Pablo Longueira, en su reciente irrupción política, señaló que el proceso que le afecta es debido a la persecución de la abogada comunista del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horwitz. Pero ésta ha desmentido ser comunista y ha recibido el apoyo y desagravio de abogados de su misma tendencia, que la respaldan.

A raíz de eso la senadora UDI Jacqueline Van Rysselberghe, en carta a “El Mercurio” del 6 de septiembre, ha recordado que “…el 21 de octubre pasado, tras el estallido de violencia donde se cometieron gravísimos actos delictuales y daños a bienes públicos y privados –acontecimientos en los cuales al Consejo le correspondía intervenir—la señora Horwitz tuiteó: ‘La táctica de la derecha será ahora promover el desabastecimiento para que cunda la desesperación y se adopten más medidas de fuerza, pero sólo ocurre en barrios medios o pobres, porque arriba en la cordillera no hay problema… está claro contra quién es la guerra de Piñera’”.

Al menos tiene identidad de postura con los comunistas, con quienes también ha coincidido en la persecución contra el ex Presidente Pinochet. Pues cuando hace dos años se sobreseyó la última causa que mantenía abierto el caso Riggs, contra oficiales que fueron sus secretarios-ayudantes como comandante en jefe, la prensa informó que la abogada y diputada comunista Carmen Hertz se movilizó para aprovechar los últimos días de permanencia en el Poder Judicial del ministro izquierdista Milton Juica y conseguir que la sala penal de la Corte Suprema admitiera a tramitación recursos de casación interpuestos por ella y María Inés Horwitz para mantener abierta dicha causa.

Ello dio pábulo a que la entonces presidente del CDE, de la misma tendencia política, María Eugenia Manaud, denunciara en “El Mercurio” una supuesta malversación de caudales públicos por Pinochet.

En mi obra “Historia de la Revolución Militar Chilena 1973-1990”, destiné un apéndice a probar que Pinochet fue mucho más delicado que sus sucesores, Aylwin et al, en el manejo de gastos reservados. Pues un examen riguroso de las cuentas durante su gobierno, hecho por un director socialista de Impuestos Internos, le comprobó no haber justificado el uso de 540 mil dólares durante toda su gestión de 16 años y medio (“La Tercera”, 18 de octubre de 2005, p. 3), en circunstancias que después de 1990 los gobernantes de la Concertación “se llevaban para la casa” sobres con billetes de gastos reservados por más de 540 mil dólares CADA DOS MESES. Eso quedó judicialmente acreditado ante un tribunal que me citó especialmente a fundamentar por qué yo lo afirmaba.

En las primeras tres ediciones de mi referida “Historia…” se concluía que todas las causas abiertas con motivo de cuentas en el Riggs habían sido sobreseídas. Después de publicada, sobrevinieron los recursos de las abogadas Hertz y Horwitz, así es que en la cuarta edición, (en preparación) debí agregar una nota al pie:

“Después de la publicación de la primera edición de este libro la diputada comunista Carmen Hertz, en concierto con la abogada del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horwitz, presentaron sendos recursos de casación ante la Corte Suprema, aprovechando el último día que integraba su Sala Penal el ministro jubilado Milton Juica. Así, contando con el voto de éste, anularon el sobreseimiento del “caso Riggs” y obtuvieron su prolongación y la incautación de propiedades por valor de US$1.696.000 de la familia Pinochet, renovando la persecución contra los oficiales secretarios ayudantes del ex Comandante en Jefe, con excepción de dos, Guillermo Garín y Gustavo Collao, que permanecieron sobreseídos porque habían conservado los papeles de sus respectivas gestiones, de los cuales consta, sugerentemente, que en ellas no hubo mal uso de gastos reservados. Es decir, está probado que Pinochet no abusó de éstos en esos dos períodos. El caso sólo se mantiene abierto respecto de los demás oficiales, sobre la base de meras presunciones y pasando por sobre la prescripción.”

En todo caso, el politizado desempeño post 1990 del Consejo de Defensa del Estado sufrió un traspié: demandó en los Estados Unidos al Banco do Espirito Santo de Florida por haber recibido un depósito de Augusto Pinochet que, sostenía, provenía de la sustracción ilícita de caudales públicos. El citado banco envió un abogado a Chile, con quien me cupo reunirme, y éste comprobó acá la falsedad de la acusación y, llevándose las pruebas a los EE. UU., ganó allá el juicio iniciado con gran publicidad negativa por el Consejo de Defensa del Estado y acreditó que los fondos eran de origen lícito.

Por supuesto, esa derrota judicial del CDE no fue informada por la misma prensa que había dado gran cabida y con caracteres de escándalo a la denuncia de supuesta ilicitud del depósito en el Banco do Espirito Santo.

En cuanto a la defensa del Estado por parte del Consejo, en los juicios iniciados por la guerrilla izquierdista o sus sucesores, ha sido casi nula. La subsecretaria de Justicia, Lorena Recabarren, cuantificó el año pasado en US$ 6 mil millones de dólares las indemnizaciones ya obtenidas, en centenares de juicios ilegales, por los extremistas de izquierda, gracias a la prevaricación que, pasando por sobre la cosa juzgada, la amnistía, la prescripción, la verdad de los hechos, la presunción de inocencia y el principio pro reo, han condenado al Estado a pagar cuantiosas sumas que legalmente no le correspondía solventar. Frente a eso, cero “Defensa del Estado”. Se reserva anualmente en el presupuesto un ítem de US$ 400 millones para seguir indemnizando a la extrema izquierda, a veces con caracteres de escándalo, como recientemente, cuando se ha condenado como autor de numerosos “homicidios calificados” a un general que, en 1973 y  formando parte de un Consejo de Guerra legalmente establecido, condenó a muerte al grupo guerrillero encabezado por el Comandante Pepe.

Si el CDE hubiera defendido realmente, como era su deber, al Estado de Chile y la recta aplicación del derecho, el fisco no habría debido pagar enormes sumas a la guerrilla extremista.

Cabe esperar que al cese del actual período de “parlamentarismo de facto”, es decir, al margen del derecho, que ha descrito el senador PPD Quintana con tanta candidez, una labor fundamental de un nuevo gobierno legalista y portaliano sea el juzgamiento, por abandono de sus deberes, de abogados y abogadas del Consejo de Defensa del Estado que han dejado pasar impunes las enormes exacciones sufridas por el fisco a raíz de la prevaricación de los jueces de izquierda.

 

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