Cuando ayer el Senado votó por aprobar el proceso constituyente, puso fecha de término a la Constitución de 1980. Se cierra así la etapa más exitosa de la historia del país en términos de crecimiento económico (el producto per cápita se multiplicó por cuatro entre 1973 y 2013, versus 0,5 entre 1933 y 1973); de estabilidad política y social (hubo una paz interna sin precedentes hasta el 18-O); y de certidumbre hacia el futuro (nadie lo podía privar a uno de sus derechos fundamentales sin un exigente quórum de 2/3 de los parlamentarios en ejercicio). 

Hoy todo eso tiene fecha de término. “El Mercurio” reproduce al “Wall Street Journal” de EE. UU., que dice sobre Chile: “Una encuesta de diciembre que llevó a cabo COES, un instituto de estudios de Santiago, indicó que el 65 % apoya la continuación de la protesta. El estudio encontró que el 89 % de los chilenos planeaba respaldar una nueva Constitución”. El plebiscito de abril tiene un resultado anunciado.

Pues ayer el Senado, última instancia que podría haber prolongado la vida de la actual Carta si 15 senadores hubieran votado por eso (teniendo la derecha 19 escaños), no lo hizo. En efecto, 38 senadores votaron por el término de la Constitución y sólo tres en contra (uno solo de derecha, Kenneth Pugh, independiente).

Hace dos años Sebastián Piñera fue elegido porque prometía que lo anterior no iba a suceder, es decir, que acá no habría Asamblea Constituyente, como en Venezuela, lo que dio origen al deterioro general de ese país y a la pérdida de su democracia. Ahora Piñera ha terminado encabezando la instalación de la AC en Chile, primer paso a la “Chilezuela” que el electorado de 2017 quiso evitar cuando se trasladó, en parte, desde la izquierda (que es mayoritaria) a la derecha y votó por Piñera y no por Guillier. 

El primero ha hecho lo que se temía hiciera el segundo y la ciudadanía ha vuelto a trasladarse, pero en sentido inverso, y ahora apoya en un 89 % el camino hacia la AC.

Yo disparé todos mis cañones en este blog y en Youtube para impedir lo que ha sucedido. Apelé a las creencias de los parlamentarios. Me fundaba en la Ley de Partidos Políticos, cuyo artículo 24 dice que las directivas no pueden ordenarles votar en determinado sentido, en este caso para derogar la Constitución de 1980. 

Pero una cosa es lo que dice la ley y otra la realidad, en que las directivas dan a entender discretamente a sus parlamentarios que si no votan como ellas les sugieren, se pueden olvidar de su reelección o ascenso de la Cámara al Senado.

En conclusión, el elegido para evitar una “Chilezula” se ha puesto a la cabeza de la tarea de implantarla acá, comenzando por facilitar el primer paso, la AC. Las encuestan dicen que el 89 % quiere una nueva Constitución, lo que anticipa el resultado del plebiscito de abril y también dos años de completa incertidumbre institucional. 

Ésta tiene un costo, ya reflejado en la reducción que ha hecho el Banco Central de la expectativa de crecimiento para 2020, del rango de 2,75 % a 3,75 % que era, a otro de 0,5% a 1,5%. El gasto público crecerá 9,8 % real en 2020, según el Ministerio de Hacienda, lo que implicará un déficit estructural del 3 % del PIB. Y la deuda pública subirá de 25 % actual  a 38 % del PIB a fines de 2024.

Fin de la etapa cuando en 40 años se multiplicaba por cuatro nuestro ingreso por habitante y vuelta a aquella en que aumentaba apenas media vez. Al Chile que la izquierda ya una vez forjó y siempre anheló reeditar.

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