólo ha recibido las ingentes dádivas fiscales contempladas en el Informe Rettig y sus consecuentes leyes; y en el aún más desvergonzado Informe Valech, de 2004, que le brindó pensiones vitalicias a todos los que alguna vez fueron interrogados por sus vinculaciones con el terrorismo de izquierda, sino que ha conseguido pensiones vitalicias para una enorme legión de 160 mil supuestos “exonerados políticos” originados en la depuración burocrática que estuvo en el origen del “milagro económico chileno”.

Pues las grandes medidas que permitieron a Chile saltar del último al primer lugar del crecimiento latinoamericano, partieron en el tratamiento de shock de 1975, cuando se equilibró el presupuesto gracias al despido de un tercio de los funcionarios públicos, generando en lo inmediato una inevitable caída del producto y una recesión, pero sentando las bases del posterior crecimiento acelerado.

Milton Friedman estuvo acá a comienzos de 1975, en una reunión de la Sociedad Mont Pelerin y, entrevistado por una revista, dijo premonitariamente: “Si ustedes realmente logran equilibrar el presupuesto este año, a partir del próximo estarán creciendo al 7 por ciento”. Y fueron proféticas sus palabras. El ministro Cauas aplicó la receta con mano de hierro y así Chile se puso a la cabeza del crecimiento latinoamericano.

La derecha política aportó sus mejores hombres a la reconstrucción, tras la ruina de la UP y la crisis mundial de 1973-75. Después, en la crisis de la deuda de 1981-82, Chile fue el primero en salir adelante, a partir de 1985. Abrió, privatizó y modernizó su economía. Sustituyó la previsión de reparto, que era la ruina fiscal tanto acá como en otros países, por las cuentas individuales de ahorro previsional, que pasaron a ser el pilar del mercado de capitales y el alto crecimiento. “Los chilenos fueron los primeros” –escribió el británico Niall Ferguson– “Reagan y Thatcher vinieron después”.

La economía chilena podía soportarlo todo, incluso el dispendio fiscal. La burocracia izquierdista pasó a ganar más que lo obtenible en funciones equivalentes del sector privado. El “gasto social” del Gobierno en Educación, Salud, Vivienda y Previsión (“pilar solidario”), fue capturado en su mayor parte, no por los pobres, sino por la burocracia roja. El economista Rolf Lüders ha comprobado que si ese “gasto social” se le diera al 20 % de las familias más pobres del país, cada una pasaría a tener un ingreso de dos y medio millones de pesos mensuales que, sumados al ingreso que ya tenían, las dejaría en el nivel de los más adinerados del país. Y la igualdad de rentas y el coeficiente Gini darían un salto positivo.

Ahí hay una falla, pero la burocracia izquierdista la oculta, porque no quiere renunciar a sus privilegios. Si el gasto social llegara realmente a los más pobres, no habría pobres y se pondría fin a la desigualdad que muchos critican como falla del modelo de la libertad.

La Mesa de Unidad Social de los gremios burocráticos creyó contribuir al desgobierno decretando un “paro nacional” en momentos críticos de la reciente violencia subversiva. Pero es tan poca su significancia productiva que nada pareció cambiar cuando los respectivos gremios dejaron ilegalmente de trabajar. Ni tampoco ninguna autoridad de este débil gobierno aplicó sanciones por la huelga ilegal, porque si algo más ha dejado de existir es el mando de la autoridad.

Por otra parte, y a propósito de lo mismo, si hay algo que no puede faltar en una sociedad es el orden público. Los comunistas, deseosos de impedir que una reforma del Estado los privara de sus privilegios económicos, decidieron culpar al mercado de las carencias sociales y, a pretexto de eso, asolaron al país con atentados que han destruido la infraestructura pública y privada, llegando a semiparalizar las actividades, todo en nombre de un supuesto “malestar social”. Atribuyen a éste los trastornos, pero ellos son los primeros culpables, pues se quedan con la plata fiscal destinada a los que sufren ese malestar..

Peor todavía, se ha generalizado la conducta de hacer daño con el simple propósito de hacer daño, y eso ha quedado impune. Aparte del metro, las tiendas y los supermercados, han sido destruidos innumerables semáforos, sin ganancia para nadie y en perjuicio de todos. Eso habla mal del alma nacional. ¿Tantos son lo desalmados? Se ha incendiado y destruido tal vez pensando en generar más “malestar”. Pero esa violencia está haciendo caer al país en una recesión. Se han perdido 140 mil empleos en dos meses. Los valores bursátiles se han desplomado y el dólar ha subido, pese a que el Banco Central ha intervenido millonariamente para sujetarlo. El resultado es que todo Chile y cada uno de los chilenos somos más pobres y, que se sepa, ése nunca ha sido un remedio para el malestar social.

Y el gobierno de Sebastián Piñera, incapaz de respaldar a su fuerza pública enfrentada al vandalismo, los incendios y los saqueos, a su vez financia a un Instituto de DD. HH. que se preocupa de velar por que Carabineros no actúe enérgicamente contra los asaltantes, saqueadores y pirómanos. El espectáculo de carabineros agredidos, insultados y apedreados se ha tornado habitual.

Entonce, ya en estado de pánico, Piñera ha rendido el bastión fundamental de la sociedad: la Constitución. Es tal el estado de confusión mental que las consignas han sembrado entre los chilenos que un número apreciable de ellos, convencidos por la propaganda, cree que la causa de sus problemas es la Constitución y no el dispendio estatal descontrolado ni la falta de autoridad para mantener el orden público. Atribuyen a una nueva Carta poderes taumatúrgicos para hacer feliz a la comunidad.

En crisis económica, devastado por la violencia y la destrucción y, prácticamente, sin gobierno que sea capaz de sostener el principio de autoridad, Chile entra al año 2020 empobrecido, desorientado y amedrentado por una violencia extremista que la fuerza pública no puede controlar, porque se halla atada de manos.

Así sucumben los países cuando no hay autoridad, la verdad es suplantada por las consignas y los que emplean la fuerza someten por el miedo a todos los demás.

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