Roxana Carrut es una agricultora de la Araucanía que vivía de su predio de 168 hectáreas, hoy improductivo por estar rodeado de forajidos que roban, la atacan e impiden sembrar y producir. Pues ya le han arrebatado sus cosechas y la tienen amenazada de hacer lo mismo con cualquiera otra que ose intentar. Roxana ha solicitado protección policial, pero ésta se limita a la mera presencia, en un extremo del predio, de policías que no persiguen ni apresan a los asaltantes y depredadores que permanecen alrededor de él, amenazando destruir, robar e incendiar. Carabineros que no quieren perder su trabajo por “problemas de DD. HH.”

Para reivindicar su derecho a vivir en paz y su libertad de trabajo, conculcados por los terroristas, ella inició una huelga de hambre en julio, ingiriendo sólo líquidos, pero no ha conseguido de la autoridad la protección de sus prerrogativas esenciales. Su salud se ha resentido y un desenlace fatal puede preverse, pero nada de eso ha conmovido al gobierno, a diferencia del caso del machi Celestino Córdova, condenado por asesinato mediante incendio del matrimonio Luchsinger McKay, que tras haberse declarado en huelga de hambre generó la visita del ministro de Justicia, Hernán Larraín, y obtuvo beneficios. Un asesino convicto merece más compasión oficial que una mujer desesperada, cuyos derechos esenciales están siendo conculcados.

Algo parecido sucedía bajo el régimen de Allende, en noviembre de 1970, cuando guerrilleros impunes, al mando de José Gregorio Liendo, el “Comandante Pepe”, se apoderaron de las casas del fundo “La Tregua”, de Antonieta Maachel, la cual reclamó pero no obtuvo protección ni auxilio oficial. Tras ser abusada y soportar que los malhechores se saciaran comiendo y bebiendo a destajo en su casa invadida, la infortunada mujer puso fin a su vida. Y habría quedado en el anonimato de sólo una víctima más del marxismo chileno si su amiga Paz Rodríguez Correa no hubiera recordado, en carta a “El Mercurio”, muchos años después, su inhumano fin. 

Por otros crímenes como ése, el Comandante Pepe y once de sus secuaces fueron juzgados por un consejo de guerra en octubre de 1973 y condenados a muerte. Hoy, 47 años después, el general (r) Santiago Sinclair, ex miembro de la Junta, ha sido increíblemente condenado, por una sentencia manifiestamente contraria a todo derecho de nuestra justicia roja, por el supuesto “homicidio calificado” de tales delincuentes, siendo que sólo formó parte del referido consejo de guerra, legalmente constituido.

Hoy, en medio del caos desatado por la extrema izquierda violentista, en cuya tarea de protección de la ciudadanía el Cuerpo de Carabineros ha sufrido tantas bajas que, en un momento dado, se copó la capacidad del hospital institucional y sus heridos debieron ser derivados al Hospital Militar y al de la Fuerza Aérea, el gobierno de Piñera, tan benévolo con los extremistas y hostil a las fuerzas del orden como el de Allende, se propone ahora “indemnizar” a supuestas “víctimas de la acción policial”, mientras somete a la institución de Carabineros a una verdadera persecución, vía una reforma que pone de manifiesto su falta de respaldo a dicho cuerpo policial. A la misma se suma en estos días la ilegal injerencia de la Contraloría, que pretende castigar a siete altos jefes policiales por la acción antisubversiva desplegada ante el estallido insurreccional del 18 de octubre pasado. 

Es ineludible otro paralelo más del gobierno actual con el fracasado régimen de Allende, que desde el poder amparaba a los extremistas armados, tanto que llegó a amenazar públicamente con un “sumario con mayúscula” –fueron sus palabras– a los carabineros que dispararan a los subversivos armados, generadores de la violencia rural y urbana de ese tiempo.

Un último y adicional paralelo entre ambos regímenes surge de una sostenida transgresión de la Constitución. En el caso de Allende fue metódicamente descrita por el Acuerdo de la Cámara de 22 de agosto de 1973 que llamó a destituirlo. En el de Piñera ha tenido lugar a través de la derogación de facto de la Constitución de 1980, cuya vigencia será supuestamente sometida al plebiscito del 25 de octubre, pero que el mismo Piñera da tácitamente ya por definido y por abrogada aquella, al proponer los diez puntos que considera debe incluir un nuevo texto constitucional, dando así por triunfadora a la opción Apruebo antes de haberse impuesto en las urnas. 

No es de extrañar esa acción de facto, desde que el llamado, impuesto por la fuerza, del 12 de noviembre pasado, llevó a los partidos opositores a declarar que “la ciudadanía movilizada” había “corrido el cerco de lo posible”, sin votación de nadie y mas allá del texto de la Carta o de la ley; y tal acción violenta fue solícitamente acatada por el régimen, firmándose el Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución el 15 de noviembre. Esta “Nueva Constitución” nace con esa ilegitimidad de origen y todo indica que el plebiscito adolecerá también de ella, con menor asistencia de votantes que los de 1980 y 1989, cuando concurrió el 56 % de la población a votar y teniendo por registro electoral, ahora tal como entonces, al propio Registro Civil.

En todo caso, ambos, Allende y Piñera, devinieron gobernantes de facto en sus respectivos tiempos, transgredieron la legalidad vigente y fueron incapaces de garantizar los derechos básicos de todos los ciudadanos..

Lamentablemente hoy, a diferencia de 1973, no hay las “reservas morales” que, como país, teníamos entonces. Y por eso, así como ante un mandatario fracasado surgió en dicho año una fuerza cohesionada a hacerse cargo del respectivo vacío de poder, hoy, por el contrario, tal vacío no se llena sino que sólo se profundiza con el presidente, el grueso de sus ministros y hasta inesperadas voces empresariales plegándose a un “Apruebo” que encarna la incertidumbre acerca del futuro y la prolongación indefinida de la falta de orden público actual.

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