Las principales ciudades del país parecen arrasadas por una guerra. Los saqueos e incendios continúan. La carreteras son bloqueadas por los que no quieren pagar el tag. Los carabineros se declaran sobrepasados por los vándalos que los atacan y a quienes no pueden responder, porque se les culpa de atropellar los derechos humanos por el uso de rifles antimotines y bombas lacrimógenas. Están limitados al carro lanzaaguas y a tirar de vuelta la piedras que les lanzan sus atacantes.

Los únicos que parecen haberse dado cuenta de lo que ha pasado son los que compran dólares y han hecho subir la divisa a casi 820 pesos. El resto camina confiadamente hacia el cadalso de abril, cuando en el “plebiscito de entrada” se acuerde preparar una nueva Constitución, cuya meta fundamental será debilitar el derecho de propiedad, para hacer pasar medios de producción al Estado. Se desmantelará así el ente más odiado por la mayoría en este momento, el “modelo neoliberal”, como lo han bautizado, aunque sea nada más que un régimen que respeta la libertad personal y restringe al Estado a ser subsidiario.

Es que esa mayoría culpa al “modelo” del “malestar social” derivado de los bajos sueldos, las bajas pensiones, la deficiente educación pública y la pésima atención hospitalaria. Cree que si se le dan más recursos al Estado todo eso se solucionará. Pero se ha probado que si el gasto social fiscal llegara al 20 por ciento más pobre no habría pobres y cada hogar de bajos recursos tendría un ingreso de dos y medio millones de pesos al mes, que lo situaría en un nivel acomodado. Así, además, se terminaría con la desigualdad. Pero casi nadie hace caso de eso, sino que culpa de todo al “modelo”. ¿Dónde se queda la plata que era para los pobres? Tal vez ayude a explicarlo el mirista inspector de DD. HH. que gana casi cinco millones de pesos mensuales y denuncia a Carabineros por abusos contra los manifestantes. O el pago que reciben cien mil falsos exonerados políticos. Ahí se va el “gasto social”.

Piñera también apoya la nueva Constitución, o “la casa de todos”, como la llamó él mismo, aunque eso no estaba en su programa. Es que se ha rendido a la izquierda y ha entregado todo. Lo peor para él parece ser la amenaza de ser acusado por la izquierda de violar los derechos humanos e incurrir en delitos de lesa humanidad. 


Entonces ha enviado un conjunto de proyectos de ley que podrían eventualmente autorizar a los uniformados a usar sus medios frente al caos, pero ahora con la autorización del Congreso, dominado por la izquierda. Quiere hacerla cómplice de la inevitable represión. Como ésta se ha dado cuenta de que el vandalismo, los saqueos y los incendios son ya intolerables y afectan a la población de todos los niveles, se ha asustado y ha aceptado. No porque sepa de alguna amenaza concreta de golpe armado a la institucionalidad, porque no la hay. Los uniformados aprendieron de la experiencia anterior a 1990, tras la cual todos los que actuaron contra el terrorismo han terminado presos y, lo que es peor, sin respetárseles siquiera su derecho a ser juzgados de acuerdo a las leyes.

Algo sorprendente ha sido que una de las primeras empresas privatizadas en que piensan los teóricos socialistas de la nueva Constitución, a la hora de debilitar el derecho de propiedad y para hacerla expropiable, es la eléctrica Enel, actualmente controlada por capitales italianos. Pero su CEO, Francisco Starace, ha dicho que el proceso de cambiar la Constitución es “extremadamente positivo para la sociedad chilena” y que la actual Constitución “la escribió la gente de Pinochet y debía cambiar”. Nadie le ha informado que la Constitución ahora está firmada por Lagos. Starace hace recordar la frase de Lenin, cuando decía que los capitalistas le iba a vender a la revolución la soga con que los iban a ahorcar.
Más aún, dos tercios de los diputados de centroderecha son favorables a esa nueva Constitución, según informó “El Mercurio”. Los desbordes de Desbordes y los aportes de los hermanos Ossandón hacen preguntarse quién quedará en la centroderecha para apagar la luz. 


A todo esto, hordas juveniles han invadido los malls de los barrios acomodados como La Dehesa, el Parque Arauco y el Paseo Los Dominicos. Con extintores en mano recorrieron los pasillos, mientras las tiendas bajaban apresuradamente las cortinas. No hubo saqueos ni incendios, aunque sí malos tratos. Fue una primera visita de inspección.


Y la CUT y la ANEF llamaron a paro general, haciendo su aporte a la crisis de ingobernabilidad. Pero el país ya parece acostumbrado a no funcionar. Con servicios públicos, profesores y hospitalarios en huelga, se completará un trimestre de contracción económica. Mientras tanto, se está  acordando trabajar menos horas y aumentar el ingreso mínimo y la pensión mínima a más de 500 mil pesos. Parece que todavía nadie les ha dicho a los chilenos que tendrán que pagar la cuenta.

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