En “El Mercurio” de ayer viernes 27, página A 7, se informa que el gobierno de los EE. UU. ha sancionado al de Cuba por, entre otras cosas, mantener a cien presos políticos. Pero el gobierno de los EE. UU. no ha sancionado ni dicho nada al de Chile por mantener, y por muchos años, más del doble de presos políticos que Cuba. 

Como se sabe, preso político es quien ha sido privado de libertad por razones políticas y contrariando el ordenamiento jurídico. En Chile hay más de 200 personas en esas condiciones. Es público y notorio que son presos políticos porque las leyes son claras para determinar que no podrían estar condenados. El juez que más condenas políticas impuso, Alejandro Solís, reconoció ante mí públicamente, en el programa “El Informante” de TVN, que él condenaba sobre la base de una “ficción jurídica”. Fueron sus palabras. Pero todo el mundo sabe, hasta los más legos, que un juez debe probar el delito y no puede “fingirlo”. Todo el mundo sabe que la presunción de inocencia es un derecho humano básico. Bueno, el mismo ha sido transgredido en el caso de todos y cada uno de los más de 200 presos políticos chilenos. 

¿Por qué el gobierno de los EE. UU. no sanciona al chileno igual que al de Cuba, por permitir esa situación? Sería justificado hacerlo, porque el gobernante chileno actual es coautor de esas prisiones políticas. Por ejemplo, es el querellante que ha pedido a la justicia de izquierda que el general Héctor Orozco, de más de 90 años, con alzheimer y que ni siquiera controla esfínteres, esté preso por haber salido a preguntar, hace 46 años, al exterior de su cuartel, la razón de una ráfaga de disparos. Preguntar la razón de unos disparos nunca ha sido delito. Pero acá un ministro sumariante de izquierda le impuso al general 18 años de presidio por preguntar eso, argumentando que “debió saber” la razón de los disparos. Pasando, además, por sobre la cosa juzgada, la amnistía y la prescripción.

Todo esto es absurdo, pero público y notorio. Casi todos los chilenos, y también los gobiernos extranjeros y hasta la opinión pública internacional mayoritaria, hacen como si lo anterior no existiera. Hacen como que en Cuba está mal tener cien presos políticos y en Chile está bien tener más de 200. Es el mundo en que vivimos. Los chilenos mayoritariamente, de izquierda a derecha, han llegado al estado de ficción máximo de hacer como que la verdad no existiera. Ha sido el triunfo final de la mentira.

El país vive en la mentira. Mientras yo escribía libros, tras leer otros cien libros, en los dos últimos años, para reivindicar la verdad de la historia reciente chilena, en el país se repetían y han sido creídas predominantemente las versiones falsas y las mayores mentiras al respecto. Actualmente “funan” a cualquiera que las contradiga en público, como al profesor Juan Esteban Puga, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. 

Al terminar mis dos últimos libros, “Historia de la Revolución Militar Chilena 1973-1990” y “Miserias Morales de la Chilenidad Actual”, me encuentro con que mis compatriotas, en su gran mayoría, no creen casi nada de lo que yo he tratado de probarles fundadamente y, en cambio, sí creen las mentiras de los opositores al Gobierno Militar. Lo peor es que la cantidad de derechistas de hoy que repiten esas falsedades aumenta y no tiene precedentes, pero sí tiene consecuencias.

