La hija del ingeniero comercial Alejandro Correa, asesinado días atrás por un sicario colombiano confeso de haber recibido cinco millones de pesos de parte de ocupantes ilegales de un terreno del primero en Quilpué, se declara hoy, en carta a “El Mercurio”, destrozada por la desgracia que ha sufrido. En medio de su desconsuelo formula preguntas acerca de cómo la desaplicación de sucesivas autoridades condujo a hacer posible la tragedia que la aflige.

El único preso es un mero ejecutor. Pudo haber sido chileno, como el que asesinó al ingeniero Schmidt-Hövel y hoy cumple cadena perpetua junto a la autora intelectual, Pilar Pérez. Es que esta última no tenía redes de protección política. Los que contrataron al sicario colombiano sí. Éste se niega a confesar quién o quiénes le formularon el encargo, pero todos sabemos quiénes son. Y hoy mandan en Chile.

El ingeniero Correa era un empresario dinámico y había encargado a un abogado acciones judiciales para recuperar su terreno. A la vez, los autores intelectuales del crimen creían que, asesinándolo, podían quedarse con el inmueble, que es lo que probablemente sucederá. Pues tienen una larga historia de impunidad. Todos los que recurrieron al terrorismo y, hasta 1973, se apoderaban de bienes ajenos en Chile, fueron indultados por Aylwin y antes cerca de mil de ellos se habían acogido a la Ley de Amnistía del propio Gobierno Militar, la misma que los jueces hoy deniegan a los exuniformados que otrora los combatieron.

Lamentablemente, pues, la esperanza de la hija de Alejandro Correa es vana: los autores intelectuales del crimen de su padre seguirán en la impunidad, porque son de la misma ideología de los jueces y de las colectividades que mandan y que son, justamente, las que persiguen a quienes combatieron a los usurpadores de terrenos como el de su padre. Los usurpadores han pasado a ser “víctimas” y han sido generosamente indemnizadas por el Estado chileno. “Las víctimas y nuestros camaradas de armas…”, como escribiera en carta al diario de 2005 un excomandante en jefe del Ejército que se pasó al otro bando.

Piñera y sus compañeros de ruta de izquierda y derecha, ahora ya todos en el mismo bando, acaban de liberar a más de cuatro mil delincuentes, pero excluyendo del beneficio a los exmilitares que combatieron a los terroristas. A éstos no sólo les han aumentado el tiempo de reclusión para optar a la libertad condicional sino también denegado los beneficios penitenciarios a que tienen derecho los demás reos, con el pretexto de que no se arrepienten de delitos que niegan haber cometido.

La hija de Alejandro Correa debe comprender en qué país vive. Es uno lleno de garantías y prebendas para gente como los asesinos de su padre y sin ninguna, sino al contrario, sólo persecución tributaria y judicial para emprendedores como su padre, que deben darse a santo por el solo hecho de todavía no correr la suerte de éste si cometen el delito de defender lo suyo.

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