John Cobin está preso en Valparaíso con fiebre, tos, vómitos y se siente mal. Tiene 57 años y una “condición basal”, de modo que el covid19 es una amenaza para su vida. No se sabe si lo ha contraído.

Ya ha cumplido más de 800 días en prisión preventiva. Es decir, ya ha cumplido una pena de presidio menor en su grado medio, que es la que va de 540 días a tres años, sin haber sido condenado. 

La libertad provisional es un derecho de toda persona mientras no ha sido condenada, pero a él no se lo reconocen y ni siquiera le dan la posibilidad de cumplir la prisión preventiva en arresto domiciliario, como los jueces conceden a los vándalos de la “primera línea”. Es que a John lo afectan varias agravantes: es de origen norteamericano, es un “libertario” de derecha con un PhD en Economía por sus estudios de la Escuela Austríaca y se nacionalizó chileno cuando creyó que el país libre, tranquilo y progresista que entregó Pinochet a los civiles duraría para siempre. “You should have known better, John”. 

Durante la insurrección de izquierda del año pasado la misma turba que destruyó Reñaca, donde él residía, apedreó su auto. John, en legítima defensa, disparó al aire varias veces un arma inscrita y que tenía derecho legal a portar, pero como el ataque no cesara, disparó a una pierna de un agresor próximo, gracias a lo cual escapó de la lluvia de piedras. 

Como aquí hay una dictadura judicial de izquierda, respaldada por Piñera, que ha interpuesto las tres cuartas partes de las querellas contra los militares que combatieron el terrorismo, su Intendente  en Valparaíso obró en consecuencia y se querelló por “homicidio frustrado” contra John Cobin, como si éste hubiera salido a buscar a los vándalos que destruían Reñaca y apedreaban su camioneta, con el fin de matarlos. 

Porque en el Chile de hoy y desde hace muchos años los “agresores” son los que se defienden de los “agredidos” o “víctimas”, que son violentistas que atacan personas, establecimientos y, en general, el orden legal constituido y después reciben millonarias indemnizaciones cuando los defensores de la legalidad (que siempre terminan presos) les han hecho algo.

John me ha dicho que el juez considera que cada uno de los disparos que él hizo, casi todos al aire, constituyeron un homicidio frustrado separado. Por tanto, su condena por el conjunto de esos supuestos homicidios frustrados será de entre 13 y 17 años, es decir, estará preso hasta que tenga 70 o 74 años. Prácticamente una condena a presidio perpetuo, si sobrevive a la actual amenaza de muerte en el penal por contagiarse con la pandemia. Pues si se ha contagiado o se contagia, puede haber sido condenado, en el hecho, a muerte, dada su “condición basal”. 

Y todos le piden plata, mucha plata, que no tiene. Un amigo le financió un abogado que cobró 13 millones de pesos y no obtuvo nada ni ya ahora lo defiende. ¿Qué se obtiene con un abogado si el tema no es jurídico, sino de vindicta política? Le mandan decir que si les paga a unos peritos una suma similar le va a ir muy bien en el juicio. Y el atacante que recibió la bala en la pierna le pide $50 millones por desistirse de su querella. Pero John no tiene dinero y su mujer sobrevive malamente gracias a las ayudas de emergencia de sus amigos. 

Todo parecido con la justicia de un régimen marxista-leninista no es mera coincidencia: los que votaron por Piñera y lo eligieron supieron o debieron saber que él siempre condenará a los que se defienden de los marxistas y terminará premiando a éstos.

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