Hace un par de días un amigo me mandó los videos de una entidad llamada Planet Money, norteamericana, ediciones 905 y 906, dedicadas a  la economía chilena y la importancia que en ella tuvieron los Chicago Boys. Mi amigo los consideraba “basura” y muy parciales, pero a mí no me parecieron tanto, porque las mujeres norteamericanas y una chilena que los hicieron dieron muestras de objetividad, aunque al final no les resultara. Lo que sucedió fue que los testimonios chilenos de izquierda desvirtuaron el programa. En cambio los de derecha no. Por ejemplo, llevaron al ex ministro Rolf Lüders a prestar testimonio y lo hizo impecablemente. Pero luego llevaron a Juan Gabriel Valdés, ex canciller socialista, y éste derechamente mintió con tal de denigrar al Gobierno Militar. Porque dijo que éste había sido un régimen que torturaba y mataba gente, lo cual no es verdad. Citó un caso concreto: dijo que un amigo suyo, gerente de una empresa del cobre bajo Allende, había sido torturado de tal manera que lo habían desfigurado y, como no podía ser presentado públicamente, entonces lo mataron. Pero eso no es verdad. Y lo afirmo porque fue un caso que estudié y conocí y está en mi libro “La Verdad del Juicio a Pinochet”. Las entrevistadoras norteamericanas le preguntaron a Valdés el nombre de su amigo: “Eugenio Ruiz-Tagle”, dijo.
La verdad es muy distinta. En los primeros días después del 11 de septiembre los militares tomaron presa a mucha gente sospechosa de haber participado en los grupos armados que organizaba la UP para tomarse el poder, según denunciaban entonces los representantes de la mayoría democrática. Los Consejos de Guerra marchaban lentamente y Pinochet encargó al general  Sergio Arellano recorrer el país para que se aceleraran, los culpables fueran condenados y los inocentes liberados. Ésa era la misión de Arellano. Pero cuando fue al norte y al pasar por Santiago desde el sur, se incorporó a su comitiva un oficial ya fallecido, y cuyo nombre no doy porque en vida tenía derecho a la amnistía, lo mismo que su sucesión hoy. Este oficial incurrió por sí y ante sí en conductas psicopáticas. Nadie sabía de ellas de antemano. Con él a bordo del helicóptero, la comitiva pasó por La Serena, Copiapó, Antofagasta y Calama, en el curso de dos días, mientras Arellano creía cumplir su cometido, pero sin saber que el oficial incorporado en Santiago ordenaba a otros de menor rango sacar de las cárceles, en tres de esas cuatro ciudades, a 15, 14  y 26 personas, respectivamente, para ametrallarlas, en un caso en un galpón del regimiento y en los otros dos en el desierto cercano. Eso no lo supo Arellano hasta que, llegado a Calama, se enteró de lo sucedido allí, en Antofagasta y en La Serena. Por supuesto, menos supo de ello Pinochet. Pero, para la leyenda, ésos son “crímenes de Pinochet”, pues por ellos fue desaforado del Senado. En todo caso, cuando Arellano se enteró de lo de Calama, volvió de noche y con gran riesgo a Antofagasta a entregar al Jefe de Zona al psicópata responsable. Tal Jefe era a la vez el tribunal superior de guerra, general Joaquín Lagos Osorio. Pero éste se negó a juzgar al responsable, diciendo que iba a renunciar al Ejército. Después y hasta sus últimos días se convirtió en acusador público de Arellano y Pinochet.

El caso citado por Valdés en Planet Money fue precisamente el de un ejecutivo sacado arbitrariamente de la cárcel de Antofagasta y posteriormente ametrallado sin forma de juicio, en la noche, en el desierto cercano, por orden del antes referido oficial psicópata y sin conocimiento de los generales Arellano y Lagos Osorio, que a esa hora cenaban en la casa del segundo. Por supuesto, todo eso ocurría con todavía menos conocimiento de Pinochet ni de la Junta.


Nadie torturó a Eugenio Ruiz-Tagle para desfigurarlo y después matarlo, como dijo Valdés a Planet Money. Pero, por cierto, tras ser ametrallado, su cuerpo y su rostro recibieron variados impactos y resultó completamente desfigurado.


Fue uno de los  episodios que, judicialmente manipulados por el abogado comunista Hugo Gutiérrez, sirvió para acusar a Pinochet. De hecho, como antes se dijo, por eso se le desaforó del Senado y se le procesó, pero no tuvo nada qué ver en ello. Ni menos tuvo que ver la Junta.

Fue una típica circunstancia que se presenta en un país cuando los políticos civiles, impotentes ante la inminencia de un golpe comunista, urgen a los militares a enfrentar la situación con sus armas (“ustedes tienen las bayonetas y no las usan”, “esto se arregla sólo con fusiles”, alegaba Frei Montalva, antes del 11. Aseguraba habérselo dicho a un general indeciso.) Y, típicamente, después de arregladas las cosas, los políticos vuelcan todas las culpas sobre los militares. Una vez que se apropiaron de “la más preciada joya de la corona latinoamericana” (Clinton), mandaron presos a quienes la hicieron posible.  
¿Alguien lo habría podido hacer mejor en 1973, sin contar con planificación ni preparación previa, al mando de elementos que a veces no se ceñían a los reglamentos y ni siquiera a las órdenes recibidas? Nadie. Arellano, en cada lugar al que fue, dirigió la palabra al personal local recomendando respeto a las normativas. Pero “después de la batalla todos son generales” y hoy se castiga a los que acudieron al llamado de los civiles e hicieron lo que había que hacer, lo cual los políticos civiles no eran capaces de hacer.
Además, cuando el caso que cita Juan Gabriel Valdés sucedió, tanto Aylwin como Frei Montalva apoyaban públicamente el proceder de los militares y los defendían ante la prensa internacional, a veces casi con desesperación (declaración de Frei al ABC de Madrid). “Después”, sabemos, todos cambiaron, absolutamente todos. Pero no por eso las mentiras han dejado de ser tales, aunque hoy las repitan hasta las personas de derecha que hace no mucho defendían al Gobierno Militar.


En definitiva, existe una gran “ficción jurídica”, nacional e internacional, que explica por qué los EE. UU. sancionan a Cuba por mantener a cien presos políticos y nada dicen a Chile, que comprobada, desleal y traicioneramente mantiene a más de doscientos.