La más reciente encuesta Activa Research muestra que el apoyo al “Apruebo”, es decir, a una asamblea constituyente que nos transforme en “Chilezuela”, ya alcanza al 70 %. Toda una sorpresa a partir de lo que indicó la presidencial de 2017, en que a la izquierda se le “dieron vuelta” los suficientes votantes como para permitir el triunfo de Piñera. Pues en diputados y senadores la izquierda probó, en 2017, ser mayoría; pero al momento de también triunfar en la presidencial y poder cambiarlo todo, una parte de su electorado le dijo “¡un momentito!” y se pasó al otro bando en porcentaje suficiente para impedir que Guillier ganara y nos condujera a “Chilezuela”.

Pero, como el destino no está escrito en piedra, el país se equivocó con Piñera y de todas maneras ahora se encamina a ser “Chilezuela” de la mano de éste. Pues el triunfo del “Apruebo” que auguran las encuestas significaría ni más ni menos que eso: asamblea constituyente y socialismo del siglo XXI. Pero el partido no ha terminado.

Con su ojo para detectar lo que está sucediendo, el senador Jaime Quintana ya nos lo describió: Chile hoy, dijo, vive “un parlamentarismo de facto”. Pues no es “de iure”, de derecho. La Constitución, que instituye un régimen presidencial, no habría permitido hacer lo que se está haciendo, pero ella ya dejó de regir para efectos prácticos. El parlamento se ha impuesto sobre un ejecutivo débil. Los cambios recientes se han aprobado violando el texto de la Carta, según el cual el Presidente de la República tiene “la iniciativa exclusiva” para modificar “las normas sobre seguridad social”, sea que ello se intente mediante un proyecto de ley, uno de reforma constitucional o cualquier resquicio que se discurra. Simplemente, no puede hacerse. Pero se ha hecho. De facto.

Antes, las fuerzas armadas eran garantes de la institucionalidad y podrían haber levantado la voz. Nunca la levantaron y con el tiempo eso se derogó y ya no son garantes, desde 2005. 

También antes los jueces obraron de facto cuando condenaron a los uniformados en retiro violando preceptos básicos de la Constitución y, desde luego, el que dice: “ningún delito puede ser castigado con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración”. Los militares (r) comenzaron a ser condenados por “delitos de lesa humanidad” creados por ley de 2009 y aplicada a sus conductas de los años 70 y 80. También las fuerzas armadas lo han dejado pasar sin la menor protesta y lo mismo ha hecho el resto de la sociedad. 

Pronto, cuando quede atrás la pandemia (pues “todo pasa”) va a retornar la violencia, que está en receso debido al estado de excepción y al toque de queda. Este gobierno ya ha probado no poder controlarla. Es decir, tendremos parlamentarismo de facto más violencia.

Entonces vamos a sumar esos ingredientes, ya de por sí negativos, a la incertidumbre de “la hoja en blanco” sobre la cual va a escribir la nueva constitución la asamblea constituyente. La “incerteza” a que adujo Büchi como una de sus razones para irse a vivir a otro país (el diccionario de la Academia acepta el término, pero todos acá antes decíamos “incertidumbre”) se va a agudizar. Bajo uno u otro sinónimo, una cosa es segura: habrá menos inversión y menos crecimiento. Es decir, menos empleo y más pobreza.

¿Qué ha hecho la mayoría del país en el pasado, cuando ha habido más violencia, más desorden, menos crecimiento, más desempleo y más pobreza? En 1952 eligió a un ex militar, ex dictador; en 1958 eligió a un hombre de derecha; en 1973 los representantes de la mayoría, interpretándola, llamaron a los militares a cambiar el gobierno, y nos salvamos. Es decir, este otro año el electorado podría volver a votar mayoritariamente por alguien capaz de sacarnos del camino a “Chilezuela”, como creyó hacerlo en 2017, pero se equivocó, porque hasta ahora es la extrema debilidad de Piñera la que nos pone en ese camino. 

En resumen, pese a habernos equivocado, nos queda todavía una última oportunidad.

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