Estoy obligado a escribir todos los días porque las barbaridades son diarias. La última: condena a cinco años y un día contra el general Santiago Sinclair, ex miembro de la Junta, y otros oficiales, por supuestos “doce homicidios calificados” que, dice el diario, habrían cometido en 1973 en el “episodio Valdivia” de la causa conocida como “Caravana de la Muerte”. Primera cosa: la Caravana no tuvo nada que ver en eso, pero fue condenada igual.

Los tres ministros de la Corte de Santiago que dictaron la absurda sentencia sin leer el expediente, Carlos Gajardo, Alejandro Madrid (caso Frei) y Paola Herrera, pasarán a la historia como autores de otro fallo disparatado de la dictadura judicial chilena. Más vale presumirles ignorancia que mala fe.

Pues en 1973 el general Sinclair, actuando dentro de la Constitución y de la ley, formó parte de un consejo de guerra que condenó a muerte a doce guerrilleros autores de numerosos delitos. 

Los sentenciadores de hoy demuestran ni siquiera haber hojeado el proceso, que ya tiene muchos años. Ni menos haber leído los libros relativos a él: “Simplemente Lo Que Vi”, del abogado DC de izquierda, defensor de los guerrilleros, Andrés Aylwin; “De Conspiraciones y Justicia”, de Sergio Arellano Iturriaga; y “La Verdad del Juicio a Pinochet”, del autor de este artículo (puede adquirirse en este mismo blog.)

El consejo de guerra constituido en septiembre y octubre de 1973, actuando apegado a la ley vigente y contemplando el derecho a defensa de los procesados, en un anfiteatro de Valdivia y ante un público numeroso, condenó a muerte al guerrillero José Gregorio Liendo (Comandante Pepe) y a once de sus secuaces, que poco antes habían asaltado el retén de Neltume y, antes de eso, por largo tiempo habían asolado la zona con sus atentados y despojos violentos. Liendo, entrevistado por la periodista Nena Ossa en esa época, había declarado que si la guerra civil que se venía en 1973 no generaba un millón de muertos, “la revolución no iba a resultar”. (Ver libro “Allende Thank You” de la citada periodista).

Lo más notable es que la comitiva de Arellano no tuvo participación en la condena. El jefe de zona de Valdivia, general Héctor Bravo Muñoz (ya fallecido) declaró en el mismo expediente que los ministros sentenciadores de hoy evidentemente no han leído: “En la primera visita que Arellano hizo a Valdivia, que según recuerdo debe haber sido entre el 23 y el 25 de septiembre de 1973, le dije taxativa pero cortésmente que, sin perjuicio de su nombramiento de Oficial Delegado, no interferiría en la sustanciación de las causas ni menos en los consejos de guerra que ya estaban en proceso y así lo aceptó y se hizo. La segunda visita de Arellano a Valdivia se produjo entre el 3 y 5 de octubre de ese mismo año, cuando ya sentenciados los inculpados por el consejo de guerra que afectó a Liendo y a las personas vinculadas a él, firmé el decreto de cumplimiento de las sentencias. Recuerdo que Arellano agregó su firma a la mía en el mismo decreto”.

En el sitio web memoriaviva.com, de organismos de DD. HH., se comenta también el mismo consejo de guerra 1498-73. El derecho a defensa de los procesados fue tan efectivo que el abogado DC de izquierda Andrés Aylwin, representando a algunos guerrilleros, reconoció lo siguiente en sus memorias antes citadas: “las defensas que hicimos los tres abogados estuvieron bien sincronizadas y quedé con la impresión de que algún impacto podrían haber causado en el solemne consejo de guerra”.

Otros miembros de la comitiva de Arellano fueron ahora también inexplicablemente condenados y uno, Pedro Espinoza, nada menos que a diez años. Todo insólito. Menos participación aún tuvo el piloto del helicóptero de la comitiva, Emilio Robert de la Mahotiere, que se limitó a manejar la máquina, no obstante lo cual los jueces actuales le impusieron 3 años y un día como “encubridor”. Pilotar el helicóptero donde van personas que no participaron en el consejo de guerra ¿cómo puede ser “encubrimiento”? ¿Qué sucede con las cortes chilenas, que se han vuelto tan desvergonzadas?

Pero todos sabemos qué sucede: es otro “negocio raro”. Condenas de efectos políticos (un ex miembro de la Junta) y pago de $ 1.910 millones a los familiares de los guerrilleros. ¿Qué importa que los hechos no sean delito, no sean verdad y estén prescritos y amnistiados? Integrar un consejo de guerra establecido en la ley y aplicar el código de Justicia Militar no puede ser delito. Y menos para quienes ni siquiera han participado. 

El móvil económico genera fallos absurdos: hace poco se condenó a un fiscal militar de Calama, Oscar Figueroa, por un fusilamiento múltiple de 1973 en que no pudo físicamente participar, pues a la misma hora conducía un consejo de guerra lejos del lugar de las ejecuciones, sin tener noción de que tenían lugar. ¿Cómo pudo ser? Es que los jueces de izquierda se han ido quedando sin culpables, por fallecimiento de los hechores, y entonces necesitaban culpar a alguien, cualquiera, para condenar al fisco a la millonaria indemnización, el verdadero objeto del litigio.

Resumen: un general (r) condenado por homicidio calificado cuando lo que hizo fue fallar dentro de la Constitución y de la ley. ¿Por qué? Por haber sido miembro de la Junta. Un brigadier (r) condenado a ¡diez años! pese a que ni falló ni participó en el consejo. ¿Por qué? Por ser muy nombrado en muchos procesos. Otros oficiales (r), que tampoco fallaron ni participaron, pero de nombres menos conocidos, condenados sólo a cinco años; y un piloto de helicóptero condenado a tres años y un día como encubridor de nada, pues sólo trasladó a los que no hicieron nada. ¡Oh vil dinero, cuántas prevaricaciones se cometen en tu nombre!

Libertar.cl intenta proporcionar contenido relevante que refleje el gran respeto que Partido Independencia tiene por la verdad y la libertad. Si bien estamos sustancialmente de acuerdo con todos nuestros autores, no siempre reflejan los valores y principios del Partido Independencia. Visite el sitio web del Partido Independencia para obtener más información sobre nuestros principios y objetivos